El texto de la reforma de la ley del aborto ya está listo, una vez que el Ministerio de Justicia ha procedido a incorporar algunas de las modificaciones y cambios sugeridos por los órganos consultivos, como el CGPJ, entre otros. La nueva ley, impulsada y conducida por Alberto Ruiz-Gallardón, es una de las promesas del programa electoral del PP, cuya militancia se ha mostrado siempre muy contraria a la reforma introducida por Zapatero.
La lógica mandaba que la nueva ley se viera en el Consejo de Ministros de este viernes, aunque había enormes dudas en Moncloa ya que se trata del primer Consejo que se celebrará bajo la presidencia del rey Felipe VI. Incluir en el orden del día la aprobación de esta reforma se juzga inconveniente en sectores del Gobierno, de ahí que, al menos en la tarde de ayer se daba por hecho que volvería a guardarse en el cajón y se repescaría en la última sesión ministerial de antes de las vacaciones de agosto.
Un asunto muy incómodo
La Casa Real nunca se ha pronunciado sobre este particular, como no lo hace sobre ningún tipo de iniciativa legislativa del Gobierno. Cuestión bien distinta es que en el primer Consejo de Ministros presidido por el nuevo rey y que se celebrará en el Palacio de la Zarzuela, se incluya un asunto tan incómodo, que a todas luces está suponiendo un serio quebradero de cabeza para el equipo de Rajoy.
Se da la circunstancia de que este sábado se cumple el primer mes desde la proclamación del rey Felipe VI. En estos largos treinta días, el monarca ha recibido en audiencia a representantes de la vida política, social y cultural de nuestro país, se ha desplazado a algunos puntos de España como Gerona, Zaragoza o Valladolid y ha cumplido, en compañía de la reina, con tres obligadas visitas al exterior, como son el Vaticano, Portugal y Marruecos. Un primer mes de enorme intensidad y de agenda agotadora que se cierra precisamente con la asistencia del monarca al Consejo de Ministros, una tradición con la que su padre, don Juan Carlos, cumplía al menos una vez al año.
Tensiones y presiones
La nueva ley del aborto ha provocado amplia polémica e intensos conflictos no sólo entre los grupos de oposición y en sectores sociales muy combativos en pro de los derechos de la mujer, sino que también ha causado una indisimulada marejadilla en el propio Partido Popular y hasta en el Gobierno. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, muy poco entusiasta del proyecto, le ha dado cuantas largas ha podido. Más de un año se ha prolongado la elaboración del nuevo texto legal que finalmente se remitió hace unas semanas al Gobierno para que dé el visto bueno.
En todo este tiempo, las presiones de un buen número de barones, como Feijó y Monago, así como un amplio sector del propio Gobierno han forzado al titular de Justicia a modificar su proyecto, con la inclusión, entre otras variaciones, de una lista de malformaciones del feto como causa posible de la interrupción del embarazo. El visto bueno del Consejo ministerial estaba anunciado para el pasado viernes, pero se canceló al coincidir con la celebración de la Escuela de Verano del PP.
No era cosa de que el aborto centrara los titulares de ese cónclave en lugar de las reformas anunciadas por Rajoy. Tampoco la secretaria general, Dolores de Cospedal, se ha mostrado entusiasta con este proyecto, que ha dado lugar a debates y hasta rechazos entre las bases del PP. Pero no todo son rechazos al proyecto. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, abandera el denominado sector duro del Gobierno, partidario de no modificar el contenido de la reforma.
Se da por hecho, no obstante, que el plan del PP es que el trámite del envío a Cortes debería hacerse antes el verano, para que concluya su tránsito parlamentario antes de fin de año y no se solape este debate, que será encendido, con el arranque de la precampaña electoral de las municipales y autonómicas de mayo próximo.
