El martes se inicia el juicio por la tragedia del Madrid Arena en la que murieron cinco jóvenes aplastadas tras una serie de malas prácticas y nefasta planificación en un espectáculo público. Es el primero de los tres procesos de los que se hablarán en los próximos meses y en los que sale a relucir el nombre del Ayuntamiento de Madrid. Los otros dos son el juicio a Rita Maestre por una manifestación en una capilla y la Operación Guateque, una red corrupta de licencias. Estos últimos se inician las próximas semanas.
El fiscal acusa a Miguel Ángel Flores, y su equipo de Diviertt, de haber vendido 22.800 entradas con el consiguiente riesgo para los asistentes. Los escritos del juez y fiscal son durísimos con Flores y su equipo a los que acusan de enriquecerse a base de vender más aforo del autorizado. Pero también habla en sus acusaciones de los responsables de Madridec, una empresa municipal, controlada por el Ayuntamiento de Ana Botella. Les incluye en las maniobras para que el control de entrada se hiciera de forma más liviana, y de una serie de acciones "que incrementaron el riesgo ya generado por la venta excesiva de entradas", según señala la acusación del fiscal.
El encargado de la sala de cámaras de televisión se ausentó en el momento en que se produjeron las avalanchas
Les acusan juez y fiscal de no aplicar la norma que exigía controlar la entrada y de no respetar la función que tenían que cumplir las vías de evacuación. El fiscal también habla en su petición de las graves deficiencias por mantener los vomitorios de evacuación cerrados, lo que fue tolerado por los responsables de Seguriber. Esta empresa estaba impuesta por el Ayuntamiento de Madrid para todos los eventos, algo que parece irregular y que no ha sido investigado.
El colmo de la noche lo marca uno de los acusados que era encargado de la sala de cámaras de televisión. Se ausentó de la sala en el momento en el que se produjeron las avalanchas y no pudo avisar a los equipos para que pudieran enviar socorro. El juez califica la actuación del encargado de "patética" y le acusa de no dar la alarma a su superior cuando se produjeron las primeras avalanchas.
Otra de las consideraciones que hace el instructor es la situación en el exterior donde había unas tres mil personas practicando botellón y que lograron entrar en el pabellón por uno de los portones que estaban destinados a la evacuación. Culpa de ello, en parte, a la negligente actuación de la Policía Municipal, que no destinó al acto el número necesario de agentes y que no impidió ese acontecimiento ilegal.
Madridec y Seguriber
Independientemente de las acusaciones que hacen juez y fiscal al responsable máximo del evento, Miguel Ángel Flores, en los escritos se hacen duras acusaciones contra los responsable de Madridec y Seguriber. La primera es la empresa municipal y la segunda es la compañía de seguridad del evento. El juicio desvelará algo que ya se ha conocido durante la instrucción y es la falta de un dispositivo serio y riguroso de seguridad que permitió la entrada de más personas que las autorizadas y que permitió, además, la invasión de miles de jóvenes, muchos bebidos, sin pagar.
El juicio desvelará algo que ya se ha conocido durante la instrucción y es la falta de un dispositivo serio y riguroso de seguridad
Si la actuación del encargado de las cámaras fue patética, de las declaraciones de los responsables de seguridad de Madridec, la empresa municipal, se puede deducir que es impropia de profesionales de la seguridad, máxime cuando eran representantes de la autoridad que debía ejercer el Ayuntamiento de Madrid. Afirmar que no se podía suspender el evento, como declararon, cuando se trata de los representantes de lo público es algo más que una imprudencia.
Algunas de estas personas han dicho que si les condenan, hablarán. Podían haberlo hecho durante la instrucción o, mejor, durante un acto donde se produjeron decenas de irregularidades y donde callaron para desgracia de cinco niñas y sus destrozadas familias. La responsabilidad política del Ayuntamiento de Ana Botella es clara cuando tenían un espacio público sin los permisos necesarios. Alegaron que al ser local de propiedad municipal no era necesario tener las autorizaciones que convierten un pabellón en seguro para los ciudadanos a los que decían servir.
