El magistrado Ismael Moreno ha dado luz verde a la Policía Judicial para que analice los cerca de 170 indicios incautados en los registros que propiciaron el estallido de la operación Titella. Casi dos meses después del macrooperativo que se saldó con la detención de cerca de medio centenar de personas por integrar presuntamente una organización criminal, el instructor del caso autoriza el acceso y el volcado de todos los teléfonos, discos duros y ordenadores requisados para acotar las pruebas existentes contra la red.
En un auto de este 16 de septiembre, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 explica que la medida es acorde a la gravedad de los delitos que se atribuyen a los imputados en esta trama de estafa bancaria, en la que está implicado el humorista José Luis Moreno. Así pues explica que el acceso a la información que pudiera haber en los terminales y demás dispositivos incautados es "útil y necesario" para avanzar en una investigación que arrancó en los juzgados de Plaza Castilla tras la denuncia de uno de los bancos afectados por la trama.
Entre el listado de evidencias que la Policía Judicial se incautó en los registros, se incluyen cerca de un centenar de dispositivos móviles de todos los acusados y 20 discos duros, además de numerosos ordenadores, tarjetas de memoria y pendrives. En el caso de Moreno —a quien los investigadores le atribuyen el rol de "tarjeta de visita" de los bancos para que la trama tuviera más fácil el acceso a créditos—, los agentes precisan que recogieron dos teléfonos móviles, un portátil y una tablet (todos de marca Apple) además de un disco duro.
En el caso de Antonio Luis Aguilera, considerado como uno de los cabecillas de la parte de la red dedicada a la estafa bancaria, los agentes le requisaron hasta 9 teléfonos móviles y 4 discos duros, mientras que José Luis Messeguer (encargado de captar financiación bancaria para el entramado) 3 teléfonos móviles, tres tarjetas de memoria, seis pendrives, además de un ordenador y un disco duro.
Acceso a sus redes sociales
Ahora, y tras adherir informe favorable de la Fiscalía, el juez autoriza a la Guardia Civil a que efectúe el desbloqueo, volcado y clonado de todo el material de los miembros de esta red que habría estafado, según los cálculos de los investigadores, más de 50 millones de euros. El magistrado recoge numerosa doctrina para justificar la medida e incluso ordena que accedan a las cuentas de correo electrónico o de almacenamiento que contengan en los móviles y también de sus redes sociales.
Moreno argumenta que las medidas se deben a la magnitud de la trama y a los graves delitos que se le imputan (organización criminal, blanqueo de capitales y estafa, entre otros), aunque deja claro que se garantizará su derecho a la intimidad. Las escuchas practicadas durante la investigación a los imputados pusieron de manifiesto, según los investigadores, los planes de una red que se financió a través de cheques, pagarés, préstamos y hasta créditos ICO y que nunca los devolvió a las entidades bancarias.
Moreno recuerda en su reciente auto que las pesquisas han determinado que se apoyaron en empresas que pusieron a nombre de testaferros y que carecían de actividad real y que se ayudaron, además, de algunos directivos de las entidades a las que recurrieron. Los agentes acreditaron que recibieron dádivas, dinero y regalos llegando incluso uno de ellos a canalizar un pago de 1 millón de euros en el fondo de pensiones de su madre.
La otra ramificación del entramado —que tenía a Aguilera como nexo común— se dedicaba al presunto blanqueo de las cantidades obtenidas y a mover el dinero obtenido con esta actividad ilícita. De hecho, la detención de una de las mulas de la red en Zaragoza mientras transportaba más de un millón de euros en efectivo, impulsó la investigación. Las pesquisas practicadas hasta el momento hacía sospechar a los agentes que los detenidos tenían "elevadas cantidades de dinero en efectivo" en sus domicilios y despachos profesionales.
Nulidad de la causa
No fue el caso de José Luis Moreno. A juzgar por lo dispuesto en la cuenta de consignaciones de la Audiencia Nacional la Policía Judicial le intervino doscientos dólares, un resguardo de ingreso por importe de 1.400 dirhams y 4.220 euros en metálico. Con todo, también se hicieron con abundante documental relativa a todas las sociedades que fue abriendo tanto a su nombre (como al de terceros) para ocultar el verdadero destino de los fondos en caso de una inspección con Hacienda.
Una de esas mercantiles fue la que comparte con el magnate argentino Guillermo Roemmers y que ambos crearon en 2018 para impulsar un proyecto cinematográfico sobre la vida de Francisco de Asís. El empresario se ha personado como perjudicado del ventrílocuo al apuntar que ha invertido 35 millones de euros en una serie de la que no ha visto ni un minuto de grabación. Para asegurar el término de este proyecto ha pedido al juzgado que embargue las participaciones que están a nombre de una de las sociedades de Moreno, si bien éste ha respondido alegando que no ha estafado a nadie y que la grabación de la serie es una realidad.
En paralelo, los imputados siguen a la espera de que el magistrado se pronuncie a la petición de la defensa de Moreno de anular el procedimiento por un defecto de forma. Tal y como avanzó este diario, su abogado denunció ante la Audiencia Nacional que la investigación inicial que arrancó en el Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid sería nula porque la causa se prorrogó fuera de plazo. Se trata de una petición a la que se han adherido otros investigados, si bien la Fiscalía no ve peligrar la macrocausa e informará en contra de la petición de nulidad del productor, según informa Europa Press.
