La Fiscalía de Valencia ha informado de manera favorable a que la justicia abra una investigación que analice si existe responsabilidad penal del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y otros responsables de su gabinete –como la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas– en la gestión de la DANA que provocó la muerte de 223 personas y por la que todavía permanecen 3 desaparecidos.
El escrito, adelantado por el diario El País, explica que los denunciantes han actuado al considerar que el Consell no adoptó "algunas decisiones que, a su parecer, hubiesen evitado o mitigado el fatal resultado por el número de fallecidos” y reconoce una “genérica relación causa/efecto con una atribución de responsabilidad criminal de naturaleza objetiva, que se verifica en exclusiva atención al resultado, al margen de la concreta intervención de los denunciados que, a día de hoy, no consta singularizada”.
El Ministerio Público recoge en ese informe favorable a la apertura de la investigación que, según los denunciantes, las autoridades “ajenos a los escenarios de alertas y mensajes que se estaban emitiendo por distintos organismos, omitieron el dictado de resoluciones y de decisiones que eran de su competencia, y de ese modo no evitaron o, cuanto menos, no redujeron, la entidad de la catástrofe acaecida”.
Diligencias en instrucción
En su escrito, la Fiscalía considera que las diligencias para la investigación deben arrancar en un Juzgado de Instrucción. De esta forma, deriva en esa práctica de pruebas en la fase de instrucción la responsabilidad de que enviar una exposición razonada al TSJ valenciano en el caso de que se registren indicios razonables contra Mazón u otros aforados.
Todo apunta a que la presidenta del Alto Tribunal valenciano, Pilar de la Oliva, se inclina por seguir las recomendaciones del Minisrterio Público y dar traslado de las denuncias a los Juzgados de Instrucción para su reparto posterior.
Esta decisión afectaría de lleno a la exconsellera, Salomé Pradas, quien ya ha perdido su condición de aforada y podría ser reclamada en esta fase de instrucción por parte del juzgado en el que recaiga la denuncia.
Unión de las causas
Este informe de la Fiscalía llega como consecuencia de la decisión el pasado viernes de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de acumular en la misma causa las siete denuncias y querellas interpuestas contra el presidente de la Generalitat Valenciana por la gestión de la Dana porque tratan "sobre los mismos hechos".
La providencia dio traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que en el plazo de dos días emitiera informe acerca de la competencia del Alto Tribunal valenciano y la admisión o inadmisión de los escritos remitidos por las partes, cuestión que ha formalizado hoy.
Sin prejuzgar nada
Las fuentes consultadas por este medio en la Generalitat Valenciana afirman a la vista del escrito de la Fiscalía que el Ministerio Público "ni atribuye ni señala ninguna conducta concreta" contra Carlos Mazón, y por eso pide que la causa "la instruya un juzgado ordinario y no el TSJCV", que es el único competente para juzgar al presidente dada su condición de aforado.
