"Hola acabo de poner una bomba en el Primark de Parquesur". Este alarmante mensajes en redes sociales obligó a desalojar en plena campaña navideña un centro comercial en Madrid. Para acabar con estos bulos, que movilizan a los servicios de emergencia, la Comunidad de Madrid ha incluido un apartado específico en la nueva Ley del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias que podrá castigar con una multa de 1.500 a 600.000 euros a las personas que divulguen noticias falsas o que llamen al 112 con este tipo de información.
Las emergencias en la región son un referente a nivel internacional, tal como detalla en una entrevista a Vozpópuli el viceconsejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo. Todo ello gracias a un único sistema que tiene conectados a los bomberos, policías y sanitarios. "No sucede en otras partes del mundo", explica Novillo.
Esta nueva ley quiere consolidar este "sistema integrado" y tiene como base todas las experiencias adquirida en los últimos años con la pandemia del coronavirus o el temporal de 'Filomena'. "Establece un mando único para aprovechar las sinergias de todos los servicios", afirma el viceconsejero de Interior.
Una de las novedades de esta normativa es el régimen sancionador establecido en la Ley del Sistema Nacional de protección Civil, con sanciones a hechos que están emergiendo en estos últimos años y que ponen en riesgo la actuación eficaz de los cuerpos de seguridad y emergencias. Son la difusión de bulos o las alertas no confirmadas, a través de sistemas de seguridad o dispositivos electrónicos que obligan a movilizar recursos de emergencia y seguridad sin necesidad, restando capacidad operativa al sistema ante potenciales emergencias reales.
No solo se penalizarán las llamadas para distribuir noticias falsas sino también la difusión de las mismas por redes sociales. "Mensajes alarmantes como que aparece una nube tóxica en una parte de la región. Son llamadas maliciosas que buscan interferir en el sistema de información y generan una alarma social", lamenta Novillo. También está contemplado las erróneas comunicaciones de las nuevas tecnologías, como los relojes inteligentes, que dan avisos de accidentes, incendios o escapes de gas. Por ello, la Comunidad de Madrid va a solicitar a estas empresas una doble confirmación para movilizar recursos ante estos sucesos.
Bulos que ponen en riesgo a la población
Las sanciones se impondrán en base a la normativa nacional y podrán ir desde las faltas leves (llamadas recurrentes, jocosas o intrascendentes al 112) que tienen una sanción de hasta 1.500 euros. Las graves (que afecten a la eficacia del servicio) podrán ir desde los 1.500 a los 30.000 euros. Las muy graves (que generen un grave riesgo para la población) supondrán una multa de hasta 600.000 euros en algunos casos.
Esta Ley cuenta con hitos muy importantes: la exigencia de desarrollar la Estrategia de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, cuyo instrumento de ejecución es el Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias, y la gestión de todo ello a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, organismo que pasará a convertirse en un ente de derecho público con mayor capacidad de autogestión, ganando en coordinación, eficacia y eficiencia.
La nueva normativa del 112 permitirá un estudio preciso y exhaustivo del riesgo y del territorio que permita identificar las amenazas. Con el objetivo de la prevención y la anticipación. En caso de que se produzca una emergencia se desarrollarán planes para reducir incertidumbres y establecer los mecanismos de respuesta y coordinación bajo la estrategia de un mando único en emergencias.
Medallas del 112
Otro de los puntos que ponen en relieve es la especialización gracias a la configuración de equipos multidisciplinares para la intervención en situaciones especiales. También está contemplada la integración de los sistemas de gestión digital de emergencias que permiten aprovechar las infraestructuras tecnológicas que sostienen los sistemas de los diferentes servicios, y con ello mejorar su intercomunicación.
Se pone énfasis en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias integrado en ASEM 112 que será clave para la mejora de la capacitación de todos los cuerpos de seguridad y emergencias que conforman la agencia. Por primera vez se han establecido medallas al mérito y menciones de honor en protección civil y emergencias dirigido a profesionales de seguridad por acciones meritorias así como a particulares, instituciones públicas o privadas.
Un modelo administrativo más ágil
Otro de los puntos de interés es la conversión de ASEM 112 en un ente de derecho público que permitirá desarrollar un modelo administrativo más ágil. Esto facilitará la incorporación de efectivos, la tramitación de compra de medios materiales y equipos de protección individual para más de 2.500 efectivos.
Para Novillo las claves del futuro de las emergencias tienen que ir encaminadas a la autoprotección de la población para que los ciudadanos sepan actuar en su propia casa cuando tienen que evacuar su domicilio por un incendio o como realizar correctamente maniobras de reanimación a sus propios familiares. "Tenemos que ser autónomos en la propia respuesta y prevención del riesgo", asegura. El reto de hacer una sociedad más resiliente.
