Iustitia Europa ha ampliado su querella interpuesta ante el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska por la gestión de la DANA y ha incluido en la misma a Teresa Ribera. El partido pide al alto tribunal que investigue también a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico por los delitos de prevaricación por omisión y omisión del deber de socorro.
La formación la adhiere a la querella por su responsabilidad jerárquica sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ente encargado de planificar y gestionar los recursos hídricos en la cuenca del Júcar, y que no informó del caudal del barranco del Poyo hasta las 18.46 horas del martes 29 de octubre.
La ampliación de querella, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, determina que la CHJ reconoció en su Plan General de Riesgo de Inundación de 2023, "la falta de adecuación, encauzamiento y drenaje del barranco del Poyo" y que esta inacción agravó los efectos de la riada que se ha llevado por delante la vida de, al menos, 214 personas en la provincia de Valencia.
Omisión del deber de socorro
El escrito recoge la cronología de lo acaecido desde primera hora de aquel 29 de octubre y denuncia que pese a incrementarse en un 23% a las 12:09 horas en comparación con la anterior medición, la CHJ "no actualizó la alerta ni informó" al Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI). Ya a las 18.00 el caudal del barranco que se desbordó ascendió a 1.725 m³/s, pero no fue hasta las 18.43 horas cuando la CHJ informó oficialmente de un caudal de 1.686 m³/s en el Poyo.
La omisión de la Sra. Ribera es particularmente grave al no ejecutar acciones críticas bajo su deber de supervisión en una situación de riesgo extremo
La formación política -que fue la primera en querellarse por estos hechos contra el presidente del Ejecutivo- añade también que la CHJ "eliminó datos críticos del caudal del Poyo" alegando que se habían destruido los dispositivos de medición.
Del mismo modo, recoge también las discrepancias de lo ocurrido aquella tarde entre la ministra Ribera y Carlos Mazón, pues mientras la primera asegura que le costó cuatro llamadas poder contactar con el presidente valenciano, éste determina que hasta las 20.00 horas (esto es, cuando ya se estaba ultimando el mensaje de alerta a toda la población valenciana), no tuvo notificación alguna de la ministra.
Ribera, responsable de la CHJ
"La discrepancia en las versiones de ambos funcionarios refleja una falta de coordinación y comunicación efectiva durante una situación de emergencia crítica (...). Esta situación pudo haber influido en la eficacia de la respuesta institucional ante la DANA y sus consecuencias, reza la ampliación de querella, la cual recuerda que el CHJ es un órgano dependiente del departamento que dirige Ribera.
Por todo ello solicita que se le investigue en el alto tribunal por los delitos de omisión de socorro y prevaricación omisiva. "La responsabilidad de Ribera incluye la supervisión de la actuación de la CHJ en el marco de la prevención de riesgos de inundación y en la implementación de políticas adecuadas de protección y gestión de recursos hídricos (...). Su falta de intervención o la ausencia de directrices concretas en una situación de alto riesgo es una omisión de su deber de autoridad y supervisión", alega el escrito.
Al hilo, determina que la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece que los órganos competentes deben adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, planificar y responder de manera eficiente ante emergencias, por lo que entienden que Ribera debía haber supervisado que la CHJ realizada sus funciones de control y emisión de alertas en tiempo real.
Ampliación de la querella contra Mazón
"La omisión de la Sra. Ribera es particularmente grave al no ejecutar acciones críticas bajo su deber de supervisión en una situación de riesgo extremo. Las recomendaciones de la propia CHJ, previas a la DANA, alertaban sobre la necesidad de adecuación de infraestructuras y la falta de preparación del barranco del Poyo, lo cual no fue abordado a tiempo", indican.
En paralelo, el partido que preside Luis María Pardo ha ampliado la querella interpuesta contra Carlos Mazón tras conocerse que el 29-O comió con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de À Punt. Iustitia expone que, debido a esta cita, llegó con un retraso de dos horas a la reunión del CECOPI, "con la emergencia ya desbordada".
Del mismo modo, solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que le investigue también por el aviso tardío que se lanzó a los valencianos, puesto que para las 20.12 horas, el caudal del barranco del Poyo ya se había desbordado y había inundado progresivamente los municipios de Torrent, Pincaya, Paiporta, Benetússer, Sedaví, Massanassa y Catarroja. A día de hoy, son más de 70 los pueblos afectados.
