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De Málaga a Dominicana: rastrean el imperio del empresario de criptomonedas promocionado por Alvise

El influencer, conocido bajo el seudónimo de 'Cryptospain', ha solicitado la asignación de un administrador judicial que gestione su patrimonio para pagar a sus inversores

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Un agente de Policía Nacional camina frente a la Audiencia Nacional Europa Press

República Dominicana, Estonia, México, Málaga o Portugal, estos son algunos de los destinos hasta los que el dueño de Madeira Invest Club logró extender su 'imperio' financiero. Un entramado empresarial radicado en España y el extranjero que, ahora, llega a las puertas de la Audiencia Nacional, después de que cientos de inversores de criptomonedas denunciasen al empresario Álvaro Romillo -alias 'Luis Cryptospain'- por un presunto delito de estafa y apropiación indebida.

El influencer conocido por su vinculación a Alvise Pérez, y que ahora ha interpuesto una denuncia contra el eurodiputado por una presunta financiación ilegal, ha presentado este miércoles un escrito en el que pide la asignación de un administrador judicial que gestione su patrimonio con el objetivo de solventar la deuda millonaria que tiene con sus inversores. Romillo se pone a disposición de la justicia y promete preparar una auditoría con toda la información del patrimonio que tiene para adherirlo a la causa.

Entre las empresas a las que apunta Romillo en el escrito presentado ante la Audiencia Nacional destaca el restaurante malagueño Negro Carbón, la promotora Selvatic Fest y el autocine de Málaga, considerado uno de los más grandes de Europa. Desde Madrid, el influencer del mundo 'crypto' gestionaba la empresa Elulegal SL, dedicada a la gestión de establecimientos de restauración y Wanderstay SL, empresa arrendataria de hoteles o locales de hostelería.

Asimismo, entre los nombres incluidos por el denunciante de Alvise, cabe señalar PKW Italen SL, la empresa detrás de un concesionario de coches de lujo, situado en la conocida calle de Madrid Príncipe de Vergara, que desde hace pocos días permanece vacío. El desalojo de uno escaparates más llamativos del 'imperio' financiero de 'Cryptospain' hizo saltar todas las alarmas. Poco después, el empresario anunciaba la caída de Madeira Invest Club, con el consecuente bloqueo de cuentas millonarias.

Conexiones en el extranjero

Las sociedades señaladas por el influencer en el escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 4 no son las únicas que comprenden el 'imperio' financiero que impulsó su carrera. Cabe recordar que la denuncia presentada por la Asociación de afectados por inversiones en criptomonedas, representada por Zaballos Abogados, apunta a la responsabilidad de 23 personas jurídicas y 6 físicas.

En concreto, Madeira Invest Club, la plataforma por la que Romillo consiguió gran parte de sus inversores en criptomonedas, contaba con lazos en diferentes puntos del globo. Nuevo México y Orlando eran las ubicaciones promocionadas en las webs de 'Cryptospain' como el epicentro del negocio, no obstante, la cuenta donde se recibían los beneficios del selecto club de 'Crryptospain' estaba a nombre de una de las empresas del denunciante de Alvise, Sabroso Lda, con sede en Viseu. Las cuotas abonadas por los inversores eran abonadas a la cuenta de la sociedad portuguesa.

Precisamente, ha sido el propio Romillo el que ha relacionado la caída de Madeira Invest Club con el bloqueo existente en Portugal de las cuentas de Sabroso LDA. Sus abogados piden a la Audiencia Nacional que se dicte una resolución acordando librar una Orden Europea de Investigación a las Autoridades portuguesas con el fin de que informen sobre el estado de dichas cuentas y para que en su caso se proceda a su desbloqueo.

La conexión con República Dominica del entramado empresarial de Romillo se vincula a tres sociedades registradas en el país latinoamericano dedicadas a la gestión de inversiones inmobiliarias del MIC. Asimismo, el nombre de este país caribeño aparecía en algunas de las conversaciones que mantenía con Alvise Pérez, las cuales han sido puestas a disposición de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Por último, el rastro del 'imperio' financiero de 'Cryptospain' vuelve a España, donde radica gran parte de su actividad promocional. El empresario empezó a darse a conocer en el año 2021 por sus consejos de elusión fiscal a particulares y empresas. Tras tres años de crecimiento abrió en 2024 Sentinel BQ, una empresa que contaba con unas 5.000 cajas de seguridad fortificadas y que ofrecía a sus clientes la posibilidad de intercambiar dinero en efectivo, oro u obras de arte por criptomonedas.

Denuncia Alvise

El nombre de esta empresa ha salido a relucir en la denuncia presentada contra Alvise, después de que el empresario asegurase que el eurodiputado recibió 100.000 euros en efectivo justo antes de las elecciones europeas en su sede del barrio Salamanca. En las conversaciones de Whatsapp remitidas a la Fiscalía, y las que ha tenido acceso este medio, ambos hablan de la posibilidad de que el por entonces candidato a la Eurocámara grabase un vídeo promocional frente a la sede de la empresa. Un intercambio comercial que consistía en ofrecer promoción y publicidad por "fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas".

Respecto a la denuncia interpuesta contra el eurodiputado, la Fiscalía General del Estado ya ha remitido a los fiscales del Tribunal Supremo el escrito presentado por Álvaro Romillo, en la que reconoce haberle entregado 100.000 euros en efectivo, pocos días antes del inicio de la campaña de las elecciones europeas.

La denuncia interpuesta por el dueño de Madeira Invest Club (MIC), denunciado por más de 500 personas por una presunta estada piramidal, se ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que es la competente para investigar si puede existir un delito de financiación ilegal, ya que el denunciado es aforado por su condición de eurodiputado.

Según la ley de financiación de partidos, se prohíben las donaciones, de manera directa o indirecta, procedentes de una misma persona superiores a los 50.000 euros anuales. De la misma forma, exige que todas las donaciones que superen los 25.000 euros sean notificadas al Tribunal de Cuentas en un plazo máximo de tres meses.

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