La Fiscalía Provincial de Badajoz ha recurido el auto por el que el Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz acordaba la citación del hermano de Pedro Sánchez en calidad de investigado, al considerar que en la causa no hay no se concretan los "comportamientos concretos con trascendencia penal" para cada uno de los investigados. En consecuencia, el Ministerio Público pide a la jueza "determinar los hechos concretos" para imputar a cada uno de los imputados. 

Según recoge el auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el Ministerio Fiscal sostiene que en la resolución judicial recurrida no se exponen los "indicios existentes" contra cada una de las personas citadas. "No hay en la causa, ni por remisión a otras actuaciones previas, una singularización de comportamientos con trascendencia penal para cada uno de los investigados, lo cual consideramos esencial para su defensa y es esa omisión la que, a nuestro juicio, debe ser resuelta con anterioridad al despliegue de declaraciones", reza el escrito. 

Entre las personas citadas por la jueza Beatriz Biedma se encuentran, además de David Sánchez, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo y otros siete altos cargos que presuntamente habría participado en la creación de la plaza del hermano del presidente del Gobierno. Según el Ministerio Público, para "garantizar la plena efectividad del derecho de defensa" el investigado debe saber la "naturaleza y causa" de la acción ejercida contra él y de los "hechos" que se le atribuyen.

Delitos contra la Administración Pública

En este sentido, la fiscal apunta a que en el auto recurrido ni siquiera se indican los delitos por los que se investiga a cada uno de ellos. "La genérica referencia que se realiza a los 'delitos contra la Administración Pública investigados' no puede colmar satisfactoriamente el derecho de defensa", sentencia. 

La fiscal recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo recoge que la valoración sobre el nivel de indicios ha de efectuarla el juez. "Las deducciones o inferencias, que tienen que ir precedidas de una cierta reflexión y valoración, pues no son autoevidentes, corresponden al juez de instrucción que no puede ni delegarlas ni asumir acríticamente las realizadas por otros. No desconfiar por sistema de la policía judicial —ninguna razón existe para ello— no significa abandonar en ella una tarea que es primordialmente judicial”. 

Cabe recordar que la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz decidió citar al músico al y a otras ocho personas más en calidad de investigados después de recibir el informe de la UCO relativo al análisis de los correos incautados en el registro de la Diputación de Badajoz. La juez apuntaba en su escrito a la existencia de "indicios racionales de delitos contra la Administración Pública" tras la remisión de dichos emails.

Entre los imputados, además del hermano de Sánchez y el presidente de la Diputación, se encuentran la exdirectora del área de cultura Elisa Moriano; la entonces diputada de Cultura de Badajoz, Cristina Núñez Fernández; la que fuera responsable del área de Recursos Humanos, Juana Cintas; el exjefe de Servicio de Actividades Culturales, Manuel Candalija; el entonces jefe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos, Félix González, la exdirectora del Área de Cultura, Emilia Parejo y Francisco Martos, diputado delegado del área de Cultura y Deportes. 

En paralelo, la jueza aprobó una batería de diligencias entre las que destaca un nuevo oficio a la Diputación de Badajoz para que aporte el reglamento por el cual se modificó la Relación de Puestos de Trabajos (RPT). La instructora pone el foco en el ascenso del músico a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas y bajo qué términos se produjo el cambio de puesto. 

• Tags
• Pedro Sánchez
• Badajoz