La Fiscalía ha propuesto formalmente una reforma legal para modificar las competencias establecidas a la Audiencia Nacional en su creación en 1977. En su memoria anual relativa al ejercicio 2023, el órgano que dirige Álvaro Ortiz, sostiene que debe asumir las causas más complejas contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, además de los delitos contra el medio ambiente.
El Ministerio Público considera que la Audiencia Nacional -que nació principalmente para investigar y enjuiciar asuntos relacionados con el terrorismo de ETA- debe erigirse como un órgano "único y centralizado" para luchar contra las nuevas formas de criminalidad. Entre ellas se encuentra la trata de seres humanos, la delincuencia económica y la cibercriminalidad.
Sin embargo, crecen las voces que piden que la Audiencia Nacional asuma las investigaciones más complejas por delitos de narcotráfico. En ese sentido, la Fiscalía Especial Antidroga apunta a la necesidad de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para centralizar la competencia de los delitos de tráfico de drogas más graves, así como de blanqueo de capitales proveniente de esta actividad.
Sin iniciativas legislativas
Esta Fiscalía que dirige Rosa Ana Morán, expone en la memoria que España es el tercer país en cantidad de entrada de cocaína (tras Bélgica y Países Bajos) y que en 2023 triplicó la cantidad de esta droga incautada. Del mismo modo, es el primer país en Europa en entrada de hachís desde Marruecos y el primer productor de cannabis.
Sin embargo, Fiscalía, juzgados y fuerzas policiales piden más medios para hacer frente a esta lacra, especialmente tras el asesinato en febrero de dos guardias civiles en Barbate. "La Administración de Justicia necesita salir de la situación de sobrecarga, en algunos casos verdadero colapso, para poder abordar la investigación y el enjuiciamiento de estos asuntos de forma ágil y eficaz", reza la memoria.
En ese sentido, se insiste en que la investigación de estas causas tan complejas no la pueden asumir, como ocurre en la actualidad, los juzgados mixtos puesto que no pueden hacer frente a toda la carga laboral y, además, carecen de los medios para dirigir investigaciones tan complicadas. Sirva como ejemplo el partido judicial de Barbate, que a lo largo del año 2022 ingresó un total de 2.300 asuntos siendo 666 de ellos civiles y 1.150 de índole penal.
"La ineficiencia y las dilaciones que experimenta la Administración de Justicia son especialmente visibles y perjudiciales en relación con causas complejas de narcotráfico que requieren instrucciones dilatadas en el tiempo", reza la memoria que le ha entregado este martes el fiscal general al Rey Felipe VI.
La Fiscalía reprocha al Ejecutivo que desde que declararan género prohibido a las narcolanchas en 2018 no ha habido ninguna iniciativa legislativa encaminada a enfrentar esta lacra. En ese sentido se insiste en uno de los principales reclamos de la Fiscalía, que pasa porque se tipifique como delito el transporte y almacenamiento de combustible con el que se abastecen los narcos en alta mar.
La Fiscalía Antidroga pide más medios
Antidroga recuerda las recomendaciones de la Unión Europea en esta materia y celebra que se ha adelantado en algunas de ellas, como por ejemplo, la cooperación internacional. No obstante, lamenta que la plantilla sigue siendo ínfima para todos los asuntos que tienen que abordar. En 2023 se creó una nueva plaza, de manera que son 15 los fiscales adscritos a Antidroga. La cifra, sin embargo, es "notoriamente insuficiente".
En ese sentido, las diligencias de investigación han disminuido en cantidad y han pasado de las 64 del año 2022 a 41 este 2023. Sin embargo, desde el punto de vista cualitativo destacan que las investigaciones han sido de mayor complejidad, lo que se refleja en el número de personas investigadas en ellas: 264 físicas y 8 jurídicas. En consecuencia se interpusieron 17 querellas en la Audiencia Nacional, de las que 14 se refieren a abordajes de embarcaciones con drogas en aguas internacionales.
Del mismo modo, la Fiscalía reclama cambios legales para que la Audiencia Nacional asuma la investigación de delitos medioambientales. La memoria recurre al 'caso Prestige' (que llevó el actual fiscal general del Estado, Álvaro García, para alertar de que la instrucción judicial de la mayor catástrofe medioambiental en España se llevó en un pequeño juzgado de instrucción de la localidad de Corcubión (La Coruña) pese a las implicaciones de carácter internacional del asunto.
La proliferación de delitos medioambientales y el desarrollo de nuevos tipos penales para endurecer su castigo hacen necesario, según indica la Fiscalía, que la Audiencia Nacional asuma la instrucción de estas investigaciones.
musta
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