La Fiscalía ha rechazado reabrir el caso del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González "al no existir indicios suficientes que apoyen la presunta la comisión de delito por parte de los imputados Ignacio González, Lourdes Cavero y Enrique Cerezo, pese a la larga y prolija instrucción llevada a cabo", según consta en un escrito del fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, dirigido al Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga.
En el escrito, de 27 de agosto, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, el fiscal no deja ningún resquicio para reabrir el procedimiento sobre el alquiler y la posterior compra por un valor de 750.000 euros del dúplex: "Con independencia de que las circunstancias que rodean ambas operaciones comerciales puedan resultar llamativas, lo cierto es que tanto el previo alquiler de los inmuebles como su posterior adquisición por dicho matrimonio han sido atendidos con fondos de su propiedad, sobre los que no existe el menor indicio de que sea dinero opaco en su origen".
El fiscal llega a esta conclusión aludiendo a sendos informes de la Agencia Tributaria y de la Policía en los que se considera acreditado que Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero utilizaron para comprar el inmueble dinero "no sospechoso".
Origen de los fondos
López Caballero también considera improcedente reactivar las comisiones rogatorias sobre las empresas del caso, tal y como ha reclamado la acusación popular de los extrabajadores de Telemadrid despedidos en el ERE, ya que "poco o nada han aportado a la investigación de los hechos, no habiéndose podido conocer el origen de los fondos utilizados por la entidad Coast Investors para la adquisición de los inmuebles, ni tampoco el destino del dinero obtenido con la venta de los mismos al matrimonio Cavero-González".
"Como se señala en el Auto" recurrido, completa el fiscal, "tales diligencias resultan improcedentes al haberse agotado los plazos máximos de instrucción en esta causa, a tenor de lo dispuesto en le artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Sin embargo, por la falta de información de las comisiones rogatorias, el fiscal reconoce que "se ignora como pudo financiar la entidad Coast Investors la compra de los inmuebles" al empresario vasco afincado en Asturias Pedro Villate.
El cambio legal que limita temporalmente las investigaciones judiciales fue promovido por el exministro del PP Rafael Catalá, que tras abandonar la política pasó a trabajar a una fundación auspiciada por el presidente del Atlético de Madrid, que fue imputado en el caso del ático.
Enrique Cerezo
El representante del ministerio público hace después un extenso relato en su escrito sobre las empresas implicadas en las operaciones del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid. Y en concreto cita al ciudadano mexicano que compró a nombre de la empresa Coast Investors el inmueble, Rudy Valner, quien también trabajó para la empresa Videomercury del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y que después se lo vendió a González y su mujer.
"Atendiendo al testimonio prestado por Rudy Valner, a través de comisión rogatoria internacional al efecto, se identifica al beneficiario último de la entidad Coast Investors, quien resulta ser Luis Osvaldo Repetto, del que dice que es quien financió la compra. Dicho señor es un empresario argentino, productor de cine, del que se ignora su actividad comercial y empresarial en España. No hay constancia de que el señor Repetto visitara, con carácter previo a su adquisición, los inmuebles objeto de las presentes diligencias, ni tampoco que lo hiciera a través de otra persona", destaca el fiscal López Caballero.
Repetto reconoció, según la información publicada por infoLibre, que fue socio de Enrique Cerezo en una producción audiovisual. El ministerio público destaca, en este sentido, que no consta la presunta vinculación de este empresario argentino y de Valner "con alguna actividad delictiva de contenido económico cometida en España".
