El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes los proyectos de ley del sector Ferroviario y de Carreteras, en este último con la principal novedad de prohibir el encadenamiento excesivo de estaciones de servicio de igual bandera en las vías, en concreto tres o más.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno, recogida por la agencia Efe, que el texto sobre carreteras mejorará los recursos y la coordinación entre administraciones, evitará actuaciones especulativas en su construcción y aglutina medidas para la mejora de la seguridad vial y de protección del patrimonio viario.
Pastor ha precisado que este proyecto actualiza una legislación "muy antigua", que data de 1988, y evitará posibles actuaciones especulativas del suelo durante la planificación de carreteras. Asimismo, ha destacado el incremento de las cuantías de las sanciones en las autopistas de peaje en caso de incumplimiento, con multas que pasan de los 300 euros de algunos casos hasta los 15.000 euros.
Pastor asegura que la ley de Carreteras evitará actuaciones especulativas en su construcción
La titular de Fomento ha agregado que la nueva norma fomentará las nuevas tecnologías para conocer el estado de las infraestructuras y del tráfico en tiempo real a través de paneles. En ese capítulo, se ha referido al uso de la fibra óptica y a la información en tiempo real incluso a través de los terminales móviles. Con respecto al proyecto de ley del sector Ferroviario, la ministra ha subrayado que mejorará la calidad de este tipo de transporte "clave para el turismo" y cuya red es de las "más amplias" de Europa.
Pastor ha opinado que el texto pretende dotar de un nuevo marco jurídico a este "modelo de excelencia" ferroviario, para aumentar la oferta y la calidad a los ciudadanos. La futura ley establece un nuevo sistema de cánones, que supondrá la supresión del canon anual de acceso a la red y la bonificación de la puesta en marcha de nuevos servicios ferroviarios. Asimismo, incluye la creación de la Agencia de Seguridad Ferroviaria como organismo independiente y recoge un nuevo convenio entre Adif y Fomento, que establecerá los objetivos y las aportaciones económicas del Estado.
Los operadores tendrán la obligación de llevar cuentas separadas entre las actividades de mercancías y viajeros. Se establece que las empresas deben contar con un plan de asistencia a víctimas y se recogen los derechos de las víctimas de accidentes. Se plantea un régimen sancionador más proporcional y que refuerce las sanciones sobre derechos de los pasajeros y aspectos relacionados con la seguridad. Ambos proyectos de ley se remitirán ahora a las Cortes para su tramitación parlamentaria.
