La reforma de la ley del suelo se debatirá este martes en el pleno del Congreso de los Diputados, nueve meses después de que el Gobierno la retirara por falta de apoyos, aunque, igual que entonces, su tramitación depende de los votos del PP, porque los partidos a la izquierda del PSOE la rechazan. Desde el PP, cuya abstención bastaría para que la reforma iniciara su camino parlamentario, no anticipan el sentido de su voto, aunque recuerdan que han presentado su propia propuesta en el Senado y aseguran que nadie ha hablado con ellos para intentar negociar. El texto cuenta con el aval de los promotores inmobiliarios y responde a la aspiración de ayuntamientos de distinto signo político de que los defectos de forma no puedan paralizar los planes generales de ordenación urbana.
Zancadilla al Gobierno
En el PSOE sostienen que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, sabe la importancia que tiene esta ley para acelerar la construcción de vivienda "asequible" en una situación de emergencia como la actual, pero prefiere no apoyarla para "poner una zancadilla al Gobierno". La semana pasada el PP logró aprobar en el Congreso cinco de las seis medidas de vivienda que considera "urgentes" y dos de ellas -limitar la nulidad de los planes urbanísticos por defectos formales y agilizar los mecanismos para que los informes sectoriales se emitan en el plazo establecido- necesitan esta reforma. Esas dos medidas fueron apoyadas por el PSOE y el PNV, que firman conjuntamente la proposición de ley que se debate el martes y cuyo texto es el mismo que retiró el Ejecutivo hace nueve meses, con algunas modificaciones técnicas y algunos apuntes para dejar claro que las competencias de suelo son, en última instancia, de las comunidades autónomas.
Presión del PNV
Precisamente desde el grupo vasco comenzó hace días la presión sobre el PP para conseguir su voto decisivo: "señorías del PP, esta vez tendrán que posicionarse", subrayó el pasado miércoles en el hemiciclo la diputada del PNV Maribel Vaquero. Los populares tienen además la presión de ayuntamientos y comunidades autónomas donde gobiernan y del sector inmobiliario, que demandan desde hace tiempo esta reforma para reducir trabas burocráticas y agilizar planeamientos urbanísticos. Tras reconocer, hace nueve meses, que compartían esos objetivos, los populares alegaron que la ley planteada por los socialistas era "coja" y "poco ambiciosa".
Aunque no se llegó a votar, porque el Gobierno retiró el proyecto ante el temor a una derrota parlamentaria, el PP no presentó entonces una enmienda a la totalidad, como sí hicieron Podemos, ERC y Junts, los dos últimos por motivos competenciales y Podemos por convicción de que esta reforma ayuda a potenciar la "especulación urbanística".
Sumar, en contra
Por su parte, Sumar también está en desacuerdo y, en su día, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo que favorecía la "especulación" y la "corrupción", pero en este caso su voto no es decisivo. Fuentes de Sumar han dicho a EFE que "lo lógico" sería que votaran en contra, porque "no resuelve el problema del derecho a la vivienda, ni responde al contexto climático". No obstante, lo que se vota el martes es la "toma en consideración" de la iniciativa, es decir, si se da permiso para que ésta inicie su tramitación, durante la cual es posible una negociación del texto a través de enmiendas entre los grupos parlamentarios.
Seguridad jurídica y agilidad en la construcción
El Ministerio de Vivienda defiende que modificar la ley del suelo es imprescindible para ampliar la oferta de vivienda asequible y dotar de seguridad jurídica a las entidades locales. Éstas se enfrentan, desde hace más de 40 años, a los problemas que genera la paralización de los planeamientos urbanísticos por defectos menores que se pueden subsanar fácilmente. Para resolver esto, el texto diferencia entre los fallos formales que tienen suficiente relevancia como para determinar la nulidad de todo o parte del instrumento de ordenación, y los que se pueden subsanar para evitar anulaciones desproporcionadas.
En esa línea, fija un plazo máximo de cuatro años para impugnaciones por motivos formales no sustanciales. La reforma de la ley del suelo que se discute este martes también pretende agilizar la construcción de vivienda pública con medidas como la eliminación del silencio negativo para la concesión de licencias y el encaje de fórmulas alternativas a la licencia. Asimismo recoge medidas para acelerar los procedimientos asociados a la rehabilitación de edificios, permite cancelar el derecho de reversión en algunos supuestos de expropiaciones y regula la forma de calcular la indemnización a las empresas cuando se impida la promoción de nuevos desarrollos o se cambien las condiciones de los proyectos.
También da un plazo de un año al Ministerio de Vivienda para crear una plataforma telemática que sirva para agilizar la emisión de los informes sectoriales necesarios para elaborar los planes generales de urbanismo
