El número de menores que entran en el sistema de protección en España ha superado por primera vez los 50.000; el acogimiento residencial sigue siendo la medida de protección predominante (en el 55 % de los casos), frente al familiar (el 45%), en contra de lo que recomienda la ley del Menor.
Son datos del último Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia, publicado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que registra 50.272 menores de 18 años en 2019 tutelados por la administración y que crecen privados del cuidado parental, ya sea en centros o en familias.
Por tipo de acogimiento, la modalidad residencial se ha incrementado de 21.283 en 2018 a 23.209 en 2019, lo que supone un aumento del 9%; si se compara con 2015, el incremento es del 70%, cuando eran 13.596 niños viviendo en centros, según alerta Aldeas Infantiles.
Descenso en los acogimientos familiares
Respecto a los acogimientos familiares, se aprecia un descenso en 2019 del 2% respecto al año anterior; en relación con 2015, la reducción es del 5%, pasando de los 20.172 que había en ese momento a los 19.320 de 2019.
Los datos contrastan con lo estipulado en la ley del Menor, que señala que, ante la retirada de la tutela de un niño de sus padres, la primera medida de cuidado alternativo recomendada es el acogimiento familiar y, si es posible, en familia extensa, es decir, en aquellas familias que tienen un vínculo de parentesco con el niño.
Aldeas Infantiles advierte de que el acogimiento en centros seguirá subiendo ante el aumento de la llegada de niños y adolescentes migrantes no acompañados, un 18,58 % en el último año.
"Para estos niños, niñas y adolescentes, la medida de acogimiento habitual es el residencial. De hecho, de los 11.490 niños migrantes que crecen en el sistema de protección, solo 110 lo hacen bajo una medida de acogimiento familiar", explica la organización de defensa de la infancia.
Ante el aumento del número de menores en el sistema de protección (del 18 % respecto a 2015), Aldeas Infantiles SOS reclama una mayor inversión en las políticas de prevención con el fin de apoyar y fortalecer a las familias vulnerables y evitar así la separación de padres e hijos. Recuerda que 300.000 niños están en riesgo de perder el cuidado de sus padres en nuestro país.
El Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia registra 6.222 jóvenes que crecían con una medida de protección y que han cumplido la mayoría de edad.
"Es necesario adoptar medidas que nos permitan llegar a tiempo y evitar que las situaciones de riesgo deriven en desamparo; un mayor esfuerzo preventivo redundaría en el descenso del número de niños y niñas bajo la tutela de las Administraciones Públicas, supondría una reducción del gasto público y evitaría a los niños el trauma de la separación familiar", asevera Pedro Puig, su presidente.
Además, reclama que la obligación del Estado de proteger a quienes han estado bajo su tutela se extienda más allá de la mayoría de edad y pide una transformación del sistema de protección a la infancia que asuma la transición a la vida independiente como una fase más y prorrogue los apoyos necesarios para la plena integración de los jóvenes en la sociedad.
La ONG ofrece un entorno familiar protector a 1.155 menores en sus programas de protección, a través de ocho aldeas infantiles, cinco residencias de jóvenes, ocho programas de apoyo al acogimiento familiar (tanto en familia extensa como ajena), un programa de primera acogida y valoración, y un programa para niños y niñas migrantes no acompañados. También acompaña y apoya a los jóvenes que han cumplido los 18 hasta su plena integración social y laboral.
