Este próximo martes se cumple un año del histórico comunicado en el que Juan Carlos I anunció a su hijo, Felipe VI, su salida de España después de que aflorasen los detalles de una donación saudí de 100 millones de dólares en 2008 a su nombre (65 millones de euros al cambio de la época), para lo cual creó en Panamá la Fundación Lucum, cuyos gestores fueron los suizos Arturo Fasana y Dante Canonica. Todo ello sin notificar dicho ingreso millonario a la Agencia Tributaria.
"Hace un año (2019) te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España", indicó el Emérito en dicho comunicado.
Juan Carlos I incidió entonces en que "con el mismo afán de servicio a España" que inspiró su reinado y ante la repercusión pública que están generando "ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada", deseaba manifestar a su hijo su "más absoluta disponibilidad" para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, "desde la tranquilidad y el sosiego" que requiere la "alta responsabilidad" de su hijo como jefe del Estado. "Mi legado, y mi propia dignidad como persona, así me lo exigen", remachó el rey emérito.
Pasados doce meses, don Juan Carlos sigue instalado en Emiratos Árabes Unidos en un apacible retiro, pero lejos de sus amigos y allegados. A principios de junio barajó la posibilidad de volver a España por unos días para acabar con la idea de que se encuentra en una especie de autoexilio. Además, creía que había llegado el momento de volver a España, aunque sea brevemente, una vez que había procedido a las dos regularizaciones fiscales ante la Agencia Tributaria.
Pero finalmente se descartó esa opción ya que la Fiscalía del Tribunal Supremo sigue investigando las dos regularizaciones que el monarca ha llevado a cabo desde Abu Dhabi. La primera de ellas fue en diciembre del año pasado, fue de 678.393,72 euros en relación al uso de tarjetas bancarias por parte del Emérito y sus familiares con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. El dinero se depositó ante la Hacienda madrileña al utilizar la vía de la regularización del impuesto de donaciones.
La segunda, en febrero, fue mucho más cuantiosa y ascendió a 4.395.901,96 euros, incluyendo intereses de demora y recargos. Recurrió a amigos para recolectar el dinero y su declaración voluntaria fue por ocho millones de euros en concepto de vuelos de una compañía de jet privados pagados por la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, desde antes de la abdicación a mediados de 2014 hasta 2018, cuando ya había perdido la inviolabilidad.
El Confidencial desveló en noviembre que el padre de Felipe VI utilizó el dinero de su primo para pagar más de una decena de vuelos privados por América del Norte, Caribe y Oriente Medio. Los viajes se produjeron entre 2009 y 2018, aunque fueron especialmente intensos tras su renuncia a la corona. En este caso, don Juan Carlos optó por regularizar dicho montante ante la Agencia Tributaria pues la vía elegida fue la del incremento de patrimonio en el IRPF durante varios ejercicios.
Juan Carlos I ve todo "bajo control"
Aunque Hacienda comunicó en mayo a Juan Carlos I la apertura de una inspección tributaria sobre su segunda regularización, el anterior jefe del Estado ha subrayado a sus familiares y amigos que esta investigación está "bajo control" ya que quedará acreditado, a su juicio, que la confesión dineraria fue completa y veraz. Además, mantiene que actuó correctamente antes y después de su abdicación en 2014. "No se arrepiente de nada", subrayaron entonces fuentes próximas al anterior jefe del Estado.
El padre de Felipe VI se sintió reconfortado cuando a mediados de mayo la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, rechazó que Juan Carlos I estuviera a la fuga o huido y aclaró: “Volverá cuando lo necesite o quiera”. También insistió en que el coste que supone para el Estado su estancia en Emiratos es el mismo que si residiera en España.
"No está encausado ante la justicia en este momento" y, por tanto, "está en la plenitud de la presunción de inocencia, como el resto de españoles, nos guste o no otras cuestiones que han sido reprobadas por una parte importante de la opinión pública, con razón", dejó claro Calvo en defensa de Juan Carlos I.
