La lucha contra delincuencia 'sin fronteras' y el yihadismo le va a salir un poco más caro al Ministerio del Interior durante los dos próximos años. El Cuerpo Nacional de Policía ha iniciado la licitación del servicio de traducción e interpretación con el que pasa al castellano las declaraciones y pinchazos telefónicos en otros idiomas que surgen en las investigaciones. Y lo hace por algo más de 12 millones de euros, una cifra que supone un incremento superior al 20% respecto al dinero destinado en el anterior contrato, cuando la empresa que se lo adjudicó, Seprotec Multilingual Solutions, se embolsó 9,8 millones de euros. Es la quinta vez que sale a concurso este servicio desde que Interior decidiera externalizarlo en 2008 ante el incremento en la demanda de traductores que se generaba en las comisarías españolas y que no podía ser cubierto con el personal especializado de las plantillas policiales o por los intérpretes contratados puntualmente. En un primer momento, la decisión provocó recelos entre los agentes, que temían la posible filtración de información confidencial de las pesquisas.
Interior pagará 42,35 euros la hora de "interpretación oral", 21,78 euros la traducción de escuchas telefónicas y 6 euros por cada 500 palabras de los textos traducidos al castellano
El contrato que ahora sale a concurso está valorado exactamente en 12.140.000 euros, Iva incluido, entrará en vigor el próximo 1 de septiembre y tendrá una duración de 24 meses. Como en anteriores licitaciones, la Policía ha dividido el mismo en cinco lotes geográficos. Así, el que abarca Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León es, con diferencia, el de cuantía más elevada: 7.800.000 euros. Le siguen el que cubrirá las necesidades de intérpretes en Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia e Islas Baleares (2.200.000 euros), y el de Andalucía y Extremadura (1.300.000 euros). A mucha distancia de estas cifras se encuentran los que abarcan las Islas Canarias, Ceuta y Melilla (500.000 euros) y la zona que comprende Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón, con sólo 340.000 euros de gasto previsto.
Con estas cifras, la empresas o empresas que se adjudiquen los diferentes lotes del concurso deberán hacerse "cargo de la interpretación de declaraciones orales, traducciones escritas, escuchas telefónicas y de la transcripción de cintas de audio u otros soportes informáticos grabados en lenguas distintas del castellano, tanto de forma directa como inversa y siempre en el marco de actuaciones judiciales" tanto de testigos y victimas de los delitos como de sus autores. La Policía excluye expresamente los trabajos de traducción en casos de faltas y delitos menores, y las peticiones de juzgados y la Fiscalía. El pliego detalla también las diferentes tarifas según los servicios concretos. Así, la hora de "interpretación oral" se eleva a los 42,35 euros, mientras que el pago por 60 minutos de escuchas telefónicas se reduce a 21,78. La traducción de textos escritos se fija en 6 euros por cada 500 palabras.
Quince idiomas
Interior también detalla las titulaciones y experiencia que deberán reunir los traductores según el idioma. Así, aquellos que realicen el trabajo con alguno de los cuatro más reclamados en las investigaciones (inglés, francés, árabe y rumano) deberán estar en posesión de un grado o licenciatura en traducción, ser intérprete jurado del Ministerio de Asuntos Exteriores o contar con formación de postgrado, así como demostrar al menos dos años de experiencia. Para un segundo grupo de traductores de once lenguas (chino, urdu, ruso, portugués, albanés, búlgaro, alemán, italiano, ucraniano, wolof y georgiano) los requisitos se reducen a una formación universitaria relacionada con los idiomas, como filología o turismo, y dos años de experiencia. Finalmente, la Policía crea un tercer grupo para "otros idiomas y dialectos" para el que se exige únicamente acreditar una "óptima competencia lingüística".
Inglés, francés, árabe y rumano, las lenguas más demandadas por la Policía, que también pide traductores de otros once idiomas, entre ellos chino, urdu, wolof, ucraniano y georgiano
El contrato exige también a los traductores que observen una "reserva absoluta" sobre la información que traduzcan, así como firmar bajo juramento una cláusula de confidencialidad con la advertencia expresa de que, de no cumplirla, estarían incurriendo en un delito perseguible de oficio. Una reserva que Interior extiende en el pliego del concurso a "cualquier información dimanante del ámbito policial al que tenga acceso con motivo de la prestación de un servicio". El motivo de dichas precauciones no es otra que los incidentes que se han registrado desde que se externalizó el servicio y que en su momento dispararon las alertas de Interior y las quejas de los policías.
La primera conocida se produjo en mayo de 2008. Entonces, la comisaría del aeropuerto madrileño de Barajas requirió la presencia de un intérprete de portugués para explicar a un grupo de ciudadanos brasileños que intentaban entrar en España que sus papeles no estaban en regla. La primera sorpresa que se llevaron los agentes fue que el traductor enviado por la empresa adjudicataria era un paquistaní pese a que el idioma con el que tenía que trabajar era portugués. La segunda fue comprobar que el mismo tenía seis antecedentes policiales, entre ellos dos delitos por falsificación de documentos y otro más por tráfico de drogas, así como una orden de búsqueda y captura. Fue detenido. Varios días después pasó lo mismo con un kurdo que acudía a aeropuerto madrileño también para realizar trabajos de traducción para la Policía.
No fueron los únicos ni los más graves. En cierta ocasión, fue arrestado en una operación contra el narcotráfico un joven senegalés que llevaba semanas trabajando para los agentes que le arrestaron pasando al castellano las conversaciones de implicados en otras operaciones de crimen organizado. Un ghanés quiso comprar mercancía a los estafadores en cuya investigación colaboraba. Y un pakistaní fue acusado de organizar, mientras trabajaba para la Policía, el secuestro de un niño de cinco años. Más recientemente, el pasado mes de marzo, un mando policial reveló públicamente en Vigo que un intérprete que traducía las declaraciones de esclavas sexuales explotadas por un grupo de proxenetas terminaba filtrando la información que obtenía a una red rival de la investigada.
