El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha elevado la condena de 5 años que le fue impuesta a la policía local Raquel Gago por encubrimiento del asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco a 12 años al considerarla cómplice. Por este asesinato ya habían sido condenadas como autoras Montserrat González, a la que se le impuso una pena de 22 años, y su hija Triana Martínez, que deberá cumplir 20 años de reclusión.
La Audiencia de León había absuelto del delito de asesinato a Raquel Gago, en contra del veredicto del jurado y de la posición mantenida por la Fiscalía, al asumir el tribunal que las preguntas que debía responder el jurado estuvieron mal formuladas, por lo que la condenó a cinco años de prisión por los delitos de encubrimiento y tenencia ilícita de armas.
La sentencia de la Audiencia de León no consideró a la agente de la policía local cooperadora en el crimen, según estableció el veredicto del jurado popular, aunque sí encubridora, por lo que la condenó a una pena de tres años de cárcel -de la que hay que descontar los ocho meses que pasó en prisión preventiva- y a dos años por tenencia ilícita de armas. El tribunal consideró así que el objeto del veredicto del jurado no estuvo bien planteado, un error del que se responsabilizó en exclusiva el presidente-magistrado del tribunal, Carlos Álvarez.
La Audiencia de León había absuelto del delito de asesinato a Gago, en contra del veredicto del jurado
Básicamente, el tribunal entendió que algunas de las más de ochenta preguntas que se le entregaron al jurado para que contestase y cuyas respuestas tenían que ser la base de veredicto no estaban bien formuladas. Al respecto, precisó que ese incorrecto planteamiento dio pie a que el jurado incidiera en la calificación jurídico-penal de los hechos que declara probados, algo para lo que carece de toda competencia.
Ahora, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL ha atendido el veredicto del jurado que declaraba a Raquel Gago culpable de la muerte de Isabel Carrasco por haber contribuido a llevarla a cabo en ejecución de un plan conjunto preconcebido, mediante actos de colaboración no constitutivos de autoría. Así, el Alto Tribunal no ha podido convalidar una condena solo por el encubrimiento -que el jurado ya desechó- y le ha impuesto una pena de 12 años de prisión por complicidad en el asesinato.
Cómplice del delito de atentado contra la autoridad
El Tribunal, de acuerdo igualmente con el veredicto del jurado, ha condenado a Raquel Gago como cómplice del delito de atentado contra la autoridad que también constituye la muerte de Isabel Carrasco y que se incluye en la pena impuesta. En cuanto a la petición de la Fiscalía y las acusaciones particulares sobre el ingreso en prisión de Raquel Gago, actualmente en libertad provisional, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL ha indicado que no es el momento de resolver este asunto y que habrá que esperar a que la sentencia dictada resulte firme o se interponga contra ella recurso de casación.
Por otra parte, el TSJCyL absuelve a Gago del delito de tenencia ilícita de armas, ya que precisa que el principio constitucional de presunción de inocencia no permite dar por probado que tuviera contacto con ninguna de las armas relacionadas con el crimen hasta que recogió la empleada en el asesinato, pero no para hacerse cargo de ella sino por cuenta ajena y para hacerla desaparecer.
La defensa de Montserrat González pidió su absolución argumentando que padece "un trastorno delirante"
Por otra parte, la sentencia del TSJCyL confirma en todo lo demás lo que la Audiencia Provincial de León dictó en su día acogiendo los recursos de las acusaciones y desestimando las de las otras dos condenadas. La defensa de Montserrat González y de su hija solicitó la libre absolución de sus patrocinadas y, en el caso de la primera, argumentó que padece "un trastorno delirante", por lo que los 22 años de cárcel a los que fue condenada se deberían reducir, en el caso de que no quedara absuelta, por una eximente completa de enajenación mental.
En el caso de Triana Martínez, solicitó que en lugar de los veinte años de cárcel a los que la condenó la Audiencia de León se declararse su libre absolución al entender que se limitó a encubrir a su madre. Por su parte, el abogado de la policía local Raquel Gago también pidió la absolución porque "no tomó parte en ningún plan preconcebido" para asesinar a Isabel Carrasco y su participación en la desaparición durante más de veinte horas de la pistola que se utilizó para cometer el crimen fue "casual".
