La procura sigue siendo una profesión bastante desconocida. Los procuradores son una pieza fundamental en el engranaje judicial que sirve como nexo entre los tribunales y los usuarios, ejercen una labor esencial para que los ciudadanos puedan disfrutar de su derecho básico: contar con una asistencia justa y eficaz en sus comunicaciones procesales. Esta profesión, cuyos orígenes se remontan siglos atrás, cuenta con miles de trabajadores en España. Muchos de ellos, cercanos a la edad de jubilación, miran con temor su futuro al observar las precarias condiciones con las que están obligados a sobrevivir algunos de sus antecesores.

Tras décadas de trabajo, algunos de estos profesionales de este sector han tenido que conformarse con "míseras" pensiones que apenas les permiten llegar a fin de mes. Mientras tanto, otros, superando ya los 65 años de edad, siguen yendo al despacho cada mañana. "Morir dando carpetazos", le llaman.

María Ángeles, Alicia, Lola y Julia, procuradoras de profesión, cuentan a Vozpópuli sus historias. Vidas muy diferentes y separadas, pero con un nexo en común: sus pagos a la mutualidad no les han permitido jubilarse con dignidad. "Engañadas", "indefensas" y "víctimas de una estafa" que comenzó hace ya más de tres décadas, así se sienten miles de abogados y procuradores, que llevan años dando su dinero a la mutualidad.

María Ángeles vive sola en casa, sin pareja y sin hijos, y cuenta con una pensión de 425 euros al mes. Esta mujer, de 70 años, tiene que sobrevivir con un pago mensual muy por debajo de la pensión mínima que ofrece la Seguridad Social y sin la ayuda de familiares cercanos. Después de más de 40 años en el sector, anhela que el movimiento promovido por las nuevas generaciones de la abogacía y la procura acabe con el sistema de la mutualidad que le ha condenado a vivir con unos ingresos mínimos.

"Ojalá los que vienen ahora puedan cambiar las cosas, porque a nosotros no nos dieron esa opción. Cuando nos ofrecieron pasarnos a la Seguridad Social ya era tarde, no quería perder los 21 años que yo llevaba pagando a la mutualidad"

Algunos procuradores viven con pensiones que no superan los 300 euros

María Ángeles cuenta, además, con una incapacidad total permanente que le impide poder seguir trabajando, por lo que se ha visto obligada a recibir la ayuda de una fundación que le permite superar los 300 euros mensuales que recibe de la mutualidad. La enfermedad degenerativa que le aflige desde hace años "no apareció de repente", explica, por lo que antes de solicitar la incapacidad se vio obligada a seguir trabajando durante un tiempo. "En esta situación de precariedad, qué tendría que hacer, ¿vender mi casa? No nos lleva a la pobreza, nos llevan a la indigencia", sentencia.

La historia de Alicia es la historia de una mujer enamorada de su profesión, madre de tres hijos, que a sus 81 años sigue ejerciendo como procuradora. Alicia tiene a su cargo a su hijo pequeño, con síndrome de Down, por lo que seguir trabajando le permite contar con unos euros extra que le ayudan a sacar su casa adelante.

"Me jubilé hace dos o tres años de la mutualidad, por la que recibo 553 euros y sigo trabajando. He dado mucho dinero a ganar a la mutualidad con mis presentaciones, hasta los 74 años, y ahora me pagan por debajo de la gente que no ha llegado a cotizar nunca"

Sin embargo, Alicia cuenta que le gusta trabajar y, ahora, puede permitirse rechazar algunos encargos. Mientras tanto, al llegar a casa se ocupa de su hijo que depende de ella y necesita de sus cuidados. "No es normal que con 81 años te tenga que llamar desde un despacho o cuadrar una cita entre reunión y reunión del AMPA, pero es así. A mi edad sigo trabajando y criando, pero siempre con energía", detalla.

Al igual que ella, Lola, de 68 años, sigue con la carpeta bajo el brazo. Las condiciones que le ofrece la mutualidad le han cerrado las puertas de su ansiedad jubilación. "Tenía dos opciones, bien 290 euros vitalicios, o sólo 10 años con 620 euros, por lo que tengo que seguir trabajando. No me he podido jubilar", explica apesadumbrada.

Bajas laborales

Lola denuncia, además, las condiciones que ha tenido que sufrir durante todos estos años, sin la posibilidad de poder cogerse una baja, ni siquiera cuando tuvo que dar a luz: "Yo tuve a mi hijo y ese mismo día estaba firmando en el hospital. Al día siguiente, me fui con los puntos de la cesárea al juzgado". Esta procuradora dice sentirse "engañada" desde el principio, por un sistema (la mutualidad) que les ha dejado sin opciones.

"Todos confiábamos en los beneficios de la mutualidad. Ahora, nos damos cuenta de que nos han fallado totalmente, nos han estafado"

En la misma línea, Julia, de 67 años, sigue los pasos de su compañera, y seguirá ejerciendo un tiempo más, mientras termina de liquidar su despacho. Por suerte, esta procuradora cuenta con otros ingresos que le permitirá jubilarse, a pesar de las pobres prestaciones que le ofrece la mutualidad. Sin embargo, durante décadas, Julia ha sido testigo de como muchos de sus compañeros no se jubilaban. "Yo siempre decía, en esta profesión no se jubila nadie. La gente no se jubilaba, claro, entre otras cosas, porque las pensiones eran y son mínimas. Ahora lo entiendo", describe.

Entre los momentos más delicados de su carrera, Julia recuerda el día en el que su marido sufrió una embolia. Tras un fin de semana en el hospital, "tuve que regresar a Madrid ese mismo lunes. Fui juzgado por juzgado para explicarle a la secretaria y a los jueces lo que me había ocurrido y pedirles que no me enviaran notificaciones.

Traspaso al sistema RETA

Dicho sobreesfuerzo, con el que no tienen que luchar profesionales de otros sectores, deriva de las características de una profesión sacrificada y desconocida, cuyos trabajadores no han podido contar con las prestaciones que ofrece la Seguridad Social.

Miles de afectados como María Ángeles, Alicia, Lola y Julia denuncian que las coberturas que proporciona la Mutualidad son insuficientes y que este sistema, cuyos rendimientos económicos que obtienen dependen -principalmente- de inversiones, lo que provoca que las pensiones destinadas para muchos abogados y procuradores no superen los 400 euros.

Existen infinidad de casos con características únicas cada uno de ellos, que convierten a esta realidad en una compleja problemática que necesita la implicación de expertos y la coordinación de varios ministerios. Por ello, el Movimiento J2 o la asociación ANAMA (Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía) proponen al Gobierno crear una pasarela de las mutualidades al sistema RETA.

Las últimas concentraciones y manifestaciones han ubicado esta problemática en el centro del foco mediático, lo que ha obligado a que diferentes grupos políticos y miembros del Gobierno se sienten en la mesa con los afectados para iniciar un proceso de transición.

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