Tras el escudo del anonimato, el presidente de una conocida inmobiliaria reflexiona en voz alta: "Podemos cuidar todo lo bueno que tenemos en España o destrozarlo. Y parece que se está optando por lo segundo". Se refiere a la decisión del Gobierno de cambiar la fiscalidad que soportan las Socimi, unas sociedades que operan en el mercado de la vivienda bajo estrictas condiciones. El anuncio hundió la cotización de las dos mayores, Merlin y Colonial, y llevó a sus respectivos CEOs a amenazar con sacar las sedes de España.
"El problema es que la gente que tiene que tomar las decisiones no sabe. Necesitamos más solución y menos administración. El dinero es cobarde por naturaleza y el cambio de las reglas del juego sobre la marcha es terrible para la inversión", añade el mismo empresario. Ese es el sentir generalizado entre quienes mueven ingentes cantidades de capital en España. Y no sólo en el sector inmobiliario. Los principales bancos (Santander, CaixaBank o BBVA) y las grandes energéticas (Repsol o Moeve) llevan muchos días en vilo, ante el intento de la coalición de aprobar nuevos hachazos fiscales.
A estas alturas del mandato socialista, en el empresariado nacional pesan demasiado dos elementos: la cantidad de medidas recaudatorias aprobadas y los continuos cambios de dirección. Las empresas no saben a qué atenerse y eso genera incertidumbre jurídica en estado puro. Un ejemplo: en el caso de Merlin, el golpe a las socimis supondría un recorte del beneficio operativo del 8,5%. No sorprende que su consejero delegado, Ismael Clemente, esté planteándose hacer las maletas y llevarse la sede a otro país más amistoso con la inversión. El cambio fiscal tendrá un impacto directo en la valoración de las socimis y en operaciones ya en marcha, como las OPAs lanzadas sobre Lar y Árima.
Ismael Clemente.
No hay mayor indicador de incertidumbre empresarial que la agonía que está sufriendo el PSOE para sacar adelante en el Congreso su batería de enmiendas. Es uno de los pocos vehículos que tiene a su alcance para elevar los impuestos antes del fin del año. Pero la debilidad de los apoyos parlamentarios ha convertido la iniciativa en un auténtico via crucis para los socialistas.
"La frágil alianza entre los socialistas y los distintos socios parlamentarios del Gobierno añade una capa adicional de inseguridad jurídica e incertidumbre a las perspectivas de política fiscal de cara a 2025", advierte el Instituto Juan de Mariana en un informe publicado esta semana. El 'think tank' ha hecho un recuento de las medidas recaudatorias desarrolladas durante el mandato de Pedro Sánchez, con los siguientes resultados: desde 2019, se han creado nueve impuestos nuevos y se han aprobado 18 subidas en otros ya existentes.
Los economistas del instituto calculan que las subidas de impuestos suman 9.625 millones en el último lustro. Y suman incrementos de las cotizaciones por valor de 26.115 millones. Si se añade el efecto de la inflación y se restan las rebajas fiscales aprobadas, se obtiene un impacto acumulado de 42.000 millones.
"Parece que este Gobierno tiene el don de tensionar las cosas que afectan a la sociedad en general", reflexiona un asesor de varios CEOs del Ibex. Se refiere a las cargas fiscales que se han ido aplicando a las energéticas, la banca o la distribución, con el consiguiente impacto en el precio de los carburantes, la distribución del crédito o los costes de producción. "Si ahogas demasiado a las empresas, la economía se puede torcer", añade.
"Parece que este Gobierno tiene el don de tensionar las cosas que afectan a la sociedad en general. Si ahogas demasiado a las empresas, la economía se puede torcer"
Este jueves, Iberinform difundía un dato preocupante: el 34% de las empresas creadas en 2019 ya no existe. Es cierto que la pandemia contribuye a distorsionar la estadística, pero no lo es menos que la ausencia de un panorama propicio para la inversión ha convertido el emprendimiento en una tarea de alto riesgo. "La supervivencia empresarial en España muestra una gran fragilidad", advierten desde la filial de Crédito y Caución.
La firma apunta otro dato: los impagos se han convertido en uno de los principales riesgos para las empresas españolas. El 67% de las sociedades encuestadas reconoce estar más preocupada que nunca por la capacidad de pago de sus deudores y un 82% ha recibido la petición por parte de sus clientes de retrasar el abono de sus facturas.
Esa es la realidad cotidiana de infinidad de empresas, que queda oculta tras el fuerte incremento del PIB. La economía sigue propulsada por el sector servicios y el gasto público, hasta el punto de que cerrará, según la Comisión Europea, con el crecimiento más holgado de la UE (junto a Polonia). De momento, el PIB permite a Pedro Sánchez 'vender' logros económicos en el aniversario de su investidura. El tiempo permitirá medir, más adelante, los destrozos que han causado los hachazos fiscales y el altísimo grado de incertidumbre.
