La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves en el Pleno de la Cámara regional que “vamos a seguir desplegando una batería de medidas para ayudar a las víctimas de la ocupación, entre ellas, la de no cargar a los legítimos propietarios el gasto del agua que han consumido los ocupantes". También ha llamado a instar a "los diferentes suministradores de gas y de electricidad a estudiar cómo aliviar las facturas de los ocupados”. La mandataria, en respuesta a una pregunta del portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, sobre este asunto, ha señalado que también estudiará "una oferta de vivienda temporal en caso de que la víctima no tenga dónde residir mientras exista el delito”.
La presidenta regional indicó que "la ocupación, el comercio ilegal y la inseguridad ciudadana lastran la economía, el empleo y el turismo” y añadió que, “aunque estamos consiguiendo frenarlo (el fenómeno de la ocupación ilegal), hay 4.300 viviendas afectadas”.
Finalmente, Ayuso ha explicado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está “absolutamente en contra de la ocupación porque es un delito y aunque no tenemos competencias para ello hemos puesto en marcha la Oficina contra la ocupación, con la que estamos tratando de dotar de herramientas y asesoramiento a policías locales y asistencia a víctimas del delito".
