En Cataluña, los directores de los colegios no solo sabrán los resultados de las pruebas de coronavirus de sus alumnos y profesores, ahora también podrán saber quiénes están vacunados y quiénes no. Todo gracias a una modificación de la Generalitat del Real Decreto que establece las medidas contra la covid en los centros educativos.
Eso sí, según el artículo 8.5, los directores tienen que mantener "el deber de secreto y de confidencialidad sobre la información". Esto no termina de convencer al sindicato CSIF, que denuncia que se puede hacer un uso interesado de una información tan delicada.
Desde el Departamento de Educación del Gobierno catalán explican a Vozpópuli que hasta ahora los directores de los colegios podían acceder a la información sobre infecciones pero no sobre los vacunados. Los primeros días de curso, una vez aprobado el decreto, que esta misma semana se ha oficializado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "se pudo compartir esta información en el Traçacovid (que es una web que informa diariamente de los casos positivos de todos los centros catalanes)".
La Generalitat argumenta que con esta medida "cada centro podrá saber qué niños en el instituto están vacunados y por tanto, en caso de positivo, saber si se debe confinar o no el resto del grupo". Es decir, que la vacunación va a ser un hecho diferencial en este sentido, y aquellos niños que no estén vacunados obligarán a confinarse al resto.
Es por ello que en caso de confirmarse un positivo por covid en un colegio, el resto de compañeros podrá conocer si alguien está vacunado o no (mayor de 12 años), ya que en base a ello tendrán que confinarse o podrán permanecer en clase.
"El Departamento de Educación no ha dado ninguna instrucción a las familias para que den los datos de vacunación de sus hijos o hijas, ya que la información estará en el sistema y el director del centro podrá acceder a ella", señalan desde el Govern.
Los sindicatos temen por los profesores
El sindicato CSIF, contactado por este diario, se ha mostrado especialmente molesto por la situación, sobre todo por las consecuencias que puede tener para los profesores. "Es una injerencia a la libertad de decisión de cada quién. El problema es que priorizan el derecho colectivo del alumnado, que no está ni vacunado, al de los profesores de mantener su intimidad".
La decisión de la Generalitat, denuncian, fue tomada sin contar con la opinión de los sindicatos. "No existe diálogo social con esta Consejería de Educación", lamentan. No es la primera vez que saltan chispas entre la Generalitat y los sindicatos por un asunto similar.
En febrero de este año, la Generalitat creó el Censo Covid19 salud-escuela, una herramienta que llevaba aparejado un nuevo poder de los directores de instituto, el de conocer los resultados de las pruebas covid de sus alumnos y profesores y no solo eso, también conocer la situación de sus grupos de convivencia.
No quiero que mi director sepa si estoy vacunado o no, igual que no quiero que sepa que soy hipertenso o diabético Ferran Barri, coordinador de Educación de CSIF Cataluña.
"Estamos viviendo una constante intromisión en la intimidad. No quiero que mi director sepa si estoy vacunado o no, igual que no quiero que sepa que soy hipertenso o diabético", manifiesta Ferran Barri, coordinador de Educación de CSIF Cataluña.. Desde CSIF temen que los directores tomen decisiones basadas en estos datos que puedan perjudicar a los profesores no vacunados.
Los preventivistas apoyan la decisión
Los profesionales de Salud Pública consultados por este periódico, sin embargo, secundan la visión del Gobierno catalán. Así lo subraya Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva (Sempsph): "Debemos empezar a acostumbrarnos a sumir ciertas medidas en Salud Pública. En países como Francia no puedes entrar en ningún local sin tu pasaporte covid. En Austria se pide prueba PCR para entrar aparte de estar vacunado y la pauta completa es obligatoria para acceder a cualquier local. No me parece tan descabezado lo que propone la Generalitat". Ortí considera que la vacunación debería ser obligatoria en ámbitos como la sanidad o la educación.
