El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha suspendido en los últimos meses la autorización para la construcción de 13 parques eólicos en la comunidad a pesar de que estas resoluciones parecen diferir del criterio fijado por el Tribunal Supremo en una sentencia dictada en diciembre de 2023, en la que rechazaba dos de las causas esgrimidas por los magistrados gallegos para justificar la paralización de este tipo de proyectos.
Ante esta aparente controversia, el TSXG ha publicado este martes un escrito en el que explica que está siguiendo el criterio del Supremo pero que ha "adaptado" los criterios a la hora de decidir sobre medidas cautelares respecto a estos proyectos en base a cuestiones como pueden ser la "cautela, prevención y precaución" ambiental.
El TSXG señala que de los 18 autos emitidos tras la sentencia del Supremo, en los que se decide sobre la solicitud de suspensiones cautelares de autorizaciones administrativas y de construcción de 16 parques eólicos, hay un total de 13 resoluciones estimatorias de la suspensión y otras tres en sentido contrario. El fallo del Supremo revocó la anulación de la autorización del parque eólico Corme G-3, en el municipio de Ponteceso (La Coruña), al estimar el recurso de la Xunta Galicia y EDP Renovables, con lo que el sector eólico consideraba que así se conseguía mayor seguridad jurídica y se abría la puerta a tumbar múltiples suspensiones realizada por el alto tribunal gallego. Sin embargo, estas suspensiones continúan en 2024.
En su explicación, el TSXG subraya que adapta sus criterios al fallo del TS, lo que implica descartar dos de las causas que el alto tribunal gallego tuvo en cuenta para decretar la anulación de algunas instalaciones, ambas relacionadas con el plazo del trámite de información pública en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, pero aclara que eso “no obsta a que la Sala analice en los autos, tal y como ha hecho en otras resoluciones emitidas antes de la sentencia del Tribunal Supremo, otros aspectos a la hora de pronunciarse sobre las medidas cautelares”.
En concreto, el TSXG ha adoptado las medidas cautelares de suspensión solicitadas respecto a parques eólicos de Monte Neme (municipios de Carballo y Malpica de Bergantiños); Zamorra (Agolada); Touriñán III-2 (A Estrada, Cuntis y Campo Lameiro); Pico Seco (Lalín y O Irixo); Figueiras (Mondoñedo, Alfoz y Valadouro); Reboiro (Baralla, Castroverde y O Corgo); Rodeira (Vila de Cruces y Lalín); O Cerqueiral (Cabana de Bergantiños, Coristanco y Santa Comba); Chao do Marco (Becerreá); Felga (Aranga, Coirós y Oza-Cesuras); Serra do Faro (Rodeiro, Dozón, San Cristovo de Cea y Piñor); Monte Peón (A Lama); y As Encrobas (Cerceda, Carral y Ordes).
En cambio, el alto tribunal autonómico ha desestimado las pretensiones de suspensiones cautelares de los siguientes parques: Vilartoxo (A Baña y Val de Dubra); Neboada (A Rúa, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Vilamartín de Valdeorras, Quiroga y Ribas de Sil), y O Cerqueiral (Cabana de Bergantiños, Coristanco y Santa Comba).
La medida cautelar, tal y como recuerda la Sala en algunos de los autos, tiene una vigencia temporal, "al ser la respuesta que el órgano judicial concede para evitar que el lapso de tiempo que transcurre hasta que recae un pronunciamiento judicial firme suponga la pérdida de la finalidad del proceso". El tribunal incide en que "el presupuesto de la medida cautelar es la pérdida de la finalidad legítima del recurso -efecto de la sentencia-, esto es, que la tardanza en dictar un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo pueda hacer inoperante lo decidido".
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, tras la resolución del TS, rechaza como uno de los motivos para adoptar las medidas cautelares demandadas respecto a los parques eólicos la apariencia de buen derecho, fumus boni iuris, en lo que afecta a los plazos para someter el procedimiento de evaluación del impacto ambiental al trámite de información pública y al momento en que se deben recabar los informes sectoriales.
El caso lleva a suspender 13 parques eólicos en Galicia
El hecho de no apreciar el fumus boni iuris en ese sentido no quita para que la Sala analice otros aspectos sobre las medidas cautelares", señalan los magistrados del tribunal gallego. Entre ellos, destacan la concurrencia o no del periculum in mora, el cual consiste en tener en cuenta el riesgo de retrasar o no tomar la decisión cautelar, con el objetivo de asegurar que la futura sentencia pueda llevarse a la práctica de modo útil, así como la valoración de los daños que podría ocasionar la construcción de los parques.
"Es necesario tener en cuenta que no basta con hacer una referencia genérica a daños posibles, sino que se deben singularizar y acreditar, esto es, se debe pasar de la abstracción a la concreción", explican los magistrados en algunas de las resoluciones.
Además, en los autos, los jueces tienen en cuenta, como requisito complementario al periculum in mora, o pérdida de la finalidad legítima del recurso, la ponderación de los intereses en conflicto en cada caso concreto. En la ponderación de esos intereses contrapuestos (público y privado), según explica el tribunal, debe prevalecer el que resulte más digno de protección. En los autos, la Sala destaca la prevalencia de los principios de cautela, prevención y precaución en materia medioambiental, así como la preponderancia que tienen sobre la captación y transporte de energía eléctrica, salvo que se acredite el interés general que para el sistema eléctrico tenga la ejecución y funcionamiento del parque eólico analizado en cada caso en concreto.
A la hora de apreciar el periculum in mora, el tribunal tiene en cuenta información objetiva proveniente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, el cual ha delimitado áreas no recomendadas para la instalación de la energía eólica, así como informes sobre hábitats prioritarios y de interés comunitario.
