Este martes iba a comenzar el juicio por la muerte de Julen, pero finalmente, y tras llegar a un acuerdo entre las partes, no se celebrará. Esto significa que el principal acusado de la muerte del menor, el dueño de la finca en la que se encuentra el pozo en dónde falleció el pequeño, no tendrá que enfrentarse a la petición de tres años de prisión por parte de la Fiscalía y de tres años y medio por parte de la acusación particular.
David Serrano, el dueño de la finca de Totalán que encargó la perforación ilegal, era el único supuesto responsable de la muerte del menor y se le acusaba de un delito de homicidio imprudente.
El único acusado siempre se ha declarado inocente y ha mantenido que era imposible prever el riesgo de que el pequeño cupiera por un agujero tan pequeño y que tampoco hubo negligencia porque alertó a los padres "varias veces".
Si este pacto llega a ser ratificado por el juez del caso, este tendría que dictar una sentencia de conformidad que evitaría la celebración del juicio que iba a comenzar mañana en la Audiencia Provincial de Málaga.
