En el PP ha causado indignación que la Fiscalía Anticorrupción apenas tardara tres días en solicitar al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la inadmisión de la querella que han presentado contra el PSOE por presuntos delitos de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Una decisión que, a ojos de los populares, Anticorrupción tomó fruto de "las prisas" por "tapar la corrupción" que acecha al Gobierno de Pedro Sánchez. 

"Es de tal envergadura y es tan grave esta información, que nos parece razonable que sea también investigada por la Justicia, que se abra una nueva pieza, y que esta presunta financiación irregular se investigue", manifestó Borja Sémper, portavoz nacional del PP, el pasado lunes a las puertas de la Audiencia Nacional, a donde acudió físicamente para registrar una querella basada en el testimonio anónimo dado a The Objective por un presunto socio de Víctor de Aldama, cerebro del caso Koldo. "No es normal que se pronuncien en 72 horas estando, además, Pedraz de vacaciones esta semana", se lamentan fuentes de Génova.

"Nosotros llevamos 90.000 euros a Ferraz porque Aldama no podía, fueron dos pagos en efectivo en octubre de 2020 y los llevamos en una bolsa de plástico dentro de una bolsa de cartón, 45.000 euros en cada ocasión", afirmaba de forma anónima, voz distorsionada, cara cubierta, el empresario en una información publicada el 10 de octubre. Un testimonio de honda gravedad política que, subrayan fuentes de Génova, no ha sido negado categóricamente por ningún dirigente socialista. "La prueba de carga la tiene que tener quien la tiene que tener: si alguien ha dicho que ha estado aquí, que lo demuestre", se limitó a decir el pasado lunes Esther Peña, portavoz nacional del PSOE. 

No obstante, otras voces consultadas recuerdan la poca confianza que los populares depositan en la Fiscalía General del Estado. "No nos fiamos mucho de la Fiscalía, también informó en contra del caso Begoña Gómez, por lo que no es una cosa que nos preocupe", dicen sobre la posibilidad de que Pedraz valide el rechazo mostrado por Anticorrupción y no admita a trámite la querella. "Nadie del Gobierno ha negado la presencia de este señor en la sede del PSOE", insistían a Vozpópuli desde el equipo de Alberto Núñez Feijóo. La estrategia del principal partido de la oposición es clara: ejercer la acusación particular en el caso Hidrocarburos igual que han hecho en el caso Koldo para, así, tener acceso de primera mano a la investigación. 

Se trata de una decisión tomada por el Comité de Dirección del partido el pasado domingo, cuando Feijóo reunió a su cúpula para decidir la respuesta política a una información que el PP considera que tiene un formidable valor. Consultada la asesoría jurídica del partido, se decidió la vía de la Audiencia Nacional como la adecuada. Fue la secretaria general, Cuca Gamarra, la encargada de informar a la opinión pública en una rueda de prensa enfocada, en pleno descanso dominical, en la corrupción que acecha las costuras del Gobierno.

En Génova, no obstante, asumen la posiblidad de que Pedraz, magistrado titular del juzgado central de instrucción número 5 de Audiencia Nacional, no admita a trámite la querella al no considerar suficiente la conexión de la querella con la causa. "Nuestra obligación es amplificar el daño al Gobierno", consideran desde el entorno de Feijóo. Un parecer compartido en el grueso de la bancada, donde asumen la posibilidad de que esta vía sea taponada por la Audiencia Nacional. Una pequeña victoria para Sánchez, una posible espita de oxígeno, que los populares consideran que se pueden permitir habida cuenta de que el Gobierno tiene "mil frentes abiertos".