El Gobierno vasco de PNV y PSE tiene planes para los presos de ETA. En el acuerdo suscrito por ambos partidos para sustentar al Gobierno dirigido por Íñigo Urkullu aparece un compromiso claro para reclamar al Ejecutivo de Pedro Sánchez un cambio de la política penitenciaria que incluya el "traslado de las personas presas a prisiones cercanas a su entorno familiar", así como "la transferencia de la gestión de centros penitenciarios a la CAPV".
En los últimos días el tema de los presos de ETA ha vuelto a la primera página de la actualidad a raíz del suicidio en prisión del etarra Igor González; un suceso que el presidente del Gobierno dijo "lamentar profundamente". El pacto que sustenta al Ejecutivo vasco, firmado en los últimos días de agosto y presentado de forma íntegra el 3 de septiembre, día de la investidura del lehendakari, ya abordaba este complejo asunto.
Más en concreto, el "Acuerdo para la reactivación económica y el empleo desde la defensa de los servicios públicos y las políticas sociales, sobre la base de más y mejor autogobierno" incluye, en el capítulo referido a "Convivencia y Derechos Humanos", tres "compromisos" que suscriben ambas formaciones para esta legislatura. El primero se llama "Defensa de los derechos de las víctimas" y el segundo se refiere a la "Promoción de una memoria crítica del pasado de terrorismo y violencia". El tercero de ellos lleva por título "Política penitenciaria y reinserción".
El pacto de PNV y PSE aboga por una política penitenciaria que "favorezca el acercamiento de las personas presas a prisiones cercanas a su entorno familiar, en los términos orientados por la Constitución y la legalidad penitenciaria"
En ese último es donde los socios de gobierno detallan qué quieren hacer con los reclusos de la banda terrorista. "Nuestro compromiso con una política penitenciaria fundamentada en la promoción activa de los
principios legales de individuación, humanidad, reconocimiento del daño causado y reinserción, una de cuyas consecuencias es el apoyo al traslado de las personas presas a prisiones cercanas a su entorno familiar, en los términos orientados por la Constitución y la legalidad penitenciaria".
Repiten la expresión
En el párrafo siguiente, PSE y PNV remarcan que "este compromiso se canalizará a través del dialogo y la colaboración con el Gobierno español, competente en materia de política penitenciaria" y casi calcan la misma petición anterior. Porque, según exponen, ese diálogo con el Gobierno de Sánchez tiene que servir para que la nueva política penitenciaria "favorezca el acercamiento de las personas presas a prisiones cercanas a su entorno familiar, en los términos orientados por la Constitución y la legalidad penitenciaria".
Asimismo, dentro de este epígrafe los firmantes añaden que "se contemplará la transferencia de la gestión de centros penitenciarios a la CAPV, de conformidad con el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika" y sobre la base de varios acuerdos suscritos en los últimos años. Entre dichos pactos destacan el calendario de transferencias firmado el pasado febrero entre el Gobierno central y el Ejecutivo vasco. En ese documento ya se decía que a finales de 2020 el Estado cederá al País Vasco la gestión de Prisiones.
Ya estaba previsto que el País Vasco asumiera la gestión de Prisiones a finales de 2020, pero con la pandemia tal vez se retrase
El citado calendario de transferencias se firmó antes de que estallase la crisis del coronavirus. Por ello, es probable que las cesiones se materialicen, sí, pero con otros plazos que distan de los firmados en su día. En todo caso, el acuerdo de gobierno de PNV y PSE deja claro que asumir esa competencia de Prisiones sigue entre los planes del Ejecutivo de Urkullu.
Esta semana la política penitenciaria acerca de los presos de ETA ha vuelto a la palestra tras el suicidio en prisión del etarra Igor González. Sánchez dijo "lamentar profundamente" lo sucedido, por lo que recibió fuertes críticas de los partidos de la derecha y de varias asociaciones de víctimas del terrorismo. En ese contexto, la propia vicelehendakari y secretaria general del PSE, Idoia Mendia, habló en términos similares a los de este acuerdo de gobierno, ya que pidió que los reclusos "estén cerca de sus familias y sus entornos".
