Como un jarro de agua fría ha caído en la Xunta de Galicia la decisión del Tribunal Constitucional de mantener suspendidos los artículos más importantes de la Ley del Litoral que aprobó, en julio de 2023, el Parlamento autonómico. Esta normativa fue recurrida por el Gobierno central el pasado mes de octubre al estimar que invadía competencias estatales y desde entonces se encuentra paralizada, en sus aspectos clave, mientras el Tribunal de Garantías decide sobre el fondo del asunto. Una resolución que, por lo que se puede apreciar, va a ir para largo. Para muy largo.
La decisión final que adopte el Constitucional no solo afectará a Galicia, sino también a otras regiones que, como la Comunidad Valenciana, están dando pasos similares para ganar autonomía frente al Gobierno central mediante el impulso de normativas propias que les permitan ordenar y gestionar ‘su’ litoral. El objetivo fundamental de la región valenciana es impedir que las nuevas normas del Ministerio de Transición Ecológica culminen con la confiscación de facto, por parte del Estado, de muchos miles de viviendas radicadas en la costa.
Sobre este particular, los afectados por las acciones impulsadas por el departamento que dirige Teresa Ribera han celebrado con gran satisfacción la reciente anulación, por parte del Tribunal Supremo, del Reglamento de Costas de 2022, que abre la puerta a convertir en papel mojado los largos deslindes realizados desde entonces por el Ministerio de Transición Ecológica por todas las costas españolas, especialmente en las valencianas, para ampliar el alcance del dominio público marítimo-terrestre con la excusa de proteger las playas.
Numerosos responsables políticos y miles de particulares siguen, por lo tanto, muy de cerca la ‘batalla costera’ entre Madrid y Galicia, porque lo que decida finalmente el Tribunal Constitucional marcará el camino a seguir por otras regiones. En este sentido, los magistrados del TC han justificado la continuidad de la suspensión de la ley gallega debido a que, de lo contrario, "podría producirse la consolidación de situaciones jurídicas irreversibles o difícilmente reversibles que causarían perjuicios a los valores naturales y paisajísticos de la costa gallega".
La conselleira de Medio Ambiente de la Xunta ha calificado como “muy precipitada” esta reciente decisión del Constitucional y considera que se trata de una muy mala noticia para los intereses de la comunidad. Culpa, además, al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber tumbado una normativa que fue aprobada por la Cámara autonómica sin el rechazo de los grupos de la oposición, que simplemente se abstuvieron en la votación, y tras recibir el visto bueno de reconocidos juristas y de expertos ligados a las universidades gallegas. Pese a todo, Moncloa presentó un recurso de inconstitucionalidad contra 31 artículos y dos disposiciones de la ley, es decir, cerca del 40% del articulado, al estimar que la ley gallega supone una “merma de protección” de la costa con respecto a la normativa estatal y puede atentar contra sus valores paisajísticos.
El órgano que preside Conde Pumpido también acordó, en la resolución adoptada la semana pasada, mantener suspendidos varios preceptos de la ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos de 2023, que limitaban a 15 años el plazo para actuar contra obras ilegales realizadas en la franja costera. El Ejecutivo central señala, al respecto, que la legislación estatal no fija un período mínimo ni máximo para abrir expediente contra dichas construcciones, lo cual refuerza la potestad sancionadora contra los infractores. “Las comunidades autónomas pueden ir más allá de la protección del litoral, pero nunca a menos”, señalan desde Madrid.
La Xunta, por su parte, afirma que la normativa autonómica no va ni contra la Constitución ni contra la Ley de Costas, sino que responde a la defensa de los legítimos intereses de la región en base a las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía. El Gobierno gallego señala también que la suspensión de la ley incide de una forma muy negativa en la economía gallega, especialmente porque crea inseguridad jurídica y corta de cuajo atractivos proyectos que podrían generar numerosos puestos de trabajo. En opinión de la Xunta, la ley estatal de Cambio Climático y Transición Energética supone además una grave amenaza para la continuidad de numerosos enclaves tradicionales y de industrias asentadas desde tiempos remotos en la franja costera, entre ellas las relacionadas con el sector conservero, que da empleo a unas doce mil personas, la gran mayoría, en torno al 80%, mujeres.
Con el fin de mantener el control sobre la regularización de unas cuatro mil edificaciones y de casi 250 empresas radicadas en el litoral, cuya continuidad peligra debido a una normativa estatal que no tiene en cuenta, en opinión del gobierno presidido por Alfonso Rueda, la realidad socioeconómica de Galicia, la Xunta impulsó una ley propia que vio la luz en julio del pasado año, pero el Ejecutivo central empezó de inmediato a mover toda su artillería jurídica contra la ‘rebelión’ costera del noroeste, con el resultado ya sabido.
La última resolución del TC en torno a la suspensión de la ley gallega del litoral se produce en un momento de máxima tensión entre el Gobierno y el Tribunal Supremo en relación al Reglamento de Costas de 2022, cuya anulación pone supone un varapalo para el Ministerio de Transición Ecológica y para el plan de Teresa Ribera de, con la excusa de proteger las playas, ampliar el dominio público marítimo-terrestre y tomar el control de miles de inmuebles.
El fallo del Supremo incide en que la reforma del citado reglamento tuvo que ser sometido a consulta pública y que ese trámite obligado no se cumplió, lo cual debería suponer un respiro, al menos temporal, para miles de propietarios de viviendas construidas en ‘zonas sensibles’, aunque muchos afectados afirman que el galimatías jurídico es de tal envergadura que desconocen a ciencia cierta cuál será el futuro de numerosos inmuebles sobre los que pende el sable de la “confiscación”.
Ahora, tras el fallo del alto tribunal, Teresa Ribera ha acordado sacar a consulta pública la reforma del polémico Reglamento de Costas con el objetivo de cumplir las exigencias fijadas en la resolución judicial, por lo que todo indica que el Gobierno está decidido a ejecutar, más pronto o más tarde, los deslindes ya fijados.
