"Estamos liberando a gente [internos] que no está preparada para vivir en libertad". Con esa reflexión, los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF denuncian la "inseguridad" que, a su juicio, se ha instalado en los centros españoles. Una crisis marcada por la "falta de personal", con "2.869 vacantes sin cubrir" y una media de edad que "supera los 50 años": "Hemos trasladado nuestra inquietud a Instituciones Penitenciarias [dependiente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska], pero parecen instalados en el buenismo".
Los representantes de ambos sindicatos han comparecido este miércoles en rueda de prensa para alertar de las últimas agresiones que han sufrido funcionarios de prisiones en las cárceles españolas. Según las cifras que manejan, sólo en el año 2021 se registraron 4.231 agresiones entre internos, mientras que las acciones violentas contra los funcionarios ascienden a 840 en los últimos cuatro años.
Jorge Vilas, secretario general de CSIF Prisiones, afirma que "trasladó al secretario general de Instituciones Penitenciarias en persona" [en referencia a Ángel Luis Ortiz] la preocupación de los sindicatos por la liberación de presos que, a su juicio, no cumplen con los requisitos para integrarse de nuevo en la sociedad: "Tiene una política de terceros grados y de reducir el número de internos, que no siempre están preparados para la vida en común: están en prisión porque un juez ha decidido que no están preparados para vivir en sociedad".
A juicio de Vilas, Instituciones Penitenciarias "está instalada en el buenismo": "El problema es que estas cosas graves sólo salen a la luz cuando ocurre una desgracia y es irreparable", denuncia, al mismo tiempo que recuerda el asesinato de un niño en Lardero a manos de un preso que estaba en libertad condicional.
Las cifras de vacantes
Por su parte, José Ramón López, presidente de ACAIP, considera que las cifras de vacantes entre los funcionarios de prisiones "es un auténtico peligro": "Las ofertas de empleo público, por muy numerosas que sean, a veces ni cubren las jubilaciones".
Pone como ejemplo los datos de 2021 y 2022, cuando el número de vacantes ha pasado de 2.936 a 2.869, a pesar de la incorporación de mil funcionarios: "Si tienes poco personal y el que hay tiene edad avanzada genera que tengas un mayor número de jubilaciones o bajas médicas por cuestiones fisiológicas de edad. Los servicios en muchos centros están en mínimos".
"Las vacantes en otros lugares de la Administración generan que un expediente se retrase un mes, pero aquí genera problemas con personas", reflexiona José Ramón López. "Trabajamos con personas y necesitamos tener los servicios cubiertos. Si hay déficit estructural, se tiene que solucionar. Puede generar un crack del sistema en cualquier momento".
ACAIP-UGT y CSIF Prisiones han convocado concentraciones esta semana ante las delegaciones del Gobierno para reclamar un refuerzo en el número de funcionarios de prisiones y que se les dote de más medios para cumplir con su función, especialmente ante los reclusos que recibe medicación psicotrópica: "En torno al 25 o 30% de los internos". También piden que se les reconozca como agentes de la autoridad para que las agresiones contra ellos tengan una consideración más grave.
"En lo que llevamos de año se han producido tres agresiones muy graves contra funcionarios de prisiones que podían haberles costado la vida -apunta el presidente de ACAIP-. La última de ellas fue en Murcia, por un centímetro y medio no le cortaron la yugular. Por todo esto estamos en conflicto colectivo con la administración, aunque de momento parece que prefieren no escuchar nuestras demandas".
