La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, tiene indicios sobre la mesa para investigar al hermano de Pedro Sánchez y otras ocho personas por delitos contra la Administración Pública. En el auto en el cual acuerda mantener las citaciones de todos ellos ha dejado claro que el procedimiento ha evolucionado desde su inicio en junio y que bajo ningún concepto se está ante una "investigación prospectiva".
De hecho, sostiene que "el objeto de la instrucción es mutable" y que no puede quedar anclada a los hechos denunciados en su inicio. Cabe recordar que la causa echó a andar antes de verano a raíz de una denuncia interpuesta por Manos Limpias en la que pedía que se investigara la adjudicación a David Sánchez de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de Música en la Diputación de Badajoz y también un presunto enriquecimiento ilícito.
En relación con este último punto, la UCO ha determinado recientemente que no hay indicios de que posea 1,4 millones de euros en acciones del BBVA y que este cálculo pudo deberse a un error en la valoración de estos productos. La Guardia Civil se suma de esta manera a la Agencia Tributaria, desde donde también se exoneró al músico. Pese a ello, los investigadores han puesto ahora el foco en otra de las aristas de la causa que es la relativa a la creación de la plaza de alta dirección que obtuvo en 2017. Del mismo modo, indagan también el cambio de nomenclatura que supuso su ascenso a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, sin que se impulsara ningún procedimiento interno.
Mantiene los interrogatorios
Por todo ello, la juez recuerda a David Sánchez que la causa sigue adelante y que la fase de instrucción está destinada a practicar las diligencias que se consideren necesarias. De esta manera, niega que se estén vulnerando sus derechos o que no haya soporte suficiente como para seguir adelante con el procedimiento, el cual mira ya a los interrogatorios de Sánchez, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Gallardo, y otros siete imputados más. Al respecto insiste en que el interrogatorio de un investigado, lejos de vulnerar sus derechos, supone una garantía, dado que se le da la oportunidad de ofrecer su versión.
"Diariamente acuden a los Juzgados de Instrucción personas de toda índole, desde delincuentes habituales a profesionales de cualquier ámbito técnico o jurídico, todo ello en aplicación del principio de igualdad ante la ley. Toda persona, sea quien sea y se dedique a lo que se dedique, a la que se le atribuya la comisión de un hecho que pueda tener relevancia penal, es citada a declarar como investigado. Tanto es así, que es absolutamente extraordinario que se recurra una resolución donde se acuerda la declaración como investigados, y menos aún por quien no ostenta la defensa letrada de los mismos", reza la instructora.
Además, recuerda que no se ha causado indefensión a ninguno de los investigados, puesto que todos ellos han tenido conocimiento de la instrucción de la causa hasta este momento. De hecho, recuerda que decretó el secreto de sumario para incautar los correos corporativos de la Diputación si bien, una vez efectuada la diligencia, se dio acceso a las partes para que los tuvieran e su poder. Además, recuerda que en los autos dirigidos contra ellos se ha determinado "expresamente" el cargo que ha ocupado cada uno de los investigados y su "concreta participación".
Correos examinados "en su integridad"
"Estos correos han sido examinados en su integridad por esta juzgadora con anterioridad a decidir qué personas deben declarar como investigados, contenido que está al alcance del Ministerio Fiscal y de todas las partes personadas", determina el auto. La juez se refiere a las más de 60.000 comunicaciones corporativas incautadas por la Guardia Civil a altos cargos de la Diputación implicados en la creación de la plaza que se adjudicó el hermano del presidente del Gobierno. La Guardia Civil solicitó a la juez que le permitiera acceder a los correos enviados y recibidos entre el 1 de enero de 2016 -año en que se modificó la Relación de Puestos de Trabajo- y el 31 de diciembre de 2022.
En su solicitud, los agentes expusieron que "habría tenido lugar una serie de actos preparatorios" de cara a sacar a concurso esta plaza pública y que "existirían comunicaciones" que evidenciarían sus sospechas. La juez accedió tras acotar el espacio temporal de los correos corporativos, mientras que los afectados recurrieron la medida al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales. Es el caso del diputado socialista en la Diputación de Badajoz, Francisco Martos Ortiz, que requirió a la juez que destruyera dichas fuentes de prueba alegando que se había actuado de manera prospectiva.
Sobre este punto la juez se pronuncia en su última resolución para recordar que sus principales líneas de actuación han sido confirmadas por la Audiencia Provincial de Badajoz, la cual sostiene "que expresamente ha descartado la existencia de una investigación prospectiva". La UCO destacó en su informe que hubo un cambio de criterio con la creación de esta plaza, a tenor de los 'mails' estudiados. En ellos se constata cómo el presidente de la Diputación trasladó a una diputada del Área de Cultura que el coste de personal incluido en los presupuestos de 2017 le parecía "excesivo".
Pese a ello, tres días después de aquella comunicación, el 8 de octubre de 2017, cambió de parecer e incluyó la creación de un puesto de alta dirección en el seno del Conservatorio Superior de Música, lo que supuso una modificación del presupuesto de 1230.000 euros. Destaca también que el entonces director del Conservatorio Superior de Música, Evaristo Valentí y la directora del Conservatorio Profesional de Música, Yolanda Sánchez, respondieron que era de agradecer pero que no la consideraban imprescindible, toda vez que había prioridades más urgentes que atender. Con todo, la UCO sigue investigando quien dio la orden concreta de la creación de este puesto.
