Nacho Cano se confía a la Audiencia Provincial de Madrid. La defensa del cantante de Mecano ha presentado un recurso de apelación en el que piden el sobreseimiento libre de la cauda al entender que "no hay existencia de delito alguno" y lo que consideran una causa judicial que nace a raíz de la "investigación absolutamente prospectiva" por parte de la Policía Nacional.
En el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, los letrados defiende que la investigación que sigue el Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid contra el artista madrileño por un delito contra los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores no se sostiene. Sobre el primer delito, los abogados detallan que los bailarines mexicanos entraron como turistas a España, pero que una vez aquí se solicitó el permiso de estudiantes en tiempo y forma.
La defensa entiende que esta práctica habitual, ya que cumple con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto destinada a "suprimir determinadas barreras burocráticas migratorias con el fin de agilizar la tramitación de permisos de estudios y, al mismo tiempo, fortalecer la competitividad internacional de la Unión Europea como un centro de excelencia mundial en educación y formación". "La tramitación de permisos de estudios iniciada desde España no es una práctica excepcional, sino más bien habitual entre ciudadanos de países que se encuentran eximidos de visado para entrar en territorio Schengen como turistas", concluyen los abogados.
Respecto al segundo delito, defienden que no existen indicios para sustentar una acusación por un presunto delito contra los trabajadores. Para ello, se sujetan en las conclusiones vertidas por el informe de Inspección de Trabajo el cual recogía que los bailarines mexicanos sí eran becarios. La defensa de Nacho Cano detalla en su recurso de apelación que, además de no ser empleados, los jóvenes han desarrollado un curso de formación de 1520 horas lectivas, con asignaturas impartidas por profesores. De este modo, manifiestan que "no existe relación laboral encubierta y no requiere su situación alta en el Régimen General de Seguridad Social".
Investigación policial
Sobre el nacimiento de la causa, Nacho Cano entiende que ha sido víctima de una "investigación absolutamente prospectiva" por parte de la Policía Nacional. En este sentido, pide la nulidad del atestado elaborado por la Policía Nacional de la Comisaría de Leganitos al entender que los agentes invadieron la esfera privada de los investigados y los estudiantes "destinando de forma desproporcionada una ingente cantidad de recursos y recursos humanos para esta investigación completamente injustificada, con seguimientos a los estudiantes durante meses sin haberles tomado jamás declaración".
Asimismo, piden que se estudie de forma exhaustiva las grabaciones de los interrogatorios de los jóvenes mexicanos, ya que entienden que las declaraciones "fueron obtenidas de manera ilícita". Así lo manifestaron también los 17 becarios que presentaron una denuncia conta el Cuerpo de Policía Nacional por un presunto delito de coacciones y falsedad documental, al entender que los agentes de la Comisaría de Leganitos anotaron en el escrito de declaración manifestaciones que ellos mismos habían negado.
Elección de juzgado
Nacho Cano insiste en este nuevo escrito en que se investigue el reparto del juzgado de su caso al entender que existieron ciertas irregularidades. El artista madrileño ya denunció que "sorprendentemente" el juzgado designado para su caso fuese el mismo que sigue la investigación contra el empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.
La defensa de Cano defiende que el informe policial fue registrado el 10 de julio a las 9.55 horas y pocos minutos después, a las 10.04 horas, este, fue adjudicado al juzgado número 19. Esta es la razón por la que la defensa sostiene que "se estaría vulnerando el derecho al juez ordinario predeterminado por ley" y por ende solicita una pericial informática para acreditar que el asunto fue asignado a dedo a un juzgado previamente seleccionado. También, entienden que la entrega en papel del atestado policial constituye otra irregularidad que merece ser investigada.
Finalmente, la jueza Inmaculada Iglesias ha aceptado trasladar al juzgado decano "a los efectos oportunos" como consecuencia de la "grave acusación que se está vertiendo sobre la aplicación de las normas de reparto de asuntos entre los juzgados de instrucción de Madrid".
