La Fiscalía de Madrid pide archivar la querella contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por las cargas policiales que se produjeron en la Marcha de la Dignidad el 22 de marzo de 2014 en Madrid. Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el Ministerio Público se opone a imputar a la presidenta madrileña, que en aquella época ocupaba el cargo de delegada del Gobierno en Madrid, por considerar que los hechos no son constitutivos de delito. Se da la circunstancia de que la Fiscalía solicita el archivo sin que se haya realizado ninguna diligencia de investigación, ya que el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha pedido a la Asamblea de Madrid que acredite el cargo de Cifuentes antes de decidir si admite a trámite la querella.
Junto a Cifuentes figuran como querellados los directores generales de la Policía, Ignacio Cosidó, y de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y otros ocho responsables policiales
De hecho, la petición ha sorprendido a las partes que no ven serio que el Ministerio Público solicite el archivo de la causa, cuando fue la propia Fiscalía quien pidió al juez instructor que se dirigiera a la Asamblea para certificar el cargo de Cifuentes. Hasta 11 colectivos sociales vinculados a la organización de la marcha presentaron una querella en febrero de 2015 contra Cifuentes y otros mandos policiales derivada de los referidos disturbios. Cifuentes calificó hace unas semanas de "mundo al revés" la querella presentada contra ella "por un grupo de manifestantes radicales" que participaron en la marcha, "un auténtico disparate" que "carece del más mínimo fundamento".
La hoy presidenta recordó que aquel día "un grupo de manifestantes agredió brutalmente a la policía, resultando heridos 67 agentes", y causaron "enormes daños" a comercios, mobiliario urbano, cajeros y establecimientos del Paseo de Recoletos. "Aún recuerdo la tremenda imagen de un reducido grupo de policías rodeado por los violentos, que les lanzaban piedras, adoquines y trozos del mármol de las terrazas del café Gijón en un auténtico linchamiento, que pudo tener resultados fatales", afirmó.
44.000 euros de fianza
La acusación particular ha presentado un escrito de impugnación contra la petición de la Fiscalía por entender que sí que hubo delito y que es "inadmisible" que un año y cuatro meses después no se haya instruido absolutamente nada, señalan a Efe las fuentes. Y recuerdan que la causa no ha sido admitida a trámite aun ya que el juzgado exige 44.000 euros de fianza en total a los colectivos que presentaron la querella, que ya fueron depositados hace meses.
Junto a Cifuentes figuran como querellados los directores generales de la Policía, Ignacio Cosidó, y de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y otros ocho responsables policiales. Aquella noche resultaron heridos hasta 67 agentes policiales y se detuvieron a 29 personas por los altercados que se produjeron en la Plaza de Colón y en el Paseo de Recoletos. La querella fue presentada por la actuación policial en el dispositivo desplegado en las marchas de protesta por los "graves problemas que está sufriendo la ciudadanía del Estado español" organizadas ese día en Madrid. Para los querellantes, se cometieron delitos como la disolución ilegal de una manifestación, violación de derechos cívicos y constitucionales y prevaricación de los funcionarios públicos.
