Hace un año que la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, dio su confianza a Pedro Sánchez Pérez-Castejón por tercera vez para formar gobierno. Pero en estos 12 meses, esa mayoría ha entrado en colapso. El Gobierno es incapaz de poner de acuerdo a sus socios excepto en el rechazo genérico a la ultraderecha. Y es comprensible, porque Sánchez pactó con hasta 12 formaciones políticas distintas entre las que hay grupos de izquierda radical, de centro regionalista y de derecha e izquierda independentista. Alfredo Pérez Rubalcaba lo bautizó en su día como Frankenstein.

Todos y cada una de esos partidos tienen sus propios intereses, en muchos casos, incompatibles entre sí. La diversidad es tal que hace casi imposible que cuaje un proyecto de presupuestos; la ley más ideológica de cualquier Ejecutivo, porque es que la que prioriza los recursos públicos en pos de la sociedad ideal que persiga. Y ahí radica el problema: cada organización tiene una visión del mundo y de los medios necesarios para hacerla realidad. Moncloa asume que España entrará en 2025 con las cuentas de 2023. Suma y sigue.

El fracaso gubernamental de esta semana en la Comisión de Hacienda del Congreso es la constatación palmaria de esa crisis de identidad que atraviesa la mayoría de la investidura. María Jesús Montero, que comienza a sudar tinta, fue incapaz de conciliar las posturas sobre fiscalidad de la derecha independentista vasca y catalana con las de sus socios de izquierda. De manera que no le quedó más remedio que aplazar de nuevo la reunión de la comisión.

Y eso que el objeto de debate era un paquete de impuestos introducido por el Gobierno vía enmiendas al Proyecto de Ley para tasar con un mínimo a las multinacionales. El PNV y Junts quieren que caiga el impuesto a las energéticas y Podemos, ERC y Bildu han dicho que ni hablar. Casi siempre es la economía. Este retraso deja al Gobierno en una situación muy complicada, porque, por un lado vacía la reforma fiscal con la que se comprometió como hito con las instituciones europeas a cambio del siguiente desembolso de los fondos Next Generation y, por otro, deja sin contenido el Plan Estructural Fiscal enviado a Bruselas. El reloj de arena para los Presupuestos se vacía grano a grano.

Por si todo esto fuera poco para desvelar al presidente del Gobierno, Sánchez aún asiste cada mañana a un incensante goteo de informaciones sobre los dos supuestos casos de corrupción que tienen al PSOE noqueado y que llevan los nombres de dos personas claves en la vida política y personal del líder socialista: José Luis Ábalos y Begoña Gómez. El primero, su extodopoderoso hombre fuerte en el partido, y la segunda, su mujer, están siendo investigados por la Justicia. Ábalos por su papel en la trama de enriquecimiento en su ministerio durante la pandemia y Gómez por si se valió de su influencia como mujer del presidente para sus negocios personales.

La debilidad política de Sánchez es un hecho. Pero él, que quienes le conocen definen como un superviviente, tiene un plan para intentar alargar una legislatura en vía muerta. La tragedia del temporal en Valencia y en el resto del litoral mediterráneo, que ha segado la vida de al menos 224 personas, lo ha cambiado todo. La política española lleva 15 días gravitando alrededor de la pelea por la asunción de responsabilidades. El Gobierno busca la caída del presidente valenciano, el popular Carlos Mazón, y el PP persigue el derrumbe de la todavía ministra de Transición Ecológica y flamante candidata española a la vicepresidencia de la Comisión Europea.

Unos y otros se acusan de dejación de responsabilidades y mala praxis. Los cañones resuenan con fuerza mientras Sánchez y su núcleo duro juegan sus cartas. El objetivo prioritario es aprobar unos Presupuestos. Por eso, el presidente los vinculó a la reconstrucción de los daños de la DANA. La idea es arrastrar a todos los grupos al sí. Y, si algún partido los imposibilita, tacharle de irresponsable, quién sabe si en una campaña electoral de unas elecciones generales. El equipo de asesores del presidente hace cábalas diarias sobre la fortaleza del Ejecutivo y sobre cuándo sería el mejor momento para medirse en las urnas.

En Moncloa dicen estar tranquilos. Y aunque admiten las dificultades, parecen convencidos de poder seguir a los mandos del país. "Ha sido un año intenso y es una legislatura difícil, pero somos muy capaces. Somos los únicos que podemos dar estabilidad al país y solucionar sus grandes problemas: ETA, el procés...", explica a este diario un ministro de peso en Moncloa. En el PSOE, sin embargo, están bastante más desanimados. Varios barones ven la legislatura difícil, plagada de obstáculos cada vez más grandes. El partido afronta en los próximos meses el Congreso Federal y los autonómicos. La idea es dejar listo el partido para la siguiente batalla electoral, empiece cuando empiece. Aunque de momento todo indica que lo hará más pronto que tarde. 

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