La declaración de Joaquín Barceló en la Audiencia Provincia del Valencia ha situado a Eduardo Zaplana como beneficiario de las mordidas en las adjudicaciones de las ITV y los parques eólicos que se analiza en el juicio del denominado Caso Erial.
Barceló ha llegado a una conformidad con el Ministerio Público y, a preguntas del fiscal, ha confesado sobre Zaplana que "era su testaferro. Me pidió que me encargase de su dinero porque él estaba en política y lo hice. Me lo pidió como favor y al principio lo ví lícito".
La amistad que une Barceló y Zaplana se remonta a hace 50 años. "Nos conocimos desde muy jóvenes, de los mismos círculos de salir, de ser muy amigos. Hemos seguido siendo íntimos amigos", ha explicado Barceló.
Me dijeron que era de Zaplana y de la familia, que no tributaba pero que era todo normal. A mí me tenían para firmar todos los documentos que me ponían delanteJoaquín Barceló
El acusado ha reconocido que "sólo firmaba papeles" que no llegó a leer y que aparecía en distintas sociedades porque así se lo pidieron, aunque su función dentro de la presunta trama de blanqueo se limitó a la firma de documentos.
"Me dijeron que era de Zaplana y de la familia, que no tributaba pero que era todo normal. A mí me tenían para firmar todos los documentos que me ponían delante", ha proseguido Barceló.
Dificultades para Zaplana
Esta confesión dificulta la defensa de Zaplana quien ayer tuvo que contestar al fiscal sin saber cuál sería la declaración hoy de Barceló. Los hermanos Cotino (Vicente y José) y Juan Francisco García son los otros acusados que más podrían poner en apuros al expresidente de la Generalitat Valenciana, ya que (como Barceló) habrían llegado a una conformidad con el fiscal.
La declaración de Barceló entra en contradicción con lo expuesto ayer por Zaplana quien aseguró que conocía a Barceló desde la niñez pero negó conocer el entramado de empresas, el dinero en el extranjero y la trama de blanqueo de capitales para retornarlos a España.
Mientras Zaplana explicaba ayer irónicamente que "aquí se habla de Barceló y de Belhot –Fernando Belhot es un abogado uruguayo que actuó como supuesto testaferro de Zaplana en el manejo de sus fondos e inversiones– pero no de mis empresas, mis cuentas y mi patrimonio" y mantenía que "nunca jamás he tenido dinero en el extranjero"; Barceló hoy ha reconocido que todo el dinero de las cuentas de Luxemburgo y Andorra "eran de Zaplana".
20,6 millones de euros
Hay que recordar que la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia decidió abrir juicio oral contra Eduardo Zaplana y otras catorce personas (entre las que también se encuentra el expresidente autonómico valenciano José Luis Olivas) por el cobro de comisiones a cambio de las adjudicaciones realizadas para empresas de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y otras al amparo del Plan Eólico que se cifra en 20,6 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción pide en su escrito de calificación un total de 19 años de prisión para el expresidente Eduardo Zaplana por ocultar en el extranjero dinero procedente del, presuntamente irregular, cobro de comisiones a cambio de pactar adjudicaciones desde la Administración autonómica. Además le pide una multa de 40 millones de euros.
El caso Erial, como se denomina a este caso, se centra en el presunto desvío del dinero cobrado en las comisiones a cuentas en el extranjero (Luxemburgo, Panamá y Andorra) a través de un entramado de sociedades interpuestas para blanquearlo antes de poder retornarlo a España. Este extremo de la investigación siempre ha sido negado por Zaplana en sus comparecencias ante la magistrada.
14 acusados
En el juicio hay acusadas otras 14 personas, al margen de Zaplana, entre los que destaca el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, a quien la Fiscalía solicita 6 años de cárcel y que está acusado de cobrar una comisión de más de medio millón de euros a través de la empresa Sedeña. Igualmente figuran Vicente y José Cotino (ambos sobrinos del fallecido director general de la Policía, Juan Cotino) para los que el Ministerio Público solicita 14 años de prisión.
Junto a ellos está la persona a la que se considera clave en la actividad financiera de la trama, Joaquín Barceló, al igual que: a ambos les piden 8 años de prisión y 20 millones de euros de multa por organización criminal.
También figuran algunos de los colaboradores más cercanos de Zaplana en su etapa de presidente valenciano como su entonces jefe de gabinete Juan Francisco García (que se enfrenta a 14 años de cárcel) y su secretaria, Mitsouko Florida Henríquez para quien Anticorrupción solicita 8 años de cárcel.
Organización criminal
Entre los acusados que tendrán que defenderse en el juicio también figura la exdiputada autonómica valenciana Elvira Suances considerada una de las más cercanas a Zaplana durante sus años como presidente y que, junto a su hermano Saturnino, se enfrentan a 5 años de prisión.
La Fiscalía también señala a una serie de empresarios que "colaboraron" para ocultar la presunta procedencia delictiva del dinero y ayudaron a Zaplana a que usara el dinero retornado a España para su disfrute personal. Entre ellos están: Francisco Pérez López; Ángel Salas; Robert Edgar Bataouche; Pedro Romero y Carlos Gutiérrez, que se enfrentan a siete años de cárcel el primero y a cinco años de cárcel el resto.
