La investigación por el contrato el hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz cuenta con el respaldo de la Fiscalía. El Ministerio Público ha avalado las principales líneas de actuación de la juez que dirige la causa contra David Azagra, incluida la incautación de los correos corporativos del músico y de ocho trabajadores de la Diputación.
Se trata de una de las diligencias más importantes de esta causa que echó a andar a finales de junio y en el marco de la cual la Guardia Civil y la juez Beatriz Biedma tratan de buscar pruebas sobre la creación de este puesto de trabajo. De hecho, la instructora dio luz verde a que la UCO se personara esta misma semana por tercera vez en la Diputación para recabar más correos sobre la contratación de David Sánchez.
En ese sentido, la Audiencia Provincial de Badajoz acaba de respaldar la diligencia, al considerar que la juez motivó correctamente la necesidad de la misma. Los magistrados han desestimado el recurso de apelación del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y de otro trabajador del ente y han dado luz verde a que se diseccionen los 'mails' del hermano de Sánchez y otros ocho empleados de la Diputación, entre los que se encuentran cargos del PSOE.
La postura de la Fiscalía sobre el hermano de Sánchez
Se trata de un aval al criterio de la juez, de la UCO y también de la Fiscalía, la cual considera que esta diligencia está "plenamente ajustada a derecho". En su escrito remitido a la Audiencia Provincial de Badajoz, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, el fiscal del caso se posicionó en contra del recurso del presidente de la Diputación y a favor de esta prueba.
"Se interesa la desestimación del recurso y la íntegra confirmación de la resolución recurrida al entender la misma plenamente ajustada a derecho", detalla el escrito, que firma el teniente fiscal de la fiscalía provincial de Badajoz, Agustín Manzano González.
De esta forma, la Fiscalía ejerce la acusación en este procedimiento que cuenta con varias acusaciones populares, a diferencia de lo que ocurre con la causa contra Begoña Gómez. En el procedimiento que se sigue en un juzgado de instrucción de Madrid, el Ministerio Público lucha por lograr el archivo y se ha opuesto a todas y cada de las diligencias acordadas por el instructor.
Con todo, el respaldo de la Audiencia de Madrid a esta parte de la causa es muy relevante para la continuidad de todo el procedimiento, puesto que ahora los investigadores pueden estudiar los correos que estas nueve personas se intercambiaron entre 2016 y 2022 en relación a la creación de la plaza de Coordinador de Actividades de Conservatorio de la Diputación.
La medida en cuestión fue recurrida también por otros cargos del PSOE, como el diputado Francisco Martos Ortiz, quien requirió al juzgado que destruyera todas estas comunicaciones confidenciales por afectar a sus derechos fundamentales. Al respecto, alegó que no había fundamentos de peso para acordar esta diligencia tan invasiva y que se podían haber acordado otras antes menos dañinas.
La instructora respondió que era "idónea" para los fines pretendidos y aprovechó para recordar que las pruebas aportadas por la Diputación han sido insuficientes. En los últimos meses el juzgado ha reiterado al ente que remitiera información sobre todo lo relativo a la creación de esta plaza, además del salario que percibe David Sánchez de la Administración desde 2017 o su régimen horario.
La Diputación, por su parte, insiste en que no hubo irregularidad alguna en el proceso y que, hasta la fecha, David Azagra ha percibido 280.845 euros. Sin embargo, la instructora manifestó hace apenas unas semanas que seguía sin saber en qué consistía el trabajo del músico y que llamaba la atención que careciera de despacho propio, teniendo en cuenta que en 2021 se le ascendió a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, cargo que ostenta en la actualidad.
"Actos preparatorios" en la Diputación
Además, los investigadores también tienen dudas sobre el lugar de residencia del hermano de Sánchez, dado que, aunque el contrato determina que tenía que prestar sus servicios "de forma habitual en Badajoz", la denuncia de Manos Limpias alertaba que en los últimos años ha residido en la localidad portuguesa de Elvas.
Del mismo modo, advirtió que una de las funciones esenciales del contrato del hermano de Pedro Sánchez y que, al parecer no estaría ejerciendo, es la de dirección de orquesta sinfónica. Además, también se puso la lupa en el ascenso de 2021 ya que, aunque la Diputación dijo que estaba motivado por la necesidad de centrarse en el programa 'Ópera Joven', sospechan que tendría que haberse convocado dicha plaza, cosa que no se hizo.
Con este caldo de cultivo, la UCO de la Guardia Civil solicitó a la juez Biedma que les diera luz verde para acceder a todos los 'mails' de nueve empleados de la Diputación, entre los que se encuentran tres cargos del partido que lidera Pedro Sánchez.
Se trata de Antonio Garrote, diputado delegado de Recursos Humanos que firmó las bases para concursar la plaza y el contrato de alta dirección con David Sánchez; Francisco Martos, diputado Delgado del área de Cultura y Deportes que firmó el cambio de denominación en lo referente al puesto de trabajo de David Sánchez y la entonces diputada de Cultura de Badajoz, Cristina Núñez Fernández.
Por todo ello, la UCO concluyó que "habrían tenido lugar una serie de actos preparatorios" que podrían haberse plasmado en las comunicaciones ahora intervenidas." Existían diferentes comunicaciones entre ellos para la consecución del fin perseguido, que no es otro que la creación y adjudicación de un puesto de trabajo, en un primer momento, y el cambio de denominación del mismo posteriormente", expuso la Guardia Civil.
