La Generalitat de Cataluña bajo el Gobierno de Artur Mas planeó forzar al Gobierno español, tras una hipotética independencia, a compartir la gestión de toda la cuenca hidrográfica del Ebro, desde Cantabria al Mediterráneo, según consta en los informes 'La distribución de activos y pasivos' y 'El abastecimiento de agua y energía' que fueron descubiertos por la Policía durante los registros de la denominada Operación Voloh, en la que se investigan las subvenciones opacas del Ejecutivo catalán a fundaciones afines a Convergència Democrática de Catalunya (CDC).
En el sumario aparecen fotocopiados estos y otros documentos redactados en 2014 por el denominado Consejo Asesor para la Transición Nacional, presidido por el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver i Pi-Sunyer, y que se pueden leer en la actualidad en la página web de la Presidencia de la Generalitat.
"Ninguna de las partes puede reclamar la soberanía en exclusiva de los recursos hidráulicos y energéticos compartidos. Sin embargo, hay que aclarar que la gestión conjunta no afecta a la parte de la cuenca hidrografía del territorio secesionado, sino a toda la cuenca hidrográfica de los cursos de agua compartidos (como sería el caso del río Ebro)", especifican los informes.
En estos documentos los independentistas catalanes analizan todos los posibles escenarios en la gestión del agua tras la secesión, y en ellos apuestan por la creación de "comisiones fluviales bilaterales", a semejanza de las existentes en los ríos Danubio y Rin. "En el caso de los recursos hidrográficos, conviene distinguir entre los cursos de agua fronterizos y los cursos de agua sucesivos. Ninguna de las partes puede reclamar la soberanía en exclusiva de los recursos hidráulicos y energéticos compartidos", concluye el dossier.
"Pleno control"
Y para garantizar el "pleno control" de los recursos hídricos catalanes, el Consejo Asesor aconsejaba a la Generalitat que promoviera "un acuerdo internacional para la gestión y los usos del río Ebro, en la línea de otros acuerdos europeos sobre cuencas compartidas". Algo similar a los acuerdos que España tiene con Portugal en relación a los ríos Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana.
Además de la cuenca del Ebro, el Govern planeó forzar a España a llegar a un acuerdo por el río Cenia, entre las provincias de Castellón y Tarragona, "con el correspondiente traspaso de las infraestructuras hidráulicas"; otro con Andorra para la gestión del Valira; y uno más con Francia para la gestión del Garona y el Querol, un afluente del Segre que actualmente es trasvasado al Ariège.
En el documento, los asesores de la Generalitat, entonces presidida por Artur Mas, advierten de los posibles efectos en las reservas de agua que podría tener Cataluña ante un posible hostilidad del resto de España tras la secesión. Como por ejemplo la escasez en las reservas de agua.
"Una actitud beligerante de España podría repercutir negativamente en el abastecimiento del territorio catalán", adviertía la Generalitat
"El abastecimiento de agua podría verse condicionado también por la actitud que pueda adoptar el Estado español durante el proceso de transición y constitución del nuevo Estado catalán", resaltan los asesores. "Una actitud beligerante o no colaboradora podría repercutir negativamente en la gestión y el abastecimiento de agua de las cuencas hidrográficas situadas en el territorio catalán, dado que es donde la Confederación del Ebro (CHE) tiene competencias y dispone de instrumentos para limitar de facto el abastecimiento".
En conclusión, el Consejo pone de manifiesto que los recursos solo podrían ser insuficientes si España "realizara una explotación inadecuada de los embalses de la cuenca del Ebro situados fuera de territorio catalán". No obstante, el dossier tranquiliza al Govern al explicar que "no es posible cerrar completamente las compuertas del embalse de Mequinenza", situado en Aragón.
El documento advierte sobre las actuaciones que el resto de España podría llevar a cabo contra una Cataluña independiente. "Lo que sí puede suceder es que se desacople el régimen de embalses con los requerimientos ambientales y usos del bajo Ebro. Es decir, que Mequinenza desembalse en función de las necesidades de producción energética única y exclusivamente, sin tener en cuenta los requerimientos de aportación de agua para los usos más abajo. En este caso, Cataluña no tendría capacidad de regulación", concluye el documento en su apartado sobre recursos hídricos.
En principio, aunque no hay una norma específica que lo regule, las bases de la Antártida podrían ser objeto de reparto como bienes de Estado comunes a todos los españoles, indica el Govern
En el informe 'La distribución de activos y pasivos' también se incluye otro apartado, en el que se reclama una parte de las bases científicas que España tiene en la Antártida (Juan Carlos I y Gabriel de Castilla). La primera gestionada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la segunda por el Ejército.
"En principio, aunque no hay una norma específica que lo regule, podrían ser objeto de reparto como bienes de Estado comunes a todos los españoles. No obstante, en este caso sí que se podría considerar la gestión conjunta de estos espacios y el reparto de los posibles beneficios que generen el alquiler de sus instalaciones a equipos de investigación", sostiene el dossier del Consejo Asesor para la Transición Nacional.
El documento tampoco se olvida de que otros bienes situados en el exterior tendrán que ser repartidos, según se enumera, de la misma forma que debería ocurrir con "los satélites artificiales de titularidad pública, los organismos estatales y las bases militares".
