¿Existen aún las redadas racistas en España? Sobre el papel, no, pero una reciente respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria de IU parece sugerir lo contrario. Según estos datos, a los que ha tenido acceso Vozpópuli, desde mayo de 2012, fecha en la que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, emitió una circular interna en la que prohibía expresamente las "actuaciones masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos", hasta enero de 2013 han sido identificadas en España 27.107 ciudadanos. De ellos, un 53,5% era de origen extranjero. Un porcentaje sólo tres puntos inferior al que existía antes de la medida, que era del 56,2%. La población de inmigrantes supone sólo el 12% del total de residentes en nuestro país.
El porcentaje de identificaciones callejeras de extranjeros ha descendido sólo tres puntos desde la entrada en vigor hace casi un año de la circular de la Policía que prohibía las redadas racistas
Además, una parte importante de estas identificaciones callejeras a extranjeros en estos últimos ocho meses tuvieron como protagonistas a nacionales de países con rasgos étnicos muy diferenciados, siempre según los datos de Interior facilitados a IU. Así, un tercio de los 14.499 inmigrantes a los que se les pidió la documentación en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana, era africanos. En concreto, 4.509. De ellos, el grupo más numeroso lo componían los marroquíes (2.001), seguidos por senegaleses (654), nigerianos (451) y argelinos (337). Los asiáticos fueron 2.290 y, entre ellos, destaca el colectivo paquistaní: casi la mitad, en concreto 1.019, procedían de este país. A mucha distancia quedan los chinos (534), indios (298) y bangladesíes (247).
Los originarios del continente americano a los que se les requirió la documentación en la calle o lugares públicos durante este mismo periodo fueron 2.719, repartidos en 26 nacionalidades distintas. De ellos, destacan por su número los ecuatorianos (626), colombianos (415), bolivianos (336) y dominicanos (253), los colectivos inmigrantes del otro lado del Atlántico más numerosos en España. De los europeos, además de los españoles (12.680), destacan los rumanos, 2.824. A mucha distancia quedan el resto de nacionalidades, algunas de las cuales, como británicos (90) y franceses (116), son casi 'residuales' pese a las importantes colonias de residentes existentes en nuestro país. De Oceanía, la cifra es anecdótica, ya que sólo se identificó a 13 personas.
Por comunicades autónomas, Madrid es con diferencia en la que el Cuerpo Nacional de Policía realizó mayor número de identificaciones en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana. En concreto, 6.244, lo que supone un media de 26 díarias en los ocho meses que lleva en vigor la circular de Cosidó contra las redadas racistas. Le siguen Andalucía (5.162), Comunidad Valenciana (3.593) y Cataluña (2.879). El informe remitido por Interior a IU destaca que en este periodo la Policía no ha realizado ninguna de estas identificaciones en Vizcaya y sólo 93 en el resto de Euskadi, donde a pesar del despligue de la Ertzaintza la competencia en Extranjería sigue siendo del Cuerpo Nacional de Policía.
Queja de la Defensora del Pueblo
La polémica sobre la supuesta existencia de redadas racistas surgió durante el anterior gobierno socialista. Entonces, salió a la luz pública que en determinadas unidades policiales sus responsables fijaban cupos de arrestos de ciudadanos extranjeros para inflar las estadísticas de eficacia. La llegada del PP al poder no amainó la críticas de los colectivos ciudadanos y, en febrero de 2012, la entonces defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, se dirigió a la Dirección General de la Policía para pedirle la adopción de medidas tendentes a "erradicar" la "práctica policial detectada" por la que se realizaban controles callejeros de identidad "basados en perfiles étnicos y racionales".
De los 14.499 inmigrantes identificados por los agentes en controles callejeros en los últimos ocho meses, un tercio era de origen africano
Tres meses después, el máximo responsable policial, Ignacio Cosidó, emitió la circular en la que ordenaba a los agentes realizar identificaciones sólo de aquellas "personas que infundan sospechas" y recordaba el "carácter selectivo" de estas operaciones de "control e identificación de personas en la vía pública o establecimientos públicos". Desde entonces, sin embargo, diversos colectivos ciudadanos de apoyo a los inmigrantes han seguido denunciando la supuesta existencia de estos controles con criterios raciales. Ello llevó al diputado de IU Ricardo Sixto a solicitar el pasado mes de enero al Gobierno los datos sobre el número y, sobre todo, nacionalidad de las personas identificadas en estos controles preventivos, que son los que Interior ha remitido ahora al Congreso.
IU ya había registrado en marzo de 2012 una proposición no de ley, pendiente aún de ser debatida en el pleno de la Cámara baja, en la que se exigía "el cese inmediato de las redadas policiales basadas en rasgos étnicos y raciales". En su exposición de motivos, la coalición de izquierda destacaba entonces que estas actuaciones policiales "lamentablemente continúan siendo usuales en los barrios con alta concentración de población migrante" de las grandes ciudades y calificaba de "absolutamente injustificable" la "criminalización de personas por sus rasgos físicos". Fuentes de IU destacan a este diario que los datos remitidos ahora por el departamento de Jorge Fernández Díaz confirman sus sospechas de que esta actuaciones se mantienen.
