Los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF han censurado este jueves el "buenismo" del Ministerio del Interior al progresar al tercer grado al detenido por matar a un niño de nueve años en Lardero, en La Rioja, un preso con antecedentes por homicidio y agresión sexual que quedó en semilibertad en contra del criterio mayoritario de la junta de tratamiento. En este sentido, reclaman autocrítica al entender que este crimen es "el fracaso de la institución penitenciaria".
"Los profesionales de la cárcel de El Dueso, que lo conocían desde hace 20 años, sabían que no estaba preparado para vivir en libertad y veían riesgo de incidencia", han señalado ambos sindicatos en una rueda de prensa donde han censurado que Instituciones Penitenciarias bajo la dirección del ministro Fernando Grande-Marlaska y Ángel Luis Ortiz va a la "deriva" porque lo que se prioriza es "maquillar la estadística".
En este sentido, José Ramón López, presidente de ACAIP-UGT, ha censurado las "diferentes justificaciones" de Interior sobre la libertad condicional de Francisco Javier Almeida, ya que considera que en los 18 meses hasta su detención no existió un "seguimiento directo y continuado", entre otras cosas por la inexistente figura del agente de la libertad condicional con un estatus específico y regulado.
Tras expresar su solidaridad con la familia del pequeño Álex, los representantes sindicales han pedido a Interior "cierto grado de autocrítica", algo de lo que, dicen, "adolecen totalmente". La muerte de este niño de nueve años de Lardero es para ellos "el fracaso de la institución penitenciaria".
Seis técnicos contra tres
Estos dos sindicatos han denunciado que la prioridad ahora "no es garantizar la seguridad y la reinserción de los internos", citando el crimen de Lardero pero también otras agresiones recientes como la de una profesora del centro penitenciario de Jaén que sufrió un intento de agresión sexual por parte de un interno o las heridas en el cuello con un cristal que estuvo "a punto de llevarse por delante la vida" del jefe de servicios en Cuenca.
Sobre el crimen de Lardero se han detenido en que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias resolviera en febrero de 2020 desde Madrid "en tres líneas y sin una sola razón" a favor del tercer grado, previo a la libertad condicional aprobada por el juez de vigilancia penitenciaria dos meses después.
Aunque han reconocido que no conocen el documento de la junta de tratamiento de El Dueso, sí han expuesto que tienen constancia por compañeros de prisiones de que seis técnicos se posicionaron en contra del tercer grado, frente a tres que sí lo apoyaron dentro de este órgano colegiado.
"La Administración lo despacha con tres líneas, sin dar ni una razón", ha expuesto José Ramón López en la comparecencia junto a Jorge Vilas, de CSIF. Entiende que fue la unidad de clasificación desde Madrid quien resolvió en contra de la opinión mayoritaria de la cárcel, usando para ello un "documento tipo" habitual para un preso condenado por delitos comunes, pero no en un "caso tan complicado" como el de Lardero.
Para los sindicatos se ha obviado que los primeros permisos de Almeida fueron acompañados, del total de 39 que tuvo antes de la libertad condicional, momento en el que funcionarios de prisiones participaron en 16 intervenciones para comprobar la buena conducta, según fuentes penitenciarias. Los sindicatos rebajan este seguimiento a "ciertos controles" primando las entrevistas telefónicas.
Las organizaciones -que consideran idónea para Almeida la cárcel segoviana de Torredondo, si se aprueba su traslado desde Logroño- insisten en que desde la junta de tratamiento se sabía que el perfil de este preso responde al del agresor sexual que tiene buena conducta en prisión y muestra deseo de reinserción en la búsqueda de trabajo, aunque otros elementos "inviten a pensar que no era todavía el momento" de dejarlo en libertad por el riesgo de reincidencia.
El crimen del niño de nueve años en Lardero ha generado una fuerte conmoción porque el autor es un exconvicto condenado a 30 años por el 'crimen de la inmobiliaria', cuando mató a una mujer agente de una empresa con la que previamente quedó para ver una vivienda. Además, fue condenado a otros siete años por un agresión sexual ocurrida con anterioridad, en 1993. Antes de su libertad condicional había cumplido una condena acumulada de 25 años, que extinguía por completo en 2023.
Plus de productividad
También han criticado la orden de 2020 sobre pluses de productividad, cambiando sin transparencia el consenso que hubo con gobiernos de PSOE y PP desde el año 2000. Critican en concreto que se premie las progresiones al tercer grado -en la primera clasificación para condenados a menos de un año y con unanimidad de la junta de tratamiento- y que no se tenga en cuenta otras cuestiones como evasiones o el quebrantamiento de permisos.
"Estamos en el mundo de la estadística y el buenismo, hay que ser mucho más serio y riguroso", han exigido ACAIP-UGT y CSIF, insistiendo en la idea de que ahora "no se hace caso a los profesionales penitenciarios". "Es indiferente que los resultados sean positivos, lo importante es que crezca la estadística, así no se puede trabajar en la institución penitenciaria", se han quejado.
Los sindicatos han reiterado su petición de dimisión de Ángel Luis Ortiz como secretario general de Instituciones Penitenciarias, algo que ya expusieron el 23 de septiembre al presentar la declaración de conflicto colectivo por los incumplidos en la aprobación de una ley de cuerpos de prisiones, en el reconocimiento de agentes de autoridad que eviten la media de una agresión cada 36 horas o el "déficit brutal" de plantilla y medios.
