Más allá de mantener viva la afrenta soberanista, Convergencia encara su nueva etapa de Gobierno con un programa de izquierda radical que en nada tiene que ver con los criterios económicos defendidos por el nacionalismo durante las casi tres décadas que ha gobernado Cataluña desde el arranque de la Transición. Fuentes de Convergencia achacan en privado esta situación a las concesiones que Artur Mas ha ido haciendo en los últimos años a Esquerra Republicana y, en los últimos meses, a la CUP para conseguir una investidura que, finalmente, ha rentabilizado de forma sorpresiva el alcalde de Gerona, Carlos Puigdemont.
El plan de Gobierno de Puigdemont mezcla la ruta soberanista con el programa económico defendido por la CUP
Antes de asumir el abandono estratégico de Mas, Convergencia había perdido la esperanza de volver a disfrazar su desplome electoral a través de una coalición con los republicanos, como hizo el pasado 27 de septiembre, algo que no pudo repetir en las elecciones generales del 20 de diciembre. En el nuevo Congreso que se constituirá a partir de este miércoles, los nacionalistas catalanes tendrán 8 diputados, frente a los 9 de ERC, prueba fehaciente de que el sorpasso ya se ha producido. Convergencia dio por hecho que el líder de esta última formación, Oriol Junqueras, no cedería y ensayaría una alianza de izquierdas con la CUP dejando tirado a Mas, circunstancia que hubiera obligado a reelaborar en menos de un mes su oferta electoral. El acuerdo hacia la independencia pactado a varias bandas en noviembre y resucitado este domingo por Puigdemont en su investidura es, precisamente, el que ahora va a reactivar el ala más independentista de su formación y el que deja a los nacionalistas en el terreno donde acostumbra a jugar la izquierda radical y antisistema, algo que puede acabar siendo su tumba haciéndoles perder los apoyos que todavía retienen a duras penas en el mundo económico. La deuda de Cataluña supera los 64.000 millones de euros, lo que la impide poder financiarse de forma autónoma en los mercados.
Renta mínima y servicios gratis
El plan de choque que Convergencia ha acabado asumiendo para hacerse con el favor de la CUP a la investidura de Puigdemont incluye medidas para impedir que las familias que no paguen el agua, la luz y el gas queden sin estos servicios, la prohibición de los desahucios por causas económicas, viviendas de alquiler para los que no puedan acceder a una en propiedad, el derecho a una renta mínima de inserción para todos los hogares sin ingresos, ayuda para todos los dependientes, guarderías públicas para todas las familias que no puedan pagarlas, cancelación de deudas a las personas con problemas para hacerlas frente y la fijación del salario mínimo en 1.000 euros mensuales. El plan solo cuantifica en parte el coste de estas iniciativas, aunque prevé una subida de impuestos para financiarlo y también la renegociación con las empresas privadas de todas las concesiones públicas, al menos de las que constituyen “un pago excesivo” en tipos de interés. La futura banca pública catalana que Puigdemont ensalzó en su discurso, tendrá un importante papel en el desarrollo de esta hoja de ruta.
El plan no precisa cobertura financiera en una comunidad donde la deuda sobrepasa los 64.000 millones
Fuentes nacionalistas confiesan que buena parte de estas propuestas responden a una “bajada de pantalones” frente a la CUP, asumida como mal menor para facilitar una investidura que, finalmente, no ha podido protagonizar Artur Mas. De haberse celebrado nuevas elecciones, aseguran en Convergencia, lo lógico hubiera sido que buena parte de este programa lo asumiera Esquerra Republicana, dispuesta a trenzar una alianza con la CUP y con Iniciativa para concurrir a los comicios dentro de un bloque de izquierdas en el que no descartaba incorporar también a los socialistas catalanes.
El portavoz del PSC, Miquel Iceta, esquivó en el debate cualquier alusión a esta posibilidad. Aunque el tripartito que José Montilla presidió entre 2006 y 2010, integrado por el PSC, ERC e Iniciativa, dejó muy mal sabor de boca en el PSOE, un sector del socialismo catalán no desechaba la posibilidad de volver a repetir la experiencia, a pesar de que trajo consigo una secuencia electoral desastrosa para los intereses de su partido en esta comunidad y en el resto de España.
Ahora, es evidente que Convergencia no desandará desde la Generalitat el camino recorrido para defender la creación de un Estado propio, compromiso que incluye la proclamación de la independencia y la “desconexión” paulatina del ordenamiento jurídico español con iniciativas que abarcan un amplio abanico e irían desde la creación de un departamento de Exteriores y de un servicio de inteligencia hasta la creación de pasaportes propios.
Un sector del PSC contempló ir junto a ERC y la CUP en el bloque de izquierdas pensado para nuevas elecciones
Después de esta primera fase, el acuerdo por la independencia incluye una segunda “de carácter institucionalmente constituyente” que comprende la celebración de unas nuevas elecciones, la culminación del proceso de creación del Estado independiente con la aprobación de la Constitución y su ratificación mediante referéndum. Es evidente que al Tribunal Constitucional y al nuevo Gobierno que salga finalmente del 20-D o de otras elecciones, le aguarda mucho trabajo.
