La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudia si abrir unas diligencias de investigación para esclarecer si los 44 candidatos etarras que concurren a las elecciones municipales en las listas de EH Bildu cumplen los requisitos que marca la Ley. El Ministerio Público actúa a tenor de la denuncia presentada por la asociación Dignidad y Justicia, la cual ha solicitado que que se indague si tienen penas de inhabilitación sin cumplir que les imposibilite concurrir a los comicios.

La Fiscalía precisa en una nota de prensa que una vez recibida la denuncia se ha procedido a su registro en aplicación de lo dispuesto en la Circular 2/2022, de 20 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado. "Tras su análisis se tomará la decisión que proceda respecto a la apertura o no de diligencias de investigación preprocesales", determinan.

La asociación que preside Daniel Portero interpuso la denuncia este mismo jueves en la que identifica a los 44 candidatos condenados por delito de pertenencia o colaboración con organización terrorista y detalla que siete de ellos fueron condenados por asesinato terrorista. Al respecto determina que sus condenas incluían, además de elevadas penas de prisión, inhabilitaciones para ejercer cargo público que todavía podrían seguir vigentes.

La inhabilitación de los candidatos

"Cabe la posibilidad de que alguno de los mismos la tenga pendiente de cumplimiento y pueda concurrir una causa de inelegibilidad del artículo 6.2 LOREG, así como podría darse la comisión de un delito de quebrantamiento de condena", recoge el documento al que ha tenido acceso este medio. El artículo que mencionan de la ley que regula el régimen electoral general precisa que son inelegibles los condenados por delitos de terrorismo por sentencia, aunque no sea firme, cuando haya establecido pena de inhabilitación.

"Ya existen precedentes en los que esta Asociación ha denunciado hechos esencialmente idénticos en los que se ha podido acreditar que sujetos condenados por delitos de terrorismo han concurrido a unos comicios a pesar de no tener cumplida la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público", reza la denuncia, que pone como ejemplo el caso de Iker Casanova. Se trata de un etarra también excarcelado que lidera las listas de Bildu a las Juntas Generales de Vizcaya.

Concurren como candidatos en los propios municipios en los que cometieron los asesinatos y viven sus víctimas, con la consiguiente humillación y vilipendio que causa a las víctimas del terrorismoDignidad y Justicia

La asociación pide a la Fiscalía que actúe con celeridad teniendo en cuenta no solo la proximidad de la fecha electoral, sino el hecho de que algunos de estos candidatos concurren en los municipios en los que cometieron los asesinatos y en los que viven a día de hoy sus víctimas. Al hilo sostiene que la formación independentista vasca también estaría incumpliendo la Ley Orgánica 6/2022 de Partidos Políticos al incluir como candidatos a personas condenadas por terrorismo. La asociación sostiene que ello sería óbice para acordar su ilegalización.

El asunto que ahora aborda la Fiscalía de la Audiencia Nacional lo dio a conocer Covite el pasado martes, cuando desveló que 44 personas que integran las listas de EH Bildu en el País Vasco y en Navarra a las elecciones del 28 de mayo estuvieron condenados en el pasado por pertenencia y colaboración con ETA. El Colectivo de Víctimas del terrorismo denunció que era "especialmente grave" y "un peligro para la democracia" que personas con un historial criminal se presentaran a las elecciones para ejercer un cargo público.

"Ninguna democracia digna, ningún Estado de Derecho consciente del significado de sus víctimas del terrorismo permitiría que las puertas giratorias de los terroristas fuesen la política. Que estas personas puedan llegar a ocupar cargos públicos, como si no hubiesen supuesto una gravísima amenaza a la democracia en el pasado, es preocupante y decepcionante”, denunció entonces Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE.

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