El Partido Socialista ha presentado ante la Audiencia Nacional un escrito en el que defiende su personación en el 'caso Koldo' e impugna los recursos presentados por Hazte Oír, Asociación Liberum, Iustitia Europa y Vox. El pasado 28 de noviembre el juez Ismael Moreno aceptó la personación del PSOE como acusación popular en la causa por el cobro de comisiones en la compra de mascarillas en pandemia, decisión que fue recurrida por el resto de las acusaciones populares (a excepción del PP) argumentando que su intervención podría desviar la atención sobre su posible implicación en los hechos investigados.
Tras las declaraciones de Aldama en sede judicial, la entrevista de Carmen Pano en El Español, en la que aseguró haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE, levantó todo un huracán sobre Ferraz. En consecuencia, varias de las acusaciones alegaron que la personación del partido liderado por Pedro Sánchez podría suponer un conflicto de intereses tras las revelaciones hechas por la empresaria. Iustitia Europa, además, pidió al juez que citara a ella y a su hija, Leonor María González Pano, como testigos al entender que su testimonio podría arrojar luz sobre los supuestos pagos en la sede del PSOE a petición de Víctor de Aldama.
El Partido Socialista sostiene en su escrito que el argumento defendido por los recurrentes no tiene mucho recorrido. En la misma línea, defiende que la declaración de Carmen Pano se enmarca más en una "estrategia defensiva" y que, además, "ha sido cuestionada y negada por otros miembros de la trama".
La representación letrada del PSOE afea a los recurrentes la intención de traer a la causa como testigo a una persona que habría reconocido, según los medios de comunicación, "su implicación en un delito de cohecho". En este sentido, la formación defiende que la investigación sobre supuestas mordidas en los contratos para la compra de mascarillas tiene por objeto esclarecer qué han hecho los encausados y no tanto lo que los estos han dicho en su defensa, "en un relato legítimamente orientado por una utilidad estratégica".
En este sentido, utiliza las confesiones de la empresaria para reforzar la legitimidad de su personación en la causa. "El ejercicio de la acusación, por lo demás, no sólo es compatible, sino que impone como carga la lucha por impugnar y desmentir los argumentos falsos de descargo con cuales los responsables del delito pretenden exculparse o buscar el cobijo de terceros. Y si con estos argumentos falsos se denigra a mi mandante, pues estará en su derecho de ejercer las oportunas acciones en defensa de su buen nombre y de la verdad", sentencia.
Sobre la demanda del resto de acusaciones populares en la que apuntan que la única intención del Partido Socialista para personarse en la causa estaría motivada por obtener un acceso privilegiado a información procesal, la formación subraya que carece de sentido puesto que "los medios de comunicación ofrecen a diario un seguimiento bastante razonable de las actuaciones". De esta forma, añade que también se filtra a los medios escritos, iniciativas e incluso las declaraciones grabadas de los investigados.
Carmen Pano sostiene que entregó 90.000 euros en efectivo en Ferraz
El escrito del PSOE llega después de que la empresaria Carmen Pano asegurase en los medios que entregó 90.000 euros en efectivo en la segunda planta de Ferraz. Según su versión, la única credencial que presuntamente presentó para poder acceder con el dinero a la sede de los socialistas fue decir que iba de parte de Víctor de Aldama.
La empresaria, que ya ha sido citada a comparecer en la comisión de investigación del Senado, dirigía junto a su hija la empresa Have Got Time, dedicada a la comercialización de hidrocarburos, y que contó con los servicios de Aldama como asesor. Dicha compañía fue señalada por la UCO como la entidad que financió la compra del chalet de la Alcaidesa, aunque no se ha vinculado su actividad con el fraude del IVA investigado por el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional.
En varios informes de la UCO, se sitúa a Have Got Time como la empresa que se hizo cargo de la compra del chalet de Ábalos y que gestionó su posterior desahucio. Según se detalla en el sumario del 'caso Koldo', la compañía llegó a enviar un burofax dirigido al exministro socialista en el que se le solicita el abono de un alquiler correspondiente a los meses de agosto, septiembre octubre y noviembre de 2021. La empresa había decidido no hacerse cargo de los gastos de la vivienda, por lo que si no abonaba un alquiler se le instaba a abandonar el inmueble.
Asimismo, según se desprende del informe de la Guardia Civil, Claudio Rivas, el socio de Aldama que continúa en prisión por el caso de los hidrocarburos, estaría vinculado con la actividad de la empresa en la sombra. Tanto es así que, una vez que la empresa envía la petición de pago a Ábalos, Rivas se dirige a Aldama para tramitar la salida del entonces ministro de Transportes del chalet.
En paralelo, el magistrado instructor Leopoldo Puente continúa avanzando en las pesquisas relacionadas con los vínculos del diputado José Luis Ábalos con la trama. Este jueves, el exministro socialista comparece en el Tribunal Supremo después de comunicar su intención de declarar de forma voluntaria y evitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados.
