España

La Fiscalía trata de evitar otro 'caso Jimmy' y pide un cambio legal para endurecer las condenas contra los ultras

El Ministerio Público apuesta por reformar el Código Penal para prohibir la entrada a estadios de fútbol y sus inmediaciones a los condenados por alterar la paz pública

Una bengala en el césped del Calderón
Una bengala en el césped del Calderón

La Fiscalía General del Estado ha presentado este jueves la Memoria Anual del 2023 en la que se desarrolla la toda actividad fiscal del curso anterior. El informe firmado por Álvaro García Ortiz presenta una batería de propuestas legislativas, la mayoría relacionadas con modificaciones del Código Penal. Una de las nuevas apuestas del Ministerio Público se basa en endurecer las penas para poder prohibir la entrada a estadios de fútbol a los hinchas violentos.

La Fiscalía la dificultad con la que se topan los fiscales a la hora de limitar la entrada a los espacios deportivos y sus inmediaciones a aquellos condenados por alterar la paz pública en encuentros deportivos. El objetivo evitar escenarios violentos en el deporte como el 'caso Jimmy', reabierto por la Audiencia Provincial de Madrid nueve años después de la muerte del hincha del Deportivo, uno de los episodios más trágicos de la historia del fútbol español.

El Ministerio Público propone reformar el artículo 57 del Código Penal a fin de blindar los delitos contra la integridad moral y el delito de desórdenes públicos. El informe firmado por el fiscal general apunta a la necesidad de proteger a aquellas víctimas de un delito de lesión de la dignidad, un escenario que se viene repitiendo desde hace tiempo contra algunos jugadores de fútbol por motivos de raza o nacionalidad, asegurándoles cierta tranquilidad y medidas seguridad como la prohibición de acercamiento del autor.

La Fiscalía pide poder limitar la entrada en los estadios

Sin embargo, el artículo que estipula las penas para los delitos discriminatorios no permite imponer las prohibiciones establecidas en el artículo 48 del Código Penal, relacionadas con el derecho de una persona a residir en un lugar, una orden de alejamiento o la prohibición de comunicarse con la víctima. De esta forma, la Fiscalía General del Estado establece como prioritaria la necesidad de recoger estos supuestos y proteger a las personas que hayan sufrido vejaciones de este tipo.

Del mismo modo, el Ministerio Público pide que se permita imponer estas limitaciones a los condenados por desórdenes públicos. De esta forma, los ultras que protagonicen disturbios dentro o en las inmediaciones de un estado de fútbol podrían ser expulsados de los campos de fútbol por orden judicial. La propuesta de modificación del Código Penal supondría el primer paso que permitiría al Ministerio Fiscal pedir en las causas judiciales limitaciones para acceder a los estadios y sus inmediaciones.

Delitos de odio en el fútbol

La propuesta planteada por la fiscalía de García Ortiz se une a las iniciativas planteadas por los fiscales especialistas de delitos de odio. Además de limitar el acceso a las redes sociales a personas condenadas por este tipo de actos discriminatorios, la Fiscalía se plantea como objetivo ahondar en la materia de violencia en el deporte. En los últimos años, esta área se ha visto determinada por la incidencia cada vez mayor de estos delitos entre los aficionados deportivo.

Entre los últimos episodios de este tipo que se han vivido en los campos españoles, destaca la reyerta entre los aficionados del Real Madrid y el Bayern de Múnich el pasado mes de mayo. La jornada acabó con nueve policías heridos y dos detenidos. La Policía Nacional desplegó a 2.000 efectivos para proteger las inmediaciones del Bernabéu, una dinámica que ha repetido en varias ocasiones en los últimos meses.

Al otro lado de la capital, unos meses antes, el Wanda Metropolitano se convirtió en el escenario de una auténtica batalla campal entre los hinchas del Betis y del Atlético de Madrid. Mesas, sillas y botellas por el aire que dejaron impactantes imágenes en los alrededores del campo y que ponen de manifiesta de la necesidad de imponer medidas de contención no sólo desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino imponiendo penas más duras con la reforma del Código Penal.

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