La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a suavizar las medidas cautelares que se le impusieron a José Luis Moreno tras su detención en el marco del caso Titella. El Ministerio Público ha declinado la pretensión del humorista que solicitó comparecencias quincenales en el juzgado en el mes de agosto, en sustitución de las semanales impuestas por el magistrado Ismael Moreno tras su pase a disposición judicial el pasado 1 de julio.
Según confirman fuentes de la investigación a Vozpópuli, el Ministerio Público ha respondido de manera negativa a su pretensión, razonando que no puede ampararse en que la rebaja se solicita en periodo estival. Cabe recordar que tras su primer encuentro ante el juez, la Fiscalía solicitó su libertad provisional sujeta a las comparecencias ante el juzgado, además de retirada del pasaporte y prohibición de salir de España. A todo ello, el instructor de esta causa acordó una fianza de 3 millones de euros que le permitió abonar mediante aval hipotecario.
Los investigadores, que ahora están centrados en el análisis de todo el material incautado en los cerca de 60 registros practicados a finales de junio, mantienen el foco puesto en Moreno por su papel protagonista en la parte de esta red internacional dedicada a la estafa bancaria y a los inversores privados. Aunque el humorista se acogió a su derecho a no declarar en su primera cita ante el magistrado Moreno, en posteriores escritos remitidos al Juzgado Central de Instrucción número 2 ha apelado a su inocencia, así como a que sus proyectos audiovisuales eran una realidad.
Sin embargo, en sus recientes informes incorporados a la causa y recogidos por este diario, la Guardia Civil sostiene que se trata de una "organización criminal" dedicada también al blanqueo de capitales en el extranjero. Añaden que se apoyó en una maraña de sociedades pantalla (hasta 130 según la Policía Judicial) y a cuyo frente se encontraría el productor, con el único fin de conseguir financiación para poder continuar con el elevado tren de vida que llevaba hasta su detención.
Al respecto, los agentes no solo detallan el presunto fraude bancario que se impulsó mediante la petición de préstamos, pagarés y hasta créditos ICO, sino también estafas a inversores privados como el argentino Alejandro Roemmers, de quien obtuvo 35 millones de euros bajo el pretexto de una producción cinematográfica. Tanto es así que se le acusa de haberse quedado con 16 millones del total aportado por el productor argentino y que habría desviado a través de sus sociedades.
Incluso el propio humorista habría reconocido una capacidad económica de 23 millones de euros, de acuerdo con un auto del pasado 8 de julio en el que el magistrado ya adelantaba que los indicios contra el humorista se apuntalaron a tenor de las declaraciones efectuadas en sede policial por algunos de los 46 detenidos en la operación Titella. Entre ellos destaca Antonio Luis Aguilera, considerado como uno de los cabecillas de la red. Aguilera, sobre quien pesa una condena de la Audiencia Provincial de Barcelona también por estafa bancaria, accedió a declarar tanto en dependencias policiales como judiciales.
Actuaciones en Suiza desde 2006
Este hombre clave de la trama -que se encargó, por un lado, de conseguir los créditos bancarios y, por otro, de gestionar la parte dedicada al blanqueo de capitales-, confirmó la dinámica de obtención de información recalcando que la actividad de la red cesó cuando fue detenido para ingresar en prisión por sus cuentas pendientes con la Justicia. Según expuso, Moreno se quedó con todo el dinero obtenido mediante esta vía de financiación que contó con la connivencia de algunos directivos de las sucursales a las que acudieron.
Al hilo explicó también que el productor de televisión era perfecto conocedor de que las vías de financiación que se obtenían eran ilegales puesto que nunca devolvieron los créditos concedidos y que, además, participó activamente en la dinámica manteniendo reuniones en las sucursales para vender las bondades de sus proyectos. Un extremo que ya confirmó la Guardia Civil en 2018, cuando las mismas pesquisas se seguían en una causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid.
Del mismo modo, Aguilera -a quien también se le atribuye el uso de una mula para transportar el dinero en efectivo- precisó ante la Policía Judicial que tenía trato con algunos de los integrantes de esta red desde hace 15 años. Es el caso de Raúl Pontvianne, administrador de algunas de las firmas del entramado e implicado también en la trama de estafa bancaria. De él dijo que le conoció en el año 2006 y que ambos mantuvieron un negocio para traer el dinero que Pontvianne acumulaba en Suiza. Al respecto apuntó que perdió un millón de euros con este asunto.
Los sobornos en los bancos
Con todo, la trama estaba integrada también por abogados, asesores fiscales, economistas, un notario (que cobraba del clan 10.000 euros mensuales), un gran número de testaferros y directivos de banca, algunos de los cuáles intentaron salirse del circuito poco antes de la desarticulación de la trama. De acuerdo con las pesquisas policiales, en muchos casos se les obsequiaba con dádivas y regalos para conseguir la liquidez pese a que no cumplían con los requisitos. En otros, fueron mucho más generosos.
Es el caso del directivo de una de las sucursales del Santander en Madrid. El implicado no solo se saltó las normas internas con la concesión de los préstamos sino que participó en la confección de documentación contable e ingresó dinero en efectivo que le suministraba Aguilera. A cambio, logró que se le traspasara un millón de euros de la trama a un fondo de pensiones de su madre. Las escuchas telefónicas autorizadas por el magistrado permitieron en gran medida acotar los integrantes de la red y desarticularla en el operativo impulsado a finales de junio.
