Las decenas de familias afectadas por el cierre de la clínica de fertilidad de Alarcón (Madrid) buscan unir fuerzas ante las incertidumbres que viven desde que Vozpópuli anunció el cierre del local por las presuntas irregularidades que había denunciado el actual administrador. La Policía Nacional está estudiando los hechos que ha comunicado el propietario y la investigación del caso podría recaer, por la magnitud de los mismos, en la Comisaría General de Policía Judicial.
Así, las familias afectadas están solicitando información a la Consejería de Sanidad y también a la Policía Nacional. Han creado un grupo privado de Instagram que se llama Afectados_reprofiv donde buscan aglutinar a más posibles afectados. No dejan que personal ajeno tenga acceso. "No queremos que se nos cuele nadie que pueda hacernos más daño", explican a Vozpópuli.
Estas familias subrayan que ni Sanidad sabe el "numero de afectados" todavía. No quieren hacer declaraciones a los medios hasta que se reúnan más pruebas y sepan a ciencia cierta qué ha pasado y si han sido víctimas de algún tipo de delito.
El cierre de la clínica
De forma paralela, el administrador de la empresa, en declaraciones a Vozpópuli, explicó que descubrió las presuntas irregularidades cuando realizó una auditoría a mediados de diciembre. Unos defectos a nivel técnico que podían poner en riesgo la salud de los pacientes. No podrán volver a utilizar las células almacenas hasta que no se cuente con un dictamen pericial de la Policía o el juzgado o de la autoridad sanitaria.
Este hombre, que dio el paso valiente de denunciar, ha anunciado a este medio que desde este viernes la clínica permanecerá cerrada pero habrá un teléfono de atención al paciente y continuarán dando seguimiento a los tratamientos de las familias. De igual forma ha agradecido tanto a los profesionales de la empresa que seguirán con sus labores como a la Policía y a los profesionales de la Inspección de Sanidad, que han actuado con celeridad.
El misterio de los embriones
Asimismo, también ha solicitado a los medios que respeten la privacidad de los pacientes y los trabajadores de la clínica, que han investigado para detectar las presuntas irregularidades. Ha puesto en marcha un número de teléfono para atender a estas personas: 722-610-374.
El nuevo administrador de la clínica explicó en su denuncia ante la Policía Nacional que desconocía el lugar de conservación de las muestras criopreservadas de embriones que supuestamente habían sido destruidos sin la documentación necesaria. Después aparecieron sin ninguna justificación ni trazabilidad ni intervención del equipo técnico. Este hombre afirmó a los agentes que tras conocer la ausencia de estas células se produjo un acceso ilícito al laboratorio de la clínica y se añadieron presuntamente embriones al tanque de nitrógeno, según informan fuentes del caso a Vozpópuli.