Además, precisó que su estancia en Abu Dhabi "no se financia con recursos públicos" y que sólo se sufraga con dinero público los sueldos de los tres asistentes que le ayudan, un gasto que sería similar en caso de que don Juan Carlos viviera en España.
La vicepresidenta primera también insistió en que el rey emérito cuenta en los Presupuestos Generales del Estado con esa ayuda asistencial en su condición de exjefe del Estado, "parangonable" a la que tienen los expresidentes del Gobierno, si bien no recibe ninguna retribución o pensión porque no tiene ninguna actividad pública ni ha cotizado durante sus años de príncipe o monarca.
Reproches "éticos y cívicos"
Los únicos reproches que deslizó Calvo en su comparecencia parlamentaria fueron los “éticos y cívicos” que se han hecho sobre don Juan Carlos y que, en su opinión, se podrían mantener “con razón por parte de la opinión pública” ya que el padre de Felipe VI no comunicó a la Hacienda pública algunos de los ingresos que se han conocido en los últimos meses.
Vozpópuli publicó en julio del año pasado varias informaciones que comprometían al rey emérito como el hecho de que regalase dos millones a Corinna Larsen para pagar el 30% de su mansión en Londres, o un millón a su también amiga Marta Gayá en 2011 para que tuviera una "vida decente". También es cuestionable que el entonces jefe del Estado retirase 300.000 euros justo la víspera del discurso de Navidad de 2011 en el que 'criticó' a Iñaki Urdangarin por el 'caso Noos'.
Precisamente, esta semana se ha conocido que Corinna demandó en diciembre a Juan Carlos I ante la Justicia británica por "vigilancia ilegal" desde 2012 hasta el momento en el que se presentó la denuncia, según el diario Financial Times.
En la demanda por acoso se incluye también a los servicios secretos españoles. La que fuera amiga íntima del anterior jefe del Estado apunta a amenazas y difamación dentro de un plan de "vigilancia ilegal encubierta y abierta" por parte de agentes enviados supuestamente por Juan Carlos I y el CNI. Por ello, reclama una indemnización así como una orden de alejamiento de 150 metros de sus residencias.
En su demanda, Corinna afirma que él "quería asegurarse de que ella y sus hijos estuvieran satisfechos", pero que al mismo tiempo "estaba preocupado de que su familia le desafiara ante cualquier cosa que le dejara en su testamento después de su muerte".
Por ello, Juan Carlos I le reclamó posteriormente la devolución de la donación de 65 millones de euros que le hizo desde la Fundación Lucum o que, en su defecto, "lo pusiera a su disposición para su uso", sugiriendo así un supuesto papel de testaferro. Sin embargo, ella se negó, por lo que el Emérito "la acusó falsamente de robar los fondos y la difamaron ante su familia y socios comerciales", entre ellos el rey Salman de Arabia Saudí y su príncipe heredero, Mohammed bin Salman.
Corinna pierde "decenas de millones"
A raíz de ello, Corinna sufrió una importante merma en sus ingresos como "consultora estratégica que trabaja con personas de alto patrimonio y con empresas líderes en todo el mundo". Esta supuesta pérdida de ingresos es lo que le lleva en la demanda a pedir una indemnización por daños y perjuicios. Si bien en la denuncia no se incluye ninguna cifra concreta, 'Financial Times' apunta que la exprincesa eleva dicha pérdida patrimonial a "decenas de millones de euros".
Corinna afirma que su relación sentimental con el Emérito concluyó en 2009 y que desde entonces, tanto el CNI de Félix Sanz Roldán como agentes enviados por el propio Juan Carlos I, le colocaron a ella y otras personas próximas "bajo vigilancia física", en la que incluye el uso de vehículos y personas de vigilancia, incursiones en las propiedades en las que residía y "el hackeo tanto de sus teléfonos como de sus ordenadores".
