El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha emitido un requerimiento dirigido a las representaciones procesales personadas en la causa que dirige contra Álvaro Romillo, el empresario del mundo 'crypto' que pagó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez, a fin de identificar a los perjudicados por la presunta estafa piramidal. El instructor pide a las asociaciones personadas en representación de varios de los inversores del Madeira Invest Club que detallen el caso personal de cada uno de ellos y, así, dar un impulso a la investigación.
La causa, que nació con la denuncia de varias asociaciones tras el cierre de la plataforma, está compuesta por diversas aristas cuyo rastro llega hasta países como República Dominicana, Estonia, México o Portugal y alcanza a cientos de inversores. Por ello, ante la complejidad del caso, el instructor pide a las asociaciones personadas que presenten una denuncia escrita de cada uno de los presuntos perjudicados "en la que relaten sus circunstancias personales", así como, "la fuente de su conocimiento de la entidad Madeira Invest Club".
En la misma línea, el titular del Juzgado Central de Instrucción requiere a las partes que cada uno de los perjudicados detalle por escrito cómo fue el proceso que les llevó a invertir en el presunto 'chiringuito financiero' encabezado por Álvaro Romillo, y promocionado por el líder de Se Acabó la Fiesta. En concreto, el juez pide ahondar en si la decisión de invertir en el MIC, sólo integrado por personas con cierto nivel adquisitivo, fue "unilateral o se les invitó de cualquier manera por los investigados a llevar a cabo la misma".
Entre otras cuestiones, Calama pide a las partes delimitar si su llegada o conocimiento a este selecto club fue o no inducido por los investigados a través de un contacto personal o telemático con alguno de ellos. Asimismo, requiere a los abogados que cada afectado detalle por escrito si llegaron a disfrutar de parte o no de la inversión y si desde los organizadores de la plataforma se puso a su disposición información para sostener "la bondad" de las aportaciones, "más allá de la que se ofrece a través de la página web".
Con este último requerimiento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el juez busca dar impulso a la causa y pone el foco sobre los mecanismos que tendrían o no los investigados para atraer a inversores. Una decisión judicial que obliga a las diferentes asociaciones que componen la acusación Ances, Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas a aportar nuevos datos sobre sus representados y sobre sus experiencias personales con el MIC.
El Madeira Invest Club funcionaba como una especie de club exclusivo que bajo la promesa de una rentabilidad del 53% atraía a miles de inversores que ahora han visto sus cuentas bloqueadas. En total, los denunciantes apuntan a que el número de afectados podría superar los 27.000 y que el perjuicio ocasionado podría alcanzar los 300 millones de euros.
Causa por presunta financión ilegal
En paralelo a la causa dirigida contra Álvaro Romillo por un presunto delito de estafa, el juez Calama abrió una pieza separada al investigar el pago de 100.000 euros en efectivo por parte del empresario conocido como 'CryptoSpain' al eurodiputado Alvise Pérez justo antes de los comicios al Parlamento Europeo. En un inicio, Romillo presentó una denuncia contra el líder de Se Acabó la Fiesta por un presunto delito de financiación ilegal.
Más tarde, el instructor de la Audiencia Nacional decidió cambiar la condición de Romillo de denunciante a investigado, al entender que de modo similar a lo que ocurre con la figura del soborno o cohecho, "además de castigar a los que reciban las donaciones para la formación política, en su párrafo 4 extiende la punición a 'quien entregarse donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, por sí o por persona interpuesta'". En el marco de esta causa, el empresario del mundo 'crypto' declaró el pasado en sede judicial donde ratificó su denuncia contra Alvise y reconoció que la entrega de los 100.000 euros se hizo a cambio de recibir "favores futuros" por parte del ahora eurodiputado.
Por su parte, el político sevillano rechazó acudir a declarar de forma voluntaria a la Audiencia Nacional. El eurodiputado se acoge a su condición de aforado y declarará únicamente ante el Tribunal Supremo.
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