UGT y CCOO se financiaron ilegalmente con los ERE durante una década, según ha asegurado la juez instructora del caso, Mercedes Alaya. "Los sindicatos, además de las cuotas de los afiliados y de las subvenciones públicas anuales, encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación irregular", indica la juez titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. Según Alaya, fueron 7,6 millones de euros los que las aseguradoras de los ERE, Vitalia y Uniter, pagaron a los dos sindicatos mayoritarios sin que se prestaran servicios "que lo justificara".
De hecho, la juez asegura que fueron las propias centrales sindicales las que "habrían impuesto, de manera arbitraria e ilegítima" los cobros, "como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial".
Según informa 'El Mundo', los pagos a los sindicatos "no respondían a ningún concepto definido y efectivamente soportado", y los sindicatos canalizaban estos ingresos a través de una maraña de compañías como ASP Asesoramiento Seguros, Temiqui e ITG (UGT), Atlantis Asesores y Federación Siderometalúrgica en Comisiones.
