Los nietos del dictador Francisco Franco han solicitado a la magistrada Cristina Díaz que cite como investigada a la abogada general del Estado, Consuelo Castro, en la causa abierta por el informe de Patrimonio Nacional sobre el inventario del Pazo de Meirás. Los querellantes reclaman una batería de diligencias a tenor de la declaración prestada en sede judicial como testigo de la hasta ahora presidenta del organismo público, Llanos Castellanos.
En el escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid y al que ha tenido acceso Vozpópuli los familiares de Franco reclaman la citación de la responsable de los servicios jurídicos del Gobierno contra los que mantienen una cruzada por la titularidad de los bienes identificados en la residencia de verano de Franco, que ya es propiedad del Estado. Según explican, en su declaración del pasado 29 de junio, Castellanos habría afirmado que sabía que un alto cargo de Patrimonio participó en la elaboración del inventario "a solicitud o requerimiento" de Consuelo Castro.
En su documento razonan que la participación de la jefa del Servicio de Conservación, Pilar Benito, en la redacción de este informe "no respondía a mandato judicial alguno" y no tenía el respaldo del juzgado. Precisamente esta causa nació el pasado mes de abril a tenor de una querella interpuesta por los Martínez-Bordiú contra Benito por delito de prevaricación, entre otros. La instructora la admitió a trámite y reclamó una batería de documentos tanto a Patrimonio Nacional como al juzgado de primera instancia número 1 de La Coruña, que resolvió sobre la propiedad del pazo de Meirás.
Los querellantes sostienen que Benito se extralimitó en sus funciones y se pronunció sobre la titularidad de todos los bienes de la residencia sin que la autoridad judicial lo reclamara y sin realizar un peritaje sobre el asunto. El informe en cuestión se firmó en noviembre y recogía una serie de bienes que, según plasmó, tenían su origen en las Colecciones Reales Españolas y en la Fundación del Generalísimo y, por tanto, correspondían a Patrimonio.
En concreto identificó la pantalla de chimenea, un sofá tapizado con la misma tela de decoración que vistió la sala de recibir de la reina Victoria Eugenia en el Palacio Real; un sofá tapizado con una tela "muy probablemente" tejida en la Fundación Generalísimo Industrias Artísticas Agrupadas, además de otros enseres, libros, alfombras y porcelanas que, según apuntó, eran propiedad del Estado.
La declaración de Castellanos
En su querella contra Benito, los Franco precisaron que el informe contenía falsedades y que no existe una resolución expresa del juzgado de La Coruña que le habilitara a hacer un inventario sobre la titularidad de todos estos enseres. La titular de esta causa, por su parte, pidió que se identificaran a cuantas personas participaron en la redacción del informe, así como las actas de traslado de los bienes que se encontraban en la residencia de verano del dictador. Además citó en calidad de testigo a Castellanos, la cual acaba de abandonar Patrimonio tras su designación como nueva directora adjunta del gabinete de Pedro Sánchez.
En su escrito, los Franco apuntan que, en noviembre del año pasado, días antes de la elaboración del informe, Castellanos recibió una llamada de la abogada general del Estado para requerirle un técnico de Patrimonio Nacional que pudiera acreditar la titularidad pública de todo lo que hubiera dentro del recinto, toda vez que había pasado a manos del Estado. "Así, la razón de ser de la intervención de la Sra. Benito García en aquella diligencia acordada y la posterior elaboración del informe de titularidad de los bienes muebles, fue la solicitud directa de la Sra. Castro Rey", alegan.
También defienden que el acta levantada tras la diligencia en cuestión, reseñó que el inventario tenía que ser realizado por los técnicos de la Consellería de Cultura con la colaboración de la técnico de Patrimonio Nacional y que los peritos, en su documento, señalaron que el objetivo del inventario era "realizar la relación ordenada y sistemática de los bienes a la vista". A tenor de la llamada de la abogada general del Estado, Castellanos se puso en contacto con Pilar de Navascués, entonces directora adjunta de las Colecciones Reales de Patrimonio. Ésta le respondió que la persona indicada para elaborar el informe era Benito García.
Piden citar a los cargos dimitidos
Además de la imputación de la abogada general del Estado, los Martínez-Bordiú piden la testifical de Navascués y del exgerente del Consejo de Administración de Patrimonio, José Luis Masegosa. Ambos estaban al frente de sus cargos en el momento de los hechos pero los han abandonado en los últimos meses. Ahora se suma a estas salidas la propia presidenta de Patrimonio, la cual cede el cargo a la exsecretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva. Además, también solicita que se libre oficio al organismo dependiente de Presidencia para que aporte el acuerdo del Consejo de Administración solicitando la intervención de la Abogacía en la dirección letrada de Benito.
Los servicios jurídicos del Gobierno designaron para esta causa a Rosa María Seoane. La abogada del Estado también litigó en el juicio del procés así como en la causa abierta contra el exdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por el 8-M. En este caso Seoane no solo pidió el archivo del procedimiento, sino que avisó que el Estado podría tomar acciones legales contra los Franco por delitos de denuncia falsa y obstrucción a la Justicia. Del mismo modo, y de acuerdo con la documental recogida por este diario, les acusó de actuar con “temerario desprecio hacia la verdad" y de intentar intimidar a Benito.
Con todo, los Martínez-Bordiú no solo ponen el foco en Patrimonio (al que también reclama la comisión de servicios de Benito) sino también en la propia Abogacía. Al respecto, solicita a la titular del Juzgado de Instrucción número 29 que requiera a la Abogacía para que aporte la propuesta de designación de la comisión de servicio de Benito y la autorización de los servicios jurídicos del Gobierno aceptando llevar a la jefa de conservación de Patrimonio, así como "la no existencia de conflicto de intereses entre esta defensa y los generales del Estado".
