La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, no ha acudido este miércoles al acto de conciliación convocado en el Juzgado Número 49 Madrid tras la demanda que interpuso el novio de Isabel Díaz Ayuso por intromisión al honor. El plantón de la ministra de Hacienda, convocada esta mañana en los juzgados de Plaza Castilla, deja sin efecto cualquier acuerdo previo, de manera que ahora la pelota cae sobre el tejado del demandante.
Según confirman fuentes jurídicas a Vozpópuli, González Amador planea seguir adelante con el procedimiento y formalizará en los próximos días una demanda contra Montero por intromisión ilegítima en el derecho al honor ante el Tribunal Supremo. El empresario, imputado por fraude fiscal, reclamaba a la vicepresidenta 40.000 euros de indemnización y una rectificación pública, algo que ha rechazado este miércoles la ministra con su ausencia.
La demanda que dio inicio a este proceso judicial vino propiciada por las palabras que pronunció la responsable de Hacienda en la sesión de control en el Senado el pasado 12 de marzo, donde dijo que la presidenta madrileña podría "estar viviendo en un piso que se pagó con fraude", después de que se dieran a conocer diversas informaciones en medios que avanzaban la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra el empresario por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros. La defensa de González Amador interpuso, entonces, una batería de demandas contra la dirigente socialista por intromisión al honor y por revelación de secretos.
En paralelo, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid interpuso otra querella contra la Fiscalía por la nota difundida por el equipo de comunicación en la que desvelaba el pacto alcanzado con la Abogacía del Estado, que actuaba en representación de Hacienda. De esta forma, salieron a la luz los mensajes en los que el empresario reconocía la autoría de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades.
La denuncia de González Amador terminó salpicando al Fiscal General del Estado quien asumió la responsabilidad de la nota difundida por el Ministerio Público. Por el momento, la número dos de la institución, María Ángeles Sanchez-Conde, ha pedido al Tribunal Supremo que no abra causa contra García Ortiz por revelación de secretos.
En su informe, la teniente fiscal pide que se inadmita la exposición razonada y que se desestime las denuncias y querellas interpuestas por Fundación Foro Libertad y Alternativa y por Manos Limpias. El Ministerio Fiscal defiende que la actuación de ningún modo pudo ser delictiva porque informó de unas comunicaciones que horas antes habían circulado ya por prensa. Sin embargo, la pareja de Ayuso sostiene que circularon en prensa porque las filtró la propia institución, de ahí que insistan en que hay indicios para investigar una revelación de secretos.
