La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial inicia hoy su andadura en el Consejo de Ministros, que conocerá un informe de la comisión de expertos creada hace cuatro meses para abordar, entre otras cuestiones, el nuevo organigrama así como la modificación del sistema de elección de los jueces del CGPJ, órgano hoy en la picota tras la dimisión de su último presidente, Carlos Dívar, y bajo sospecha por la falta de control de gasto generalizado de todos sus miembros. Los cambios que pretende introducir el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, buscan un Consejo adelgazado, formado por una dirección permanente de cinco miembros y otros quince juristas sin dedicación exclusiva que sólo acudirían a los plenos desde sus respectivos juzgados y, por tanto, sólo cobrarán por su asistencia a dichas convocatorias.
Se trata, sin duda, de un cambio de gran calado para aligerar un órgano que ha sido continuamente escenario de escaramuzas políticas, pero no sólo. Porque las asociaciones de jueces también han intervenido en la vida interna de este órgano de gobierno y disciplinario de los magistrados, por lo que no sólo se tenían que buscar equilibrios partidarios sino también asociativos entre los mayoritarios, esto es, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM); la progresista Jueces para la Democracia, y la "centrista" Francisco de Vitoria. Este sistema ha dejado sistemáticamente fuera a los no adscritos, situación que también se pretende solventar cambiando el modelo de elección.
Justicia quiere que sean los jueces, mediante sufragio, los que elijan directamente a doce de sus veinte miembros. Queda por perfilar si será en listas abiertas o candidaturas cerradas, aunque quizá hoy lo aclare el ministro tras la reunión del gabinete ministerial. Los ocho miembros restantes serán elegidos por el Parlamento, de modo que no se pierde el componente "político" pero deja de ser el mayoritario. Ruiz-Gallardón ha venido aduciendo que el actual sistema de elección "es perverso" porque todo ha acabado reducido a un mero reparto de cuotas, aunque para los socialistas supone volver al antiguo "régimen" que convirtió al CGPJ en una especie de "contrapoder".
Esta reforma constituye uno de los grandes proyectos del Departamento de Ruiz-Gallardón junto con la de la Ley del Aborto. Tras los últimos acontecimientos acaecidos en torno a Carlos Dívar, cuya dimisión intentó parar el Ejecutivo, desde Justicia admiten que dan por "amortizado" al actual Consejo, lo que supone una "retirada" táctica a la espera de la reforma, que se plasmará en breve en un anteproyecto de Ley. La comisión de expertos creada por Justicia el pasado 14 de marzo también tiene sobre la mesa la reforma de la Ley de Demarcación y Planta.
Pleno, el próximo martes
Sin embargo, los actuales 20 vocales del Consejo se resisten a ser arrumbados antes del fin de su mandato, dentro de quince meses. De hecho, desde antes de que el pasado fin de semana se formalizara la salida de su polémico presidente, el CGPJ se vive en su seno una guerra de guerrillas para encontrar un sustituto a Dívar propiciada por el fraccionamiento en multitud de grupúsculos de sus miembros. La próxima escaramuza se producirá, precisamente, el próximo martes, cuando se celebre un pleno extraordinario convocado a instancias de los vocales 'indignados' Margarita Robles, Félix Azón e Inmaculada Montalbán en cuyo orden del día se encuentra la búsqueda de un nuevo presidente. Un movimiento que, como reconocen en privado, intenta hacer frente a la ofensiva que contra la institución prepara Justicia con su reforma.
En el Consejo, donde ni mucho menos todas las propuestas del Ministerio se ven con malos ojos -la diferenciación entre unos miembros permanente y con exclusividad, y otros a tiempo parcial es apoyada-, se interpretan las actuales prisas de Justicia como una "venganza" por dejar caer a Dívar. De hecho, varios vocales consultados no dudan en señalar al secretario de Estado, Fernando Román, como el gran muñidor de esta maniobra. "Román estuvo en el Consejo como letrado y salió por la puerta de atrás en su día, y eso no se lo perdona a la institución", aseguraba ayer a este diario un miembro de la misma. Román, que fue el hombre de confianza de Dívar en el Supremo hasta que fue reclamado por Gallardón, fue el que intentó que la APM forzara a sus vocales a apoyar a éste en la reunión en la que terminó dimitiendo.
