El Gobierno de coalición pretende hacer de la movilidad una de sus banderas en esta segunda legislatura. El pasado martes 13 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, medio año más tarde de lo previsto, pues esta intención quedó sepultada por la cita electoral del pasado 23 de julio. La idea es su aprobación de forma definitiva antes del 30 de diciembre, fecha límite marcada en el marco de la entrega de los fondos europeos, un hito que está supeditado a la aprobación de esta ley.
A tenor de las palabras de Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, este texto legal pretende abarcar las mismas ambiciones que el anterior. Es decir, desde el Gobierno quieren dejar entrar a otras empresas en algunas líneas de autobús, crear un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible y discernir la tasa que los ayuntamientos de toda España podrán crear para cobrar a los vehículos por entrar en sus zonas de bajas emisiones.
Pero, más allá de todas estas medidas, lo que pretende la Ley de Movilidad Sostenible es ahorrar 8.000 millones de euros en gasto público en la próxima década, paliando de esta forma el agujero negro de pérdidas que tiene el Estado con las infraestructuras que existen por toda España.
"Se pretende que nuestro país, que ya es un referente en materia de infraestructuras, tenga una movilidad a la altura, donde el transporte garantice el acceso a derechos como el trabajo, el ocio o la salud, respetando las competencias del resto de administraciones y alcanzando el consenso necesario con los grupos parlamentarios", deslizaba Puente tras el citado Consejo de Ministros de esta semana.
Esta Ley de Movilidad Sostenible, que desde el Gobierno creen que será recibida con un gran consenso por parte de la ciudadanía y del resto de partidos políticos del hemiciclo, vuelve a poner en el punto de mira a las empresas para obligarlas a conciliar con este nuevo rumbo que ha establecido el Ejecutivo.
Movilidad sostenible para las empresas
Y es que la ley introduce, también, la obligación de que las empresas, incluidas las del sector público, dispongan, en el plazo de 24 meses desde su entrada en vigor, de planes de movilidad sostenible al trabajo para aquellos centros con más de 500 trabajadores o 250 por turno.
Estos planes deben ser negociados con la representación legal de las personas trabajadoras o, en su defecto, con una comisión integrada por los sindicatos más representativos del sector. Las empresas podrán optar por distintas alternativas como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo.
También se incluirán medidas relativas a la seguridad y la prevención de accidentes en los desplazamientos al centro de trabajo. Esta medida está en línea con los principios abordados en la Negociación Colectiva Verde, promovida por el Ministerio de Trabajo durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.
El ministro Puente, acerca de la obligación de las empresas de diseñar planes de movilidad sostenible, ha señalado que hay muchas compañías ya lo hacen por "conveniencia económica". Como ejemplo, mencionó a la Renault de Valladolid, que según el exalcalde ahorró 700.000 euros en impuestos municipales con estas medidas.
En España, a fecha de enero de 2024, con el informe de la DGIPYME en mano, empresas que cumplan las condiciones de la ley de movilidad sostenible, es decir, de 500 empleados o 250 por turno, son las menos. Pues existen un total de 3.207.580 sociedades en nuestro país, de las cuales 2.922.920 son PYMES que no cumplen este objetivo de trabajadores.
El 91% de las empresas de este país no responden al objetivo fijado por la ley para crear un sistema de movilidad sostenible. Con ese 9% restante, el Gobierno aspira a aumentar la productividad de las empresas en un 3% en la próxima década.
¿Cómo lo conseguirá con tan pocas sociedades implicadas y únicamente fomentando el transporte sostenible entre sus empleados? Vehículos compartidos, rutas o costear el abono transporte de los trabajadores son las opciones más barajadas actualmente.
Además, las empresas que se vean obligadas por el Ejecutivo a realizar este plan consensuado de sostenibilidad, deberán elaborar un informe de seguimiento dos años después de su entrada en vigor acerca del nivel de implantación de dichas medidas. Veremos qué resultado termina dando estas medidas tan deseadas por el Ejecutivo.
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Socialismo hasta para moverse. Derechos individuales inalienables conculcados por analfabetos como Óscar Puente