El juez de Instrucción número 13, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha autorizado a la Policía Nacional acceder a nuevos correos electrónicos que los investigadores han hallado recientemente en el registro de la sede del Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT). Los agentes accedieron a las instalaciones de esta institución en busca de datos sobre la elaboración del censo que usó la Generalitat para la celebración del referéndum ilegal del 1-O.
Según el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado que investiga desde hace casi un año la organización de la consulta ilegal tras la denuncia de VOX y el abogado Miguel Durán, ha ordenado los trabajos a la Unidad de Investigación Telemática (UIT) que podrán "abrir, acceder y analizar cuantos datos e información obren en cada uno de los correos electrónicos intervenidos en el registro de IDESCAT" practicado el pasado 5 de diciembre por orden del Juzgado.
El auto, emitido el pasado jueves, explica que la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional informó de que entre la documentación incautada "se habían encontrado varios correos sin abrir por su destinatario y receptor del correo interesando autorización para su apertura". En ningún momento se precisa la identidad del titular de esa cuenta de correo electrónica.
Posible revelación de secretos
A la hora de justificar su decisión, el juez tiene en cuenta la inviolabilidad de las comunicaciones, pero matiza que esta queda en suspenso cuando se tienen "indicios racionales de la comisión de un delito". En concreto apunta un posible delito de revelación de secretos al elaborar el censo electoral con datos personales de todos los catalanes para el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
A su juicio, el hallazgo de papeletas de designación de mesas electorales y documentación remitida a los electores sobre los puntos concretos en los que se debía acudir a votar resultan indicios más que fundados sobre esta posible revelación de secretos castigada con penas de hasta cinco años de cárcel.
Recientemente, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona levantó el secreto de las actuaciones en lo que atañe a la investigación del censo, una de las incógnitas aún por esclarecer de esta investigación. Aunque en alguna de sus conclusiones los investigadores apuntaban a una posible apropiación de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los informes policiales también reconocían carecer de indicios suficientes sobre los datos de población usados para el 1-O a la espera de realizar el registro en la sede del Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT).
Esta institución también ha sido señalada en los informes de la Guardia Civil como el remitido hace días al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Los investigadores del Instituto Armado dicen: "como es sabido, una de las inquietudes de los responsables del referéndum era disponer del censo electoral y buscaron las vías, como se desprende de las anotaciones de la agenda Moleskine (propiedad de Jové y considerada la hoja de ruta del procés) para su elaboración no siendo descartable que efectivamente la misma fuese encargada al IDESCAT, cuyo director es Frederic Udina".
Por su parte, otro informe de la Guardia Civil elaborado a partir de los correos electrónicos incautados al exresponsable de Hacienda Lluis Salvadó, apuntaba hacía referencia a un censo elaborado a partir de los vehículos personales de los ciudadanos. "Se constata que por la Generalitat se está llevando a cabo presuntamente un censo de población, basado en la creación de un censo de vehículos”, dice el documento del Instituto Armado al que tuvo acceso Vozpópuli.
