La Comunidad de Madrid ha recurrido al Tribunal Constitucional la "invasión de competencias" a nivel estatal en la captación y formación de familias acogedoras de menores tutelados. Esta decisión viene después de la aprobación de la creación de un servicio nacional que realice esta labor.
El Pleno del TC ha admitido a trámite por unanimidad este martes el recurso del Gobierno de la CAM y ha acordado que en caso de que el contrato estuviera impugnado ante la Audiencia Nacional, se suspenda el proceso hasta que resuelva el Constitucional sobre el fondo.
Esta decisión tomada por ejecutivo regional llega después de que, según ha informado la CAM, "no se haya atendido un requerimiento enviado el pasado mes de diciembre por el Ejecutivo regional para la anulación de dicho contrato, aprobado por el entonces Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que ha pasado al actual Ministerio de Juventud e Infancia".
Sin embargo, según el Ejecutivo autonómico, a través de este proyecto el Gobierno "invade las competencias" regionales en materia de protección y tutela de menores que corresponden a la Comunidad de Madrid, como refleja el Estatuto de Autonomía.
Así, la Comunidad de Madrid tiene atribuida competencia exclusiva en protección y tutela de personas menores y el desarrollo de políticas de promoción integral de la juventud en virtud del artículo 26.1.24 de su Estatuto de Autonomía, y del artículo 93 de Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, para el fomento del acogimiento familiar.
Una decisión que "perturba el buen funcionamiento institucional"
De hecho, para defender sus competencias, la CAM cita el informe realizado por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid que establece que "la formalización de ese contrato constituye una intromisión, e incluso interferencia en las competencias autonómicas unilateral, indeseada y perturbadora del buen funcionamiento institucional".
El citado proyecto está financiado con fondos europeos y arrancará a lo largo de 2024 en cuatro comunidades autónomas, entre ellas Madrid.
El objetivo del mismo es crear una plataforma de "captación, sensibilización, fidelización y formación de familias acogedoras de menores", aunque podría no hacerlo en Madrid si el Gobierno regional gana en los tribunales.
