El líder de Se acabó la fiesta no declarará voluntariamente ante el juez José Luis Calama. Tras evitar acudir a declarar este miércoles en la Audiencia Nacional, donde el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 le ofreció la posibilidad de declarar de forma voluntaria en el marco de la investigación abierta por presunta financiación ilegal, el político sevillano cierra la puerta sentarse en un juzgado, por su condición de aforado, y sólo declarará ante el Tribunal Supremo.
Según informan a Vozpópuli fuentes jurídicas, Alvise formalizará por escrito en los próximos su decisión de no declarar de forma voluntaria ante la Audiencia Nacional. De esta forma, el eurodiputado renunciaría a la oportunidad de defenderse ante el juez, después de que el dueño del Madeira Invest Club haya ratificado ante el juez su denuncia contra él por un presunto delito de financiación ilegal.
El dueño del Madeira Invest Club, investigado por una presunta estafa piramidal, ha confesado este miércoles que le pagó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez justo antes de las elecciones europeas a cambio de "favores futuros". En su declaración ante el juez, Álvaro Romillo -alias 'Cryptospain'- ha detallado que accedió a pagar dicha cantidad de dinero al líder de Se acabó la fiesta ante la "insistencia" de este por encontrar fondos de manera inmediata. La contrapartida para el empresario del mundo 'crypo' sería la de beneficiarse de los favores que le pudiera hacer Alvise, tanto por su influencia a través de su canal de Telegram como por su futuro poder.
Tal y como aparece recogido en los mensajes aportados por Romillo, y que obran ya en la causa dirigida por el juez Calama, dos meses antes de las elecciones al Parlamento Europeo, Álvise Pérez, recurrió al dueño de Madeira Invest Club en busca de fondos. Entre las necesidades que el propio el eurodiputado le detalló a su interlocutor eran claras: "Necesidad de tráfico y alcance", "fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas", "fondos para el partido", y pagar "ciertas multas".
A partir de ahí, Alvise y Romillo intercambiaron varias conversaciones en las que se habló de la posibilidad de el líder de Se acabó la fiesta grabase varios vídeos para promocionar Sentinel BQ, el último proyecto del empresario denunciado por cientos de personas por una presunta estafa piramidal. Poco después, y ante la insistencia del político sevillano por encontrar fondos de manera rápida, el denunciante del ahora aforado le comunicó su intención de pagarle los 100.000 euros en efectivo que necesitaba.
Romillo pasa de denunciante a investigado
Meses después de que Alvise consiguiera su escaño en el Parlamento Europeo, el empresario presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el sevillano. Dicha denuncia ha dado lugar a la apertura de una pieza separada por parte del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en la que se investiga tanto al eurodiputado como a su denunciante por un presunto delito de financiación ilegal.
En el auto de apertura de diligencias, el juez sostuvo que "de modo similar a lo que ocurre con la figura del soborno o cohecho, además de castigar a los que reciban las donaciones para la formación política, en su párrafo 4 extiende la punición a 'quien entregare donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, por sí o por persona interpuesta'". En consecuencia, el instructor citó a Romillo a declarar este miércoles en calidad de investigado y a Alvise le ofreció la posibilidad de acudir al juzgado el mismo día para "declarar voluntariamente".
Finalmente, en consonancia con lo esgrimido por su defensa en un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alvise Pérez no ha comparecido ante el juez. En dicho escrito, su abogado acusa al juez de acusa al juez de "extralimitarse" en sus competencias al fijar una fecha concreta en lo que se supone que es una comparecencia voluntaria. "Mi patrocinado ostenta el cargo de eurodiputado electo y, en consecuencia, solamente puede ser investigado por el Tribunal Supremo por su condición de aforado", expone su letrado.
Por su parte, el eurodiputado ha compartido a través de su canal de Telegram un comunicado en el que pide el “inmediato archivo o elevación al Supremo para poder declarar y terminar con todo esto”. También ha anunciado “consecuencias” para “todos aquellos que nos han calumniado”.
